Fotos: Juan Trujillo
La Paz, Bolivia. La insurgencia indígena de los aymara de El Alto se está topando con las negociaciones entre el gobierno de facto de la presidenta Jeanine Áñez y algunas organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana, la Central Única de Trabajadores, La Confederación de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa y el partido político Movimiento al Socialismo (MAS) que ahora, forman parte del oficial “Pacto de Unidad”. Intentan ahora, postergar las nuevas elecciones hasta el próximo mes de abril. Los bloqueos que se mantuvieron por al menos dos semanas y comenzaron a diluirse desde el sábado al tiempo que toda la maquinaria política se afanó en “pacificar el país” después de lo que consideran en la clase política y en la prensa nacional algunos intelectuales como una “revolución democrática”.
Sin embargo, algunos colectivos independientes de jóvenes de El Alto reunidos ayer acusan no sólo al gobierno, sino también al MAS de “Negociar con nuestros muertos” por lo que denuncian “la represión del bloque social y golpista” y convocaron a próximas actividades. Y es que después de los cuestionados resultados de la elección presidencial del 20 de octubre de Evo Morales (47.08% de los votos), se generaron movilizaciones civiles que duraron 21 días en las que se expresó la desconfianza en un sistema político que brindó salidas violentas a la crisis. No obstante, una vez que Carlos Mesa (36.51%) candidato desfavorecido y Luis Fernando Camacho, el beligerante jefe político-religioso de los comités cívicos de Santa Cruz radicalizaron el descontento social, el proceso posterior tiene ahora a la sociedad boliviana fragmentada, dividida y con un cierto grado de sentimiento colectivo de miedo. Las “ordas” de indios que bajarían a invadir la ciudad mestiza como se calificó en algunos sectores sociales vuelve a construir al otro en diferente, en enemigo casi al extremo de demonizarlo y deshumanizarlo. El pasado sábado 23, en Cochabamba, y en pleno inicio del “dialogo pacificador” la gente de uno de los barrios expulsó a una tanqueta del Ejército y varios soldados fueron agredidos. Ocho fueron retenidos.
La única forma como un gobierno de facto logró instalarse durante estos días fue a través de la violencia, la barbarie y el miedo en comunidades, pueblos, barrios indígenas y campesinos. En Senkata la chispa del encono se prendió. Ahí, el Ejército atacó a mansalva desde tierra y aire a algunos pobladores que habían tirado un muro en las Planta de distribución de hidrocarburos. La represión fue principalmente contra jóvenes y por lo tanto a sus madres y esposas que hoy le lloran a la vida. Históricamente, las masacres no son nuevas para la gente de El Alto y La Paz, pues llevan cinco siglos tratando se sobrevivir los unos de los otros. Las memorias sobre las viejas insurrecciones aymaras del siglo XVIII siguen vivas en la conciencia colectiva de los que viven arriba y los de abajo.
Y aunque las bases de las organizaciones indígenas de El Alto y El Chapare están en “tregua” para reorganizarse, el futuro no sólo del país, sino también de la actual situación de los deudos de los masacrados está en juego. Hay una tensa calma que sólo espera el desenlace de las próximas semanas. Mientras, en radio y televisión se profundiza la “normalidad”, los programas religiosos evangélicos producidos en Santa Cruz se difunden en al menos tres estaciones con música andina o reguetón. El gobierno no cesa en descalificar al MAS, mantiene un cerco mediático y persigue a los ex funcionarios acusándolos de sedición y terrorismo. Se trata de la vieja estrategia perversa de difundir la lógica de amigo-enemigo en las relaciones sociales y que intenta incubarse en la conciencia colectiva de la gente de al menos esta ciudad capital donde la clase media y alta son ya privilegiadas después del actual estupendo crecimiento económico de 3.3%. Y es que por ejemplo, algunos estudiantes y profesores de la Universidad Mayor de San Andrés dialogan y discuten en sus aulas en torno a la “polarización” del país.
Además de las organizaciones que pactan con el gobierno, la sociedad paceña y alteña intentan recobrar su “normalidad” después de casi dos meses de convulsión desde la acusación de fraude a Evo Morales, las movilizaciones y actos violentos de grupos infiltrados que premeditadamente causaron destrozos, quemas y violencia en algunos puntos del país. Y es que existen agravios a la sociedad por parte de un sistema político vertical, patriarcal y cuya maquinaria clientelar del MAS que, como indica la intelectual Silvia Rivera (Desinformémonos, 24/11/2019), provocó acciones de “fraude prebendado” y “coactivo”. Esas lógicas de obtención del voto fueron a cambio de regalos y promesas. Ahí es donde la relación de obediencia de la población con el gobierno se fracturó. La gente que también sospecha estos y viejos abusos (como las del Fondo Indígena) en los espacios mestizos de clase media, prefieren no movilizarse y simplemente aceptar el avance del gobierno de facto como una consecuencia al proceso de desgaste y corrupción del gobierno anterior. Esta sociedad se siente manipulada y se resiste a obedecer a algún mando político vertical.
Sólo faltaban las confrontaciones violentas entre partidarios de un lado y otro para configurar ese caldo de cultivo que desembocó, desde el 2 de noviembre, en la irrupción del fanatismo religioso evangélico en Santa Cruz y otras regiones. Un fenómeno social que con la interpretación racista e impositiva de los textos evangélicos se convirtió en un movimiento fundamentalista que desembocó en posturas y actos violentos contra los indígenas en varios puntos del país. La culminación de esa trama fue el 10 de noviembre con la presión del Ejército para la renuncia de Evo Morales a la presidencia y el Golpe de Estado. En la intervención social y política de la operación para provocar zozobra en la sociedad también aparece el nombre del viejo político Jorge Tuto Quiroga.
La clave para entender cómo gobierna Jeanine Áñez y su grupo político radica en el decreto 4078 que suprimió la responsabilidad penal a la policía y el Ejercito de sus tareas de “pacificación”, carta blanca a sus abusos. Con esto, en los diálogos se otorgará además a la Policía el pago del dinero que ofreció el derechista Camacho, cuando la tropa se amotinó el 8 de noviembre en ciudades, previo al Golpe militar: aumento salarial y jubilación equiparable al de las fuerzas armadas. Y mientras se anunciaba el lunes las próximas elecciones, se articula también la persecución contra el ex ministro de la presidencia Juan Manuel Quintana, el gobierno de Chuquisaca o el ex ministro de Turismo, la necesitada ley de garantías políticas para miembros del gobierno de Evo Morales es congelada. Se trata de una fuerte pugna por el poder del Estado por estos dos grupos de la clase política. Con sus líderes, funcionarios, políticos y aliados internacionales, ambos grupos lastimaron desde hace ya tiempo la relación política con la población. Eso provoca hoy en la “tregua” entre gobierno de facto y seguidores de Morales la desmovilización, despolitización, frustración y un notable estrés postraumático en sectores estudiantiles y de la clase media. No así las organizaciones en el Chapare y Cochabamba que están en activa deliberación.
Aunque los muertos de Senkata intentan ser ocultados por la prensa nacional y la clase política, los jóvenes y otros miembros de la sociedad civil sin partido comienzan a organizarse para dignificar a los caídos, a sus familias y exigir justicia. Con la difícil situación social a cuesta, se han propuesto generar espacios nuevos de dialogo, deliberación y denuncia para hacer frente a un complejo entramado de control y manipulación política. El futuro de Bolivia y su pueblo están nuevamente en juego en este histórico momento.
*Antropólogo y periodista
