Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos y empresariales, así como la ciudadanía en general, recomendaron al gobierno una serie de medidas para enfrentar la crisis que nació gracias a “años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las altas esferas de poder”, a través de un desplegado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el de Economía, Idelfonso Guajardo, de Función Pública, Arely Gómez, y al procurador General de la República, Raúl Cervantes.
Los firmantes argumentaron que la incertidumbre y el recién descontento social por el gasolinazo marcaron el inicio del 2017, y que las problemáticas sumadas a la corrupción y el abuso encaminan la situación del país a un “punto insostenible”.
En el texto, calificaron de “incongruente” el que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, “cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados”.
Foto: Cuartoscuro
Agregaron que, por si fuera poco, la liberación de los precios de la gasolina no se acompañó con un plan de austeridad en la burocracia o un programa de contención ante las acciones que anunció el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Frente a esto, declararon que “la inacción del gobierno federal resulta abrumadora”.
Por lo anterior, las organizaciones y los ciudadanos pidieron al secretario de Hacienda que implemente una “severa” política de contención a los privilegios económicos que goza la administración pública federal, así como una convocatoria pública del ejecutivo federal para que se sumen a la medida los poderes legislativo y judicial, los órganos autónomos y los estados y municipios.
Además, exigieron se amplíe el acceso a la información sobre el gasto público, especialmente al que se realiza a través de concesiones, contratación de deuda, permisos y adquisición de bienes, servicios y obra pública.
Frente a los vales de gasolina por miles -y hasta millones- de pesos para los funcionarios, los firmantes pidieron reasignar esas prestaciones hacia actividades “prioritarias” como la seguridad pública, los servicios públicos y el traslado médico.
En tanto, al secretario de Economía le pidieron proponer un plan de contención ante la posibilidad de que más inversiones del país se retiren, o bien que ya no se invierta en México.
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A la función Pública le exigieron “asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías independientemente del nivel o rango, y revisar a profundidad las políticas para evitar todo tipo de conflicto de interese”.
Por último, a la PGR le pidieron que solicite a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses “información puntual” para sancionar inmediatamente a los funcionarios y servidores particulares que participaron en las operaciones en las que Odebrecht y subsidiarias reconocieron haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para obtener contratos de obra pública en México, presuntamente relacionadas con Pemex.
Además, solicitaron que se investigue y sancione a los dueños de gasolineras y franquicias que despachan combustible robado, así como que se asuma la responsabilidad en las investigaciones sobre el robo de gasolina por medio de 3 mil 500 tomas clandestinas.
