Foto: Centro ProDH

Ciudad de México | Desinformémonos. “Se trata de un proyecto que afectaría a toda la población de la sierra de Puebla y parte de Veracruz”, explicó a Desinformémonos, Omar Esparza, Coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ), quien agregó que por lo anterior, el Grupo Ferro Minero de México GFM (Minera Autlán), intenta “simular hoy una consulta ciudadana que no incluye a todos, que ha sido negada por las comunidades y que está fuera de los procesos y tiempos estipulados en convenios internacionales para los derechos de las comunidades indígenas”, por lo que hoy, “exigimos la cancelación total del proyecto” puntualizó.

En las últimas semanas, detalla Esparza, la empresa ha realizado reuniones con la participación de autoridades locales y estatales, en las que “se ofrece cerveza, se matan puercos para alimentar a los asistentes y en ese contexto se plantea el proyecto”, a la par, asegura que ya se han ido comprando terrenos con ayuda de los caciques locales.

A partir de que la población se ha ido organizando e informando tanto del proyecto como de las implicaciones que su realización traería tanto a la tierra como a las comunidades, “la minera ha querido acelerar procesos”, asegura Esparza, “comprando a gente por 800 pesos o con despensas”.

En tanto que no se trata de un hecho aislado, dice, la organización local trascendió y decidieron convocar a personas, frentes y comunidades que en México defienden la tierra y el territorio en “situaciones similares, en las que la falta de consulta ciudadana es una constante” por lo que el 28 de agosto pasado, unas 22 organizaciones se reunieron en la localidad en un Encuentro contra los megaproyectos, a raíz de lo cual, abunda Esparza, la minera ha acelerado procesos y ha comenzado a agredir a quienes se oponen, denunció.

La “alerta” se despertó en comunidades indígenas de la Sierra Negra en Puebla, cuando entre febrero y mayo de este año comenzaron rumores sobre la pretensión, de dicha empresa, de construir una hidroeléctrica que traería “fuentes de trabajo y beneficios para la población”.

Ahí comenzaron a indagar aunque solo existía el rumor. En Junio de 2016, la autoridad de Tlacotepec de Benito Juárez, en Puebla, convocó a una reunión en la que informó que se construiría una presa, que explica Esparza, “pretende generar la energía suficiente para que las minas de oro y acero, propiedad de José Antonio Rivero Larreo, sigan operando, sin consultar ni considerar no sólo a las tres comunidades cercanas sino a toda la sierra de Puebla y parte de Veracruz”, ya que explica, el Río Tonto, que se vería afectado, corre tanto por la sierra poblana como por parte de Veracruz.

Esta situación en la que en opinión de Esparza, se viola sobre todo el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha sido “violentado” ya que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.

En su punto dos, se aclara que: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Por lo anterior hoy exigen la “cancelación total del proyecto” e informaron que seguirán en organización contra los megaproyectos en México y harán una vista a la Ciudad de México para señalar las “violaciones a los convenios internacionales, a las comunidades y exigir justicia”.

Este proyecto transnacional se suma a los que en diferentes entidades federativas en las que la población ha mostrado su descontento y se han organizado para defender la tierra y el territorio, algunos ejemplos de esto son: Atenco y su lucha en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto y la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, entre muchos otros.

Parte de esta situación es revisada, documentada y sistematizada a través de 68 casos expuestos en el informe “México: Empresas y derechos Humanos”, en el que más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia en la que identificaron “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.

El informe detalla que es en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que, las empresas se “han beneficiado” de esta situación en la que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”.

Como en el caso de la hidroeléctrica en la Sierra negra de Puebla, el informe señala la poca o nula consulta que las empresas aplican en la comunidad al presentar un proyecto que afectara directamente a esta población, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.

Abundan que: la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras que “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

En el informe se plantea una perspectiva general de la situación de empresas y los derechos humanos a nivel nacional que permite vislumbrar el grado de implementación de los “Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos por parte del Estado mexicano y de las empresas que realizan actividades en el país” y fue presentado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco de su visita oficial a México, que se llevó a cabo a inicios del presente mes.

Documento completo en: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf