Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. Si las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicaran la Constitución mexicana y la legislación acerca de la libertad de expresión y el derecho a la información, no habría necesidad de crear normas de protección a periodistas o defensores, pues dentro de sus estipulaciones ya se encuentran las herramientas necesarias para que los casos de agresión no caigan en la impunidad, indicó la Red Libre Periodismo durante el foro de la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

La organización con actividad en Chihuahua rechazó la postura gubernamental de creación de más leyes como forma de salida a la crisis que azota al periodismo y la libertad de expresión, las cuales sólo afectaron y vulneraron a los periodistas críticos en México.

“Entendiendo el análisis ya comenzado y el camino recorrido, planteamos que de darse una nueva ley no se tome en cuenta la iniciativa ya redactada, sino trabajar desde cero y que en ella se especifique una coordinación clara de la autoridad estatal con el mecanismo federal y los organismos internacionales, así como la participación plena del gremio periodístico”, señaló en el foro.

Los integrantes de la Red recordaron que Chihuahua es el segundo estado del país en tener una alerta temprana de protección a periodistas, después de Veracruz, y que las autoridades no actúan para esclarecer los asesinatos y ataques contra los comunicadores.

En este contexto, recordaron el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en la entidad y colaboradora del medio Norte de Juárez, “a quien arrebataron la vida por ejercer el periodismo y hasta hoy, las autoridades estatales y federales no han sido capaces de dar con el paradero de los asesinos materiales ni intelectuales”.

De la misma forma, exigieron justicia por el caso del reportero Adrián Rodríguez Samaniego, cuyo crimen sucedió en diciembre del 2016 y también se mantiene en total impunidad junto con otros 22 casos ocurridos desde el año 2000.

Por otra parte, señalaron que no se deben olvidar a los periodistas que se vieron obligados a huir y pedir asilo en otros países por las amenazas que recibieron en México, principalmente por sus publicaciones sobre el narcotráfico y la corrupción.

Ante el panorama, solicitaron que la Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos considere a todos los periodistas en riesgo por el hecho de vivir en el estado de Chihuahua y que cada entidad, en este caso Chihuahua, aporte presupuesto para el funcionamiento, prevención y reacción del Mecanismo Federal de protección para atender situaciones de emergencia, así como que se definan criterios específicos para dar facultades y obligaciones al gobierno estatal en su operación.