“Estado de urgencia, estado policiaco, no nos impedirán manifestarnos”, tal fue el eslogan que continuamente corearon los participantes de una manifestación el 22 de noviembre pasado en la ciudad de París. Originalmente la marcha había sido pensada como una acción de solidaridad con los migrantes, los refugiados políticos o los sin papeles. Independientemente del sustantivo utilizado, el llamado era solidarizarse con aquellos que huyen de sus países por las guerras y las crisis y terminan topándose con una Europa blindada que no busca sino cerrar sus fronteras. La solidaridad también se dirigía hacia aquellos que, aunque ya están en Europa, viven en condiciones deplorables, en campamentos de fortuna o simplemente en la calle; hacia aquellos que desde hace meses –incluso años– son estigmatizados y hostigados por una parte de la sociedad civil y por las autoridades y fuerzas de seguridad francesas.

Pero entonces llegó el 13 de noviembre y todo cambió. Los atentados que se vivieron en la ciudad de París sacudieron el espíritu de todos. El repudio ante los ataques terroristas fue unánime, pero las explicaciones y las reacciones fueron variopintas. Esa noche, ante el caos que se vivía en algunos sectores de la ciudad y el cierre de los transportes públicos, comenzaron a circular por las redes sociales miles de mensajes con el hashtag #PortesOuvertes (#PuertasAbiertas); centenas de personas abrieron las puertas de sus casas para ofrecer un lugar seguro a aquellos que no tenían manera de volver a las suyas. Las #PuertasAbiertas podrían haberse convertido en algo mayor, podrían haberse extendido más allá de los barrios parisinos. Las #PuertasAbiertas podrían haber sido las de Europa, pues la noche del 13 de noviembre hizo que muchos vivieran de cerca el terror que día a día viven miles de personas a las que no les queda otra opción sino migrar.
Lamentablemente, la mayoría de las reacciones fueron en el sentido contrario. El hecho de que dos de los terroristas hayan entrado a territorio europeo haciéndose pasar por refugiados acrecentó el rechazo ya existente hacia la acogida de migrantes y las políticas de control y de cierre de fronteras de los Estados europeos. El gobierno francés, por su parte, además de intensificar su combate militar en Siria, optó por un reforzamiento desorbitado de las medidas de seguridad en el interior del país. Al calor de los atentados, el consejo de ministros francés decretó el 14 de noviembre el “estado de urgencia”. Tras un debate parlamentario acelerado, se promulgó una ley que lo prolongó por tres meses más, hasta fines de febrero de 2016.

El “estado de urgencia” es un estado de excepción que refuerza los poderes de las autoridades administrativas y restringe las libertades públicas. En términos concretos se traduce en una serie de medidas que tienen que ver con los arrestos domiciliarios, los cateos, la circulación de personas y la disolución de asociaciones, entre otras cosas. El “estado de urgencia” otorga a las autoridades administrativas (el Ministerio del Interior y las prefecturas de policía, por ejemplo) atribuciones que en tiempos normales tendrían las autoridades judiciales.

El combate militar fuera del territorio francés y la instauración del “estado de urgencia” en el interior del país, como medidas para prevenir los ataques terroristas son muy discutibles. Las autoridades francesas, como todos los gobiernos europeos, no están dispuestos a reconocer que el origen del problema, y por tanto la solución a largo plazo, es esencialmente político y social. Aferrarse a los remedios militares o relacionados con la seguridad pública es dar patadas de ahogado, patadas que, sin embargo, en este momento le cayeron al gobierno francés como anillo al dedo.

Aprovechando la declaración del “estado de urgencia” y el estado de estupor en que gran parte de la sociedad se encuentra tras los atentados del 13 de noviembre, la prefectura de policía de París prohibió, desde el 23 hasta el 30 de noviembre, todas las manifestaciones en la vía pública en todas las circunscripciones administrativas de la región Ile-de-France. Otras manifestaciones, como la de los migrantes del 22 de noviembre, fueron objeto también de una prohibición por parte de las autoridades administrativas. En el contexto de la amenaza terrorista, las manifestaciones, indican las autoridades, pueden ser un blanco potencial de atentados.

Estas medidas no responden, sin embargo, al interés de velar por la seguridad de la población, que es uno de los primeros argumentos expuestos en el decreto de la prefectura. Si fuera así, ¿por qué otras actividades, susceptibles también de reunir a gran número de personas en un mismo espacio, no han sido prohibidas? ¿Qué pasa con el “mercado de Navidad” de los Campos Elíseos? ¿Todos esos puestos instalados uno detrás de otro a lo largo de la avenida y que atraen a miles de parisinos y de turistas todos los días no son un blanco potencial? ¿Todas las pequeñas y medianas salas de concierto, como el Bataclan, no siguen siendo un blanco potencial? ¿Todas las salas de cine no son un blanco potencial? Algunos argüirán que el peligro no es el mismo en los lugares cerrados, con agentes de seguridad vigilando sus puertas, pero ¿acaso eso detuvo a los autores de los atentados del 13 de noviembre?

No hace falta seguir dando ejemplos para poner al desnudo los intereses reales de la prohibición de las manifestaciones y a estas alturas el lector ya habrá probablemente descubierto el meollo del asunto: evitar todo acto contestatario, en especial en el marco de la COP 21, que reunirá a diversos jefes de Estado con la falsa voluntad (alimentada por los lobbies empresariales) de combatir el calentamiento global. El propio decreto de la prefectura hacía referencia a los “numerosos grupos y grupúsculos que pertenecen al movimiento contestatario radical y violento” que estarán presentes en París durante la conferencia sobre el cambio climático.

La “lucha” contra el terrorismo por parte del Estado francés es en estos momentos un pretexto para acallar las voces disonantes de todo tipo que no se alineen al sistema. El “estado de urgencia” no tiene ahora mismo sino por principal blanco a los militantes contra la COP 21 que, a pesar de la prohibición de manifestarse, siguen en pie de lucha y se darán cita en París en los próximos días.

Los diversos dispositivos que ofrece el “estado de urgencia” comenzaron a ser puestos en práctica desde el lunes pasado para intimidar y disuadir a los diversos colectivos, asociaciones e individuos de salir a la calle durante la COP 21. Tras la manifestación del 22 de noviembre, la primera que desafió la prohibición de la prefectura y que no fue, como originalmente se planeó, sólo una marcha de solidaridad hacia los migrantes, sino que se convirtió también en una protesta contra el “estado de urgencia”, los nombres de 58 participantes, identificados a partir de videos en línea, fueron entregados al Procurador de la República. Diversas personas fueron convocadas en las comisarías de policía y al menos dos fueron detenidas. Si bien ya fueron liberadas con una advertencia de cumplir la ley, se arriesgaban a 6 meses de prisión y alrededor de siete mil euros de multa, por el simple hecho de manifestarse.

Las medidas intimidatorias no han parado desde entonces. El convoy de tractores y bicicletas que salió desde hace ya casi una semana de Notre-Dame-des-Landes (NDDL), en el oeste de Francia, rumbo a París, ha sido bloqueado en diversas ocasiones por la gendarmería y se les ha advertido que tienen prohibido entrar en la región de Ile-de-France, en la que se encuentra París. El lugar en el que convergirían varios convoyes (uno más viene del este de Francia, otro de Forcalquier y otro de Agen), el plateau de Saclay, a unos cuantos kilómetros de París, fue declarado “zona de protección o de seguridad” por parte de las autoridades francesas. Esta medida inédita, que fue posible tomar gracias al “estado de urgencia”, obliga a todas las personas a justificar la necesidad de su presencia o paso por esa zona, o a abandonarla inmediatamente. Por si fuera poco, varios inmuebles okupa de los alrededores de París, en los que hubo asambleas para preparar las manifestaciones contra la COP 21 o en donde simplemente reside gente de la que se sospecha que es simpatizante de la Anticop 21, fueron cateados. Una persona que forma parte del “equipo legal” de los militantes, que se constituyó ante los posibles arrestos y actos arbitrarios por parte de las fuerzas del orden durante las manifestaciones, fue puesta en arresto domiciliario (debe permanecer en su residencia de las 8 de la noche a las 6 de la mañana) y tiene la obligación de presentarse a la comisaría de policía 3 veces por día. Igualmente, el día de hoy las instalaciones de la Universidad París 7 fueron cerradas, pues un grupo de estudiantes había organizado toda una semana de encuentros y conferencias contra la COP 21 que terminaría este 27 de noviembre. Las autoridades del campus decidieron cerrar las instalaciones para evitar una posible ocupación de los espacios.

El Estado francés parece más preocupado en estos momentos por los actos contestatarios que por el combate hacia el terrorismo. El “estado de urgencia” se ha convertido en la puerta perfecta para hacerlo, para desplegar todo el arsenal jurídico que ofrece un estado de excepción.

Una “anécdota”: el asunto no tiene que ver con la Anticop 21, pero es muy revelador. El lunes 23 de noviembre varios policías llegaron a una casa okupa de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. A diferencia de otras ocasiones en las que se ocupan inmuebles, el objetivo no era constatar la ocupación, sino liberar la casa. Con fusiles, pistolas y balas de goma, diversos policías en civil o uniformados cercaron el edificio y comenzaron a gritar:

Policía: ¡Abran la puerta!

Okupa: ¡Podemos hablar a través de ella!

Policía: ¡Abren o la tumbamos!

Okupa: No, pero es nuestro domicilio (artículo 102, 48 horas, bla, bla, bla). Tenemos derecho a un procedimiento…

Policía: No, estamos en estado de urgencia, la ley ya no existe. ¿No viste las noticias mijo?

Como concluyen el relato las propias personas que vivieron el desalojo: “Les toca a ustedes sacar las conclusiones que les parezcan oportunas con relación a esta pequeña historia de una ciudad de provincia. La nuestra, es que Manuel Valls [primer ministro francés] tuvo éxito allí donde nosotros fracasamos: destruyó la ley”.

«Estado de urgencia, estado policiaco, no nos impedirán manifestarnos”