Las respuestas están al alcance de la mano. Y es que con indagar superficialmente en lo relativo al seguimiento ministerial y judicial de los acontecimientos del 68, nos encontramos no solamente con omisiones relativas a la investigación de los hechos, sino con pactos políticos, abstenciones de difundir los informes formulados, y una evasión de los ocho titulares del Ejecutivo federal postreros en rendir una indispensable disculpa pública.

Ahora bien, no puede soslayarse, que a lo largo del siglo XX, las desapariciones forzadas y las ejecuciones arbitrarias en el continente americano fueron una constante. Bajo el tenor de la Guerra Fría, de las luchas ideológicas, las prácticas gubernamentales de carácter extraoficial tendientes a garantizar un modelo de Estado por todos los medios lícitos y no lícitos, tuvieron por resultado, el deterioro del tejido social.

La violencia perpetrada en contra de grupos disidentes en México ha ocasionado la pérdida de legitimidad y credibilidad en el marco institucional policiaco y militar. Es aquí donde entra el concepto del derecho a la verdad como medio de reparación.

La rendición de disculpas públicas, de conservación de archivos históricos, la abstención de generar amnistías formales o de facto, la difusión de los resultados de las investigaciones, la conformación de comisiones especializadas en el esclarecimiento de los hechos, son todas ellas, de conformidad con los órganos jurisdiccionales de derechos humanos en sede internacional, medidas que garantizan la no repetición de acontecimientos inadmisibles como los que protagonizó México hace medio siglo.

Por otra parte, tampoco debe sorprender a las fuerzas predominantes en el entorno democrático, la falta de una convivencia tendiente a alcanzar acuerdos. Es un secreto a voces, que después de la alternancia política con que se inauguró este nuevo siglo para nuestra nación, existieron acuerdos de carácter extraoficial que tuvieron por resultado la impunidad de los perpetradores de muertes y desapariciones forzadas en lo que se conoció como la Guerra Sucia.

Las faltas del Estado mexicano con los familiares de las víctimas de desapariciones y ejecuciones arbitrarias no se encuentran prescritas. Sobra señalar que el desconocimiento de una verdad que resulte de una adecuada y seria investigación, así como el desconocimiento de la vida o muerte, y la incapacidad de enterrar a sus seres queridos conforme a sus tradiciones, son todas ellas trasgresiones de carácter cruel e inhumano, asimilables a la tortura que siguen ocasionando perjuicio a los familiares.

Es por ello que la deuda moral y legal del Estado Mexicano sigue vigente, y es una responsabilidad de la sociedad civil, desde sus múltiples instancias, exigir que se colmen las obligaciones de nuestro gobierno con relación al derecho a la verdad.