Rubén Figueroa es activista del Movimiento Migrante Mesoamericano y fue uno de los invitados del Primer Congreso de Comunalidades que se realizó en la ciudad de Puebla, donde decenas de ponentes vinieron a explicar sus investigaciones en torno a la construcción y trabajo de las comunidades en América Latina. Con 33 años, ha venido hablar estos días de la violencia que sacude a los migrantes y de las políticas migratorias del estado mexicano que ha provocado una tragedia humanitaria en México, sobretodo para los centroamericanos, quienes son la mayoría que cruzan el país para llegar a Estados Unidos.

“El Plan Frontera Sur obliga a los migrantes a bajarse del tren, donde fueron obligados a transportarte, y los somete a ser invisibles y que el tránsito sea más doloroso”. Rubén explica que a raíz de la implementación de este plan migratorio firmado en 2014 entre el ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, los migrantes que recorren el camino son presas fáciles de los traficantes de personas y de las cacerías de las autoridades, que sino los “rescatan”, a modo de deportación, los amenazan y extorsionan.

A su edad, Rubén conoce bien los caminos, veredas y montes por donde pasan miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, cada año por México. Los recorre con ellos, oye sus historias y documenta la violencia que diariamente padecen en forma de heridas en los pies, asaltos, desapariciones y asesinatos. Y es que este tabasqueño con mirada profunda y reposada, conoce las inclemencias “del camino”, ya que él mismo lo siguió cuando era joven, llevándole a vivir y trabajar cinco años en Carolina del Norte.

Figueroa ve en este Plan un desastre humanitario sin precedentes donde el objetivo “es cazarlos, detenerlos y deportarlos, ya sea en un transporte público, un motel o en La Bestia – tren que cruza el país y que usan los migrantes para transportarse-, para no dejarlos llegar a la frontera norte”. Una nefasta política migratoria capitaneada por el gobierno de Estados Unidos, con el interés y ejecución de México y con el beneplácito de las administraciones centroamericanas, que se escudan en una reducción de la migración en sus países, aunque la violencia provoque cada días más desplazados, ya sea generada por la guerra de las drogas, las empresas transnacionales o por el intervencionismo de las barras y estrellas que depone a presidentes a su interés.

Y las cifras de la efectividad de la expulsión no engañan. México ya ha superado en número de deportaciones a Estados Unidos, explica. Si EU deportó a 110 mil migrantes en lo que va del año, México contribuyó con 174 mil. Ahora, la tendencia es que las autoridades mexicanas detienen y expulsan al 52.2 por ciento mientras que del otro lado ya sólo se está quedando en el 29.5 por ciento.

“Hay gente que viene con balas en el cuerpo, gente que le acaban de matar a un familiar hace 2 o 3 días, que lo enterraron y que ya salieron para salvar al resto”.

El activista y defensor de migrantes ve en el país de origen de estos la clave en esta situación. Los gobiernos centroamericanos toleran el sufrimiento de sus connacionales, callan ante sus problemas y se vuelven cómplices de las deportaciones masivas. Explica que la cuestión no es la cantidad de gente que deportan sino cómo lo están haciendo. Parte del financiamiento de este operativo en suelo mexicano de caza y persecución, recibe recursos del Plan Mérida, fondo creado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Para combatir las víctimas del narco más bien, ya que el objetivo no es atenderlos sino devolverlos, donde son presa y víctima de las amenazas que padecían y que les obligaron a irse en primera instancia.

Ahora, Rubén informa que Frontera Sur está en su fase más activa al igual que la violencia que genera estos flujos migratorios. “La migración tiene biológicamente cambios en todo momento, pero ahora, la permanencia de la violencia contra los migrantes viene de este tipo de políticas”. Es una opresión estructural que va desde que alguien les cobre más en un transporte público, a que un policía municipal los extorsione y los amenace con entregarlos al Instituto Nacional de Migración, o del rechazo de algunos sectores de la sociedad que piensan que ayudarlos es un delito.

“La violencia se ejerce en el momento que los empujas a caminar en largas jornadas para luego cazarlos. Es una cotidianidad ver migrantes con sendas llagas en los pies”.

La crisis de los refugiados en Europa debido a las guerras en Oriente Medio y en el norte de África recibieron los focos de la atención mediática mundial. Sin embargo, no es muy diferente el contexto de los migrantes que pasan por México, que viven entre la espada de la violencia en Centroamérica y la pared de esta doctrina migratoria “que los acorralan en el matadero”. Como en El salvador, donde la guerra entre bandas del crimen organizado y gobierno, ha hecho que miles de jóvenes queden atrapados en medio del fuego, declara. En este país de seis millones de personas, se registraron 907 homicidios, tan solo en el pasado agosto.

Y en su mayoría, los que huyen son hombres y mujeres entre los 15 y los 30 años. Los menores son los más vulnerables y afectados ya que para salir de su propio país lo hacen de forma indocumentada. “Se van para evitar ser reclutados y la única forma de hacerlo es de manera clandestina”.

Estos días, a parte de andar dando charlas para que en su propio país se conozca esta realidad, Rubén está organizado la Caravana de Madres de Migrantes Desparecidos en México, que ya va por su onceava edición. En los años que llevan con esta actividad han conseguido que 250 personas que se encontraban en condición de desaparecidos se vuelvan a reunir con sus familiares. Los encuentran. Por ello, viajan miles del kilómetros por la República en autobús durante más de 20 días. “En tema de desaparecidos en América Latina, el primer puesto no lo ocupa ni Chile ni Argentina, sino México, donde las cifras son monstruosas”.

Finalmente, cuando se le pregunta si conoce otra masacre contra migrantes como la que se vivió en 2011 en San Fernando, Tamaulipas, donde hallaron los cuerpos de 72 centroamericanos asesinados, Figueroa responde con claridad: “Sí, hay una. La que está en curso”.