Ciudad de México | Desinformémonos. La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) exigió a las autoridades contemplar e integrar a la población jornalera agrícola migrante y asentada como población prioritaria para recibir la vacuna contra el COVID-19, principalmente los adultos mayores.
La REJJA recordó que al menos 206 mil 253 adultos mayores son parte de la fuerza de trabajo jornalera en el país, de las cuales casi 23 mil personas tienen al menos 75 años, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Primer Trimestre 2020.
Agregó que los jornaleros de la tercera edad «representan a una generación que también estuvo años atrás inserta en esa actividad laboral, donde el acceso a la seguridad social y a prestaciones como una jubilación digna fue nula».
«Esta lamentable realidad la siguen enfrentando sus hijas e hijas, que junto con ellos, a pesar de que han contribuido en la producción agrícola en el territorio nacional con su trabajo, beneficiando a empresas a generar significativas ganancias, la mayoría de las veces no reciben un salario digno que les permita mejorar, como es su sueño, las condiciones de vulnerabilidad en las que viven», criticó la Red.
Poer ello, demandó a las autoridades estatales y federales a otorgar el acceso a la vacunación de las personas adultas mayores jornaleras, así como la difusión de información precisa sobre la vacuna en español y en lenguas maternas.
A continuación el comunicado completo:
Las y los integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), que tiene presencia en los estados de: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, en conocimiento de que la Política Nacional de Vacunación[1] contempla ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México, y precisa que “la vacunación de personas adultas mayores tendrá un enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial, por lo que iniciará con la población que reside en zonas rurales dispersas y progresivamente continuará hasta llegar a áreas metropolitanas”, hacemos un llamado a contemplar e integrar a la población jornalera agrícola migrante y asentada como una población prioritaria, principalmente las y los adultos mayores que migran ya sea para trabajar en los campos agrícolas, o bien como acompañantes de sus familiares, de igual forma aquellas personas que se encuentran asentadas en estados de destino.
Las y los trabajadores jornaleros agrícolas son una población que está en movilidad constante y difícilmente pueden estar en sus comunidades de origen donde posiblemente ya comenzó la vacunación, migrar es la única opción que tienen por ahora, para sobrevivir, ellas y sus familias, arriesgando su seguridad y su salud constantemente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Primer Trimestre 2020, las y los adultos mayores de 60 años y más representan el 8.9% de las personas jornaleras a nivel nacional, es decir que al menos 206 mil 253 personas adultas mayores son parte de la fuerza de trabajo jornalera, y casi 23 mil personas tienen al menos 75 años.
La participación de las personas jornaleras de la tercera edad se da tanto en la realización de actividades agrícolas en los estados de destino, como acompañantes para hacerse cargo del cuidado de sus nietos/as. En otros casos también migran a los campos agrícolas porque no hay condiciones para que se queden en sus comunidades de origen, debido a la alta precariedad que enfrentan. Además, representan a una generación que también estuvo años atrás inserta en esa actividad laboral, donde el acceso a la seguridad social y a prestaciones como una jubilación digna fue nula. Esta lamentable realidad la siguen enfrentando sus hijas e hijas, que junto con ellos a pesar de que han contribuido en la producción agrícola en el territorio nacional con su trabajo, beneficiando a empresas a generar significativas ganancias, la mayoría de las veces no reciben un salario digno que les permita mejorar, como es su sueño, las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.
Es por ello que exhortamos urgentemente a las autoridades mexicanas competentes, entre ellas al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud, autoridades estatales y locales tanto en los estados de origen como de destino de las personas jornaleras agrícolas y sus familias, como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Comisiones/ procuradurías de Derechos Humanos para que vigilen el acceso a la vacunación de las personas adultas mayores jornaleras, así como la difusión del acceso a la mismas en español y en lenguas maternas y se tomen en cuenta las siguientes consideraciones:
- Presentar información precisa, sencilla y en lenguas maternas sobre los lugares y tiempos donde se aplicará la vacunación o en su defecto, se brinde esta información a los patrones, para que creen y faciliten las condiciones para que sean vacunados/as en su lugar de trabajo.
- Establecer las medidas necesarias para garantizar las suficientes dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en los centros de trabajo agrícola (estados de destino), en los albergues para familias jornaleras que no estén dentro de los centros de trabajo agrícola, así como en aquellos municipios y localidades en donde se ubican los ranchos agrícolas o invernaderos.
- Garantizar por parte del Estado que todos los recursos e insumos médicos para prevenir los contagios por COVID-19 estén disponibles en los campos agrícolas donde se encuentran las personas jornaleras adultas mayores.
Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas
Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan), Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL), Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG), Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C., Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE), Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala, Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA), Dr. Celso Ortiz Marín, académico de la Universidad Autónoma Indígena de México y Soc. José Eduardo Calvario Parra, académico de El Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora.
[1] Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Documento rector. Recuperado de: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf
