A más de cuatro años del asesinato de los activistas Bety Cariño (mexicana) y Jyri Jaakkola (finlandés) -quienes perdieron la vida el 27 de abril de 2010 en un ataque paramilitar perpetrado contra una caravana de observación de derechos humanos que intentó visitar la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca- ninguno de los 14 presuntos agresores ha enfrentado la acción de la justicia, aun cuando desde 2012 se libraron órdenes de captura en su contra.

Uno de los presuntos responsables fue asesinado, otro fue detenido por delitos ajenos a este caso y 12 más permanecen prófugos, “a pesar de que nosotros le hemos dado a las autoridades la información necesaria para encontrarlos y detenerlos”, denunció Omar Esparza, viudo de la defensora de derechos humanos.

Por ello, este miércoles 7 de mayo, Omar y otros cuatro familiares de Bety Cariño cumplen nueve días en huelga de hambre ante la Procuraduría General de la República (PGR), “y en los próximos días llegarán más compañeros de agrupaciones oaxaqueñas, del Estado de México y de Querétaro, para reforzar la protesta y elevar la presión, porque las autoridades nos piden que levantemos el plantón, sin ninguna garantía de que, ahora sí, los asesinos de Bety y de Jyri Jaakkola serán capturados”.

Omar Esparza aseguró que de los 12 presuntos homicidas prófugos dos ostentan, en la actualidad, cargos públicos. Ellos son Bernabé Santiago Cruz, quien es funcionario de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y Julio César Martínez Morales, empleado del municipio de Juxtlahuaca.

Los otros implicados en el atentado del 27 de abril de 2010 son Ramiro Domínguez García, Antonio Cruz Merino, Mauro Vásquez Ramírez, Cirino Ramírez López (o López Ramírez), Daniel Martínez López, Elías Cruz Merino, Juan Macario Bautista Martínez, Antonio Solano Vásquez y Anastasio Juárez Hernández.

–¿Han obtenido alguna respuesta de la PGR en estos días que llevan en huelga de hambre?

–Sí, nos hemos reunido con Mariana Benítez, representante de la PGR, y con David Garay Maldonado, representante de la Secretaría de Gobernación, quienes sólo nos han pedido que nos quitemos, sólo con la promesa de que ahora sí van a detener a los asesinos. Pero nosotros no queremos promesas, ya hace ocho meses, en una reunión en Gobernación en la que estuvimos presentes no sólo familiares de Bety Cariño, sino también los papás de Jyri y la embajadora de Finlandia, y enfrente de ellos las autoridades se comprometieron a cumplimentar las órdenes de aprehensión. Hace ocho meses se hizo esa promesa y no se ha cumplido, entonces, ahora nosotros no vamos a levantar la protesta sólo porque nos repitan esa promesa. Esas son palabras huecas, nosotros queremos acciones concretas.

Esparza también informó que en lo que va de la huelga de hambre “hemos empezado ya a presentar niveles bajos de glucosa y bajones de peso, de dos, tres, cuatro kilos, pero nosotros seguimos con el ánimo en alto, y con la demanda de justicia. Aunque no confiamos en las instituciones, no confiamos en ellas, agotaremos la vía institucional, porque la otra opción es agarrar armas e ir por los asesinos, pero esa no es nuestra vía: queremos obligar a las instituciones a cumplir realmente con lo que les corresponde, que es hacer justicia, y eso no sólo en el caso de Bety y Jyri, sino para todos los mexicanos, para todos los pueblos indígenas que están siendo agredidos, para todos los defensores de derechos humanos y luchadores sociales que se han levantado para defender su tierra amenazada, que están siendo perseguidos, golpeados, asesinados, desaparecidos o encarcelados en todo el país.”