Guatemala, 20 de mayo. «La gente ya no viene como hace un mes porque hay temor como en los tiempos de la guerra», se lamentó Juan Gaspar, comerciante del noroccidental municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas, escenario de una lucha feroz entre opositores a un proyecto hidroeléctrico y fuerzas de seguridad.

El conflicto en esa comunidad estalló el primero de mayo cuando agentes de seguridad privada, policías y militares reprimieron una protesta de vecinos que se oponen a la construcción del complejo hidroeléctrico Canbalam I, que generará cinco megavatios, propiedad de la firma española Hidralia. La disputa costó la vida a un campesino, y otros dos resultaron heridos.

Como respuesta, el presidente derechista Otto Pérez Molina, declaró el estado de sitio en ese municipio y envió tropas del ejército y policías con el mandato, según declaró, de «capturar a los responsables». Finalmente, el viernes 18 levantó la medida.

Hasta ahora han sido detenidos 17 líderes comunitarios, mientras centenares de pobladores salieron a las calles el martes 15 para pedir su libertad y el levantamiento del estado de sitio.

Gaspar señaló a Ips que los inversionistas, antes de iniciar un proyecto en sus territorios, deberían dialogar y considerar las opiniones de las poblaciones del lugar para evitar hechos lamentables. «Así tiene que ser», dijo.

«Yo no estoy de acuerdo», respondió Gaspar con expresión lacónica cuando se le preguntó si estaba a favor del funcionamiento de la hidroeléctrica Canbalam I. Aunque seguidamente matizó: «Nosotros no tenemos nada que ver con esas cosas, me da lo mismo».

Quizás suavizó su postura por temor, debido a que el municipio está sitiado por policías y militares, como durante la guerra civil.

Lo sucedido en Santa Cruz Barillas reflejó una realidad que en este país es causa de innumerables conflictos sociales, principalmente en el área rural: la explotación de los recursos naturales.

La extracción de minerales y petróleo y la explotación de energías renovables a través de represas hidroeléctricas son fuentes de cruentos enfrentamientos entre comunitarios y fuerzas de seguridad. Pero, ¿por qué estos proyectos industriales suelen encontrar tal oposición en las comunidades?

«No hay una decisión de escuchar las demandas y necesidades de los grupos sociales que habitan en los lugares donde se están dando esas actividades económicas», dijo a IPS el director del Instituto de Estudios Interétnicos de la estatal Universidad de San Carlos, Eduardo Sacayón.

Por el contrario, hay una tendencia «del gobierno de usar la fuerza para demostrar a los grupos económicos su disposición de apoyarlos sin importarles la opinión de la mayoría de la población del país que está afectada por esta actividad», agregó.

De hecho, el gobierno anunció oficialmente en abril la creación de un brigada militar con 500 efectivos en el municipio de San Juan Sacatepéquez, cercano a la capital guatemalteca, «para el combate contra el narcotráfico y reforzar la seguridad ciudadana».

En coincidencia, el cuartel militar funcionará en una zona con un profundo conflicto social derivado de la férrea oposición comunitaria a la instalación de una cementera.

Esta clase de conflictos se prolongan por los cuatro puntos cardinales del país.

Según Zacayón, «el problema es la falta de interés por estudiar las necesidades que marcan las comunidades indígenas, particularmente, en relación al tema de la explotación de los recursos naturales».

«Hay una lógica económica que empata muy bien con el interés empresarial pero que choca con la lógica de los pueblos indígenas, particularmente, sobre la concepción que tienen de su relación con su naturaleza que no es la misma que tiene una empresa dedicada a explotar los recursos naturales», explicó el académico.

Mientras, la explotación de recursos naturales florece en todo el país. La minería de metales, por ejemplo, pasó de generar unos nueve millones de dólares en 2004 a 522 millones en 2010, según el Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo, las comunidades, sumidas en la pobreza, se quejan de que no ven beneficios, sino solo para los las grandes compañías explotadoras de recursos, sin contar el deterioro ambiental que padecen sus territorios.

Domingo Hernández, de la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, dijo a IPS que «las firmas trasnacionales no sirven para desarrollar un país sino para saquear los recursos del Estado, mientras las poblaciones indígenas continúan en la pobreza».

Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina: 54 por ciento de sus 14 millones de habitantes, en su mayoría indígenas, viven en condiciones de pobreza, y 13 por ciento en la indigencia, según la estatal Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2011.

«Hay más represión que diálogo, y si hay diálogo es que se quiere imponer la voluntad del otro. Necesitamos construir nuevas relaciones entre pueblo y Estado, marcadas hasta ahora por su divorcio de la sociedad», explicó Hernández.

Los ambientalistas también han aportado su grano de arena al debate.

Yuri Melini, del no gubernamental Centro de Acción Legal Ambiental, indicó a IPS que están a favor de la creación de las hidroeléctricas como una forma de invertir la matriz energética nacional, hoy dominada por los combustibles fósiles causantes de la contaminación.

«Pero las poblaciones deben ser beneficiadas a través de modelos público-privados donde participen como accionistas mediante cooperativas», precisó.

Sin embargo, para el caso de la minería química de metales fue tajante. «Debería prohibirse en el país» debido a la conflictividad social y la contaminación ambiental que produce, apuntó el experto.

En todo caso, Melini condenó la violencia «venga de donde venga» y abogó por un diálogo «libre de radicalismos ideológicos».