El 10 julio pasado se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión a legislar sobre desaparición forzada y desaparición por particulares.

El 6 de enero de 2016 se vence el término que el decreto establece (180 días) para cumplir con esta obligación pero el Ejecutivo no ha presentado su iniciativa de Ley y el proceso legislativo no ha iniciado. Tampoco se han formalizado los mecanismos de participación sustantiva de organizaciones de familiares y de la sociedad civil en la discusión y elaboración de dicha legislación.

En un comunicado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresa su indignación por la pérdida de tiempo para iniciar de manera decidida los trabajos encaminados hacia la construcción de la ley sobre desaparición forzada y desaparición por particulares, y advierte sobre las consecuencias negativas de esta dilación.

En el documento suscrito por 36 colectivos de familiares y 44 organizaciones civiles de diversas entidades del país, se enfatiza también en el tema de la disminución de más del 30 por ciento del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2016 respecto de 2015. Esto es muestra, dicen, de que “el gobierno continúa sin reconocer la magnitud de las desapariciones en México y pretende actuar con una clara falta de compromiso y responsabilidad para priorizar esta problemática nacional que se agrava día con día”.

Con el objetivo de que la Ley General de Personas Desaparecidas contenga los puntos indispensables para que resulte justa, adecuada y acorde con las necesidades de las víctimas y familiares de víctimas de desaparición, entre agosto y octubre de 2015, los colectivos y organizaciones que signan el comunicado, acompañadas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, impulsaron un proceso de seis consultas.

El documento Elementos esenciales para la elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas en México es resultado de este proceso. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exige que este material, que ha sido entregado al Senado, sea la base para la Ley General de Personas Desaparecidas.

“Para toda la sociedad mexicana y especialmente para los familiares de personas desaparecidas es primordial contar con una legislación que garantice mecanismos de búsqueda eficaces para encontrar a nuestros seres queridos y asegure la investigación efectiva que permita sancionar a los responsables para que, con base en la verdad, se establezcan políticas públicas de prevención para que ninguna familia tenga que pasar nunca más por este indescriptible sufrimiento”, se lee en el comunicado fechado el 18 de octubre.