La violencia que afecta a diario al pueblo mapuche de Chile ha rebasado todos los límites y viene afectando incluso a niños y niñas de este grupo étnico. Hace una semana, la escuela G816, en la comunidad de Temucuicui de Ercilla, región de la Araucanía, fue atacada mientras que los padres de familia, cerca de 50 niños y tres maestras se estaban preparando para una reunión, en la que prepararían la solicitud de una nueva escuela para la región. El ataque fue perpetrado por las fuerzas policiales.

En la escuela, todos se preparaban para la reunión con el alcalde de la comunidad, José Vilugrón y el director de Educación Municipal (DEM), Patricio Gallardo, cuando fueron negativamente sorprendidos. Al menos 25 vehículos pasaron frente de la escuela y comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. También dispararon balas de gomas y lanzaron gases tóxicos, desde un tanque blindado. Helicópteros también sobrevolaban la comunidad, monitoreando sus movimientos. Niñas y niños fueron abrigados por los/las docente en una habitación mejor protegida.

En una entrevista con el Observatorio Ciudadano, Susana Venegas Curinao, dirigente del Centro de Padres y Apoderados, dijo que aún durante el ataque trató de salir de la escuela para pedir explicaciones, pero la intensidad de los gases no se lo permitió. Susana negó además la información que la policía haya sufrido una emboscada y represalias, como se informó en los medios de comunicación.

La dirigente también denunció que en la vecina comunidad de Collico, se dieron eventos similares. Una mujer fue aplastada por un blindado de las fuerzas de seguridad y al menos tres personas fueron detenidas y trasladadas en helicóptero.

Las acciones violentas de la policía chilena contra niñas/os mapuches no son acontecimientos recientes. Un año atrás, el 30 de abril de 2013, 200 agentes de la policía de investigación (PDI) de Chile, efectuaron una invasión a las casas en las zonas de Mawidache y Trapilwe, de la comunidad de Freire, afectando directamente a varios niños.

«Hemos constatado daños graves en los menores de edad. Ellos fueron humillados, sacados de sus camas y lanzados al suelo, esposados, apuntados con armas de fuego e interrogados. Sus padres fueron amenazados, maltratados en su presencia. Se llevaron sus pertenencias, tales como teléfonos celulares, computadoras y otros objetos personales. Hoy en día, sufren graves secuelas, pero, sobre todo, inseguridad y el temor de ser violentados en su propia casa en cualquier momento», describieron en un documento de época un grupo de religiosas y religiosos.

Después de ese acontecimiento, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso instruyendo a la PDI para que futuras investigaciones que afectan a los menores indígenas se lleven a cabo con estricto respeto al artículo 214 del Código Procesal Penal. De hecho, desde el año 2010, varias resoluciones del Poder Judicial instruyen a la policía para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño y a que respeten los derechos humanos, al llevar a cabo acciones que puedan poner en peligro la vida e integridad de los niños.

Reforzando esta petición, la Fundación Anide llama a las fuerzas policiales a respetar las disposiciones constitucionales y los principios internacionales de respeto a los derechos de los niños y adolescentes en Chile. También convoca al Estado y exhorta al gobierno y todas las autoridades a cumplir con los derechos de la niñez mapuche de manera ejemplar.