Foto: Centro Prodh

Ciudad de México | Desinformémonos. El caso de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, que llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permanece en la impunidad 15 años después de la represión ejercida el 3 y 4 de mayo de 2006 por la policía estatal y federal. El Estado mexicano no ha cumplido con las medidas de reparación y no repetición dictaminadas por la Corte, señaló Sofía De Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Prodh) y acompañante de las víctimas.

El tribunal internacional estableció en 2018 una serie de obligaciones para el Estado, las cuales no han sido acatadas, explicó la abogada, y aseguró que el actual gobierno debe dar solución a las medidas, aún si las violaciones de derechos no se cometieron durante este sexenio.

De Robina expuso que la sentencia de la Corte sienta un precedente sobre la necesidad de controles para el uso de la fuerza que garanticen el derecho a la protesta. Durante el 3 y 4 de mayo de 2006, se llevó a cabo en Atenco un operativo con un despliegue de más de 2 mil 500 elementos policiacos, que cometieron una serie de violaciones a derechos como detenciones arbitrarias, allanamiento de domicilio, abuso de la fuerza, y al menos 50 casos de tortura sexual, además de la muerte de dos jóvenes.

La Corte dictaminó una serie de medidas que el Estado mexicano está obligado a acatar, entre ellas la obligación de dar atención médica y psicológica a las mujeres, indemnizarlas, publicar la sentencia, así como la creación de un mecanismo contra la tortura sexual a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Otras medidas son la creación de un observatorio independiente para uso de la fuerza y la investigación de los hechos ocurridos los 3 y 4 de mayo. “¿Quién dió las órdenes?, ¿quién diseñó el operativo? ¿cuál fue la cadena de mando?”, se pregunta la abogada y enfatiza que de las medidas ordenadas, únicamente dos se han cumplido.

La exigencia de las 11 mujeres es que el Estado mexicano acate la sentencia de la Corte y se investigue el “uso de la tortura sexual como forma de represión”. La abogada condenó que a dos años de la publicación del veredicto, existe una “falta de organización institucional para dar respuestas”.

La sentencia de la Corte “da la razón a las mujeres”, quienes desde el inicio denunciaron los hechos de violencia, pero fueron revictimizadas. Aún así, “rompieron el silencio” contra la tortura sexual y hasta la fecha siguen exigiendo justicia y no repetición, considera De Robina.

La abogada indicó que la organización ha documentado el uso de tortura durante las recientes protestas feministas alrededor del país, por lo que es importante darle un valor fundamental al testimonio de las mujeres para acreditar la tortura.