Las familias de los detenidos en Chichigalpa, una ciudad del condado Chinandega, a unos 30 kilómetros del Puerto de Corinto, en las costas de Nicaragua sobre el Pacífico, venían marchando a pie desde el miércoles pasado (4 de noviembre) hacia la capital del país, para exigir la liberación de las personas que hace un mes están detenidas. Una marcha de casi 200 kilómetros.
No se había tenido hasta el momento cifra precisa de cuántos eran los detenidos y en qué estado de salud estaban. La mayoría de ellos están vinculados a una organización llamada Nueva Esperanza, que nuclea personas que padecen de Insuficiencia Renal Crónica, enfermedad con tintes de epidemia para los hombres que dejaron sus horas y su sudor cortando caña de azúcar. Se estima que 24 mil habitantes de Chichigalpa han fallecido a causa de esta enfermedad en los últimos diez años.
A pesar de eso, los pacientes crónicos no logran tener una atención de calidad, mucho menos ahora para aquellos que están encerrados en la cárcel conocida como “el Chipote”, o más estrictamente Dirección de Auxilio Judicial.
Cinco de los 16 detenidos padecen esta enfermedad y sus familiares reclaman que no reciben la atención adecuada desde hace un mes, cuando fueron encarcelados tras dos días de mucha agitación popular en Nicaragua. Algunos de los detenidos lo fueron durante una protesta de Nueva Esperanza en busca de condiciones sanitarias dignas y por la libertad de uno de sus referentes, llamado Roberto Nicoya. El centro de la manifestación sucedió en las puertas del Ingenio San Antonio, perteneciente al Grupo Pellas, dueña de la Nicaragua Sugar Estates Limited (además de azúcar produce biocombustible, alcohol, energía eléctrica, camarones y melaza). Una de las empresas más grandes de Nicaragua, parte de la Corporación SER:
Otros fueron detenidos durante una redada que la policía montó en Chichigalpa en las horas siguientes a la protesta, en que unas 50 personas fueron detenidas (algunas liberadas luego) entre ellas, la secretaria de Nueva Esperanza, Marcela Molina.
Este lunes, los fatigados familiares llegaron finalmente a Managua exigiendo la libertad de los detenidos: “Libertad para nuestros hermanos detenidos, son inocentes, merecen libertad”.
Originalmente, la caravana pararía frente a las oficinas de la Plaza El Sol, donde entregaron una carta a la policía exigiendo la libertad de los detenidos y luego continuaría hasta las puertas de El Chipote. No pudieron. Un nutrido cerco policial les impidió el paso.
“Tuvimos miedo de que al llegar a El Chipote nos golpearan”, contó una de las manifestantes a Confidencial, de Nicaragua. Acamparon en Managua y hoy procurarán un encuentro con la Iglesia católica “para que ellos puedan mediar con el gobierno y liberar a nuestros compañeros. No tenemos mucho dinero para sostener las marchas y el tiempo es corto”, dijo José uno de los marchantes a Confidencial.
“Los arrestaron hace 31 días en Chichigalpa, los traen a Managua y no los juzgan en su jurisdicción, les inventan un rosario de delitos. Hace 17 días se debió realizar la audiencia inicial y se suspende porque el juez Henry Morales se declara enfermo y luego este mismo juez apareció realizando otras audiencias en otros casos. Es una legítima demanda, un arresto prolongado caracterizado por el abuso”, comentó a Confidencial, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CNDH). El centro recibió la denuncia de los familiares de los detenidos por las condiciones de reclusión en que los tienen desde hace más de un mes, los riesgos sobre su salud y la falta de garantías individuales.
Corrión afirmó además, que tampoco se han respetado las garantías del propio proceso penal, entre ellas la que indica que cumplido el mes de reclusión sin audiencia inicial, los presos deben esperar el juicio en libertad. Lógicamente, esto no se ha cumplido en este caso.
