Ciudad de México | Desinformémonos. Leonel Gutiérrez Solano, hermano del normalista Aldo, quien recibió un disparo la noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, viajó a Alemania para pedir a sus autoridades que no se vendan más armas de manera irregular a México, en el marco del juicio contra la empresa Heckler & Koch que entre 2006 y 2009 vendió más de nueve mil armas de asalto en territorio mexicano.
Acompañado por Sofía de Robina Castro, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, Leonel denunció que a cuatro años de la noche de Iguala, en Guerrero, no hay “nada de resultados”. “Seguimos en lucha para llegar a la verdad de un caso que el gobierno no quiere esclarecer. Tenemos un familiar muy grave que debemos cuidar 24 horas porque no se puede valer por sí mismo a causa de un disparo de arma de fuego que le dañó el 65 por ciento del cerebro”, explicó.
Del total de armas que llegaron a México desde Alemania, casi 50 por ciento se distribuyó en los estados donde se comete la mayoría de las violaciones a los derechos humanos y donde el permiso de exportación prohibía suministrarlas, entre ellos Guerrero.
“Dos de los cuatro estados mexicanos prohibidos aparecían expresamente en los contratos de exportación como ‘estados prohibidos’. Estos hechos deberían llevar a una condena de los acusados por parte de la sección mercantil del Tribunal de Justicia de Stuttgart”, aseguró Jürgen Grässlin, portavoz de la “Iniciativa por el clamor: Detén el comercio de Armas”.
Grässlin explicó que en 2010 se presentó la demanda penal contra la empresa Heckler & Koch ante la vulneración de la ley de control de armas de guerra y la ley de comercio exterior.
