Ciudad de México | Desinformémonos. Ante los impactos negativos en la vida comunitaria y la falta de respuestas por parte de las autoridades para atender las demandas de la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, contra el parque eólico Gunaa Sicarú, cuatro relatores especiales de la ONU enviaron solicitudes de información conjuntas a México, Francia y la empresa francesa EDF.
Se trata de la primera intervención de relatores de la ONU en la lucha que desde 2015 encabeza la comunidad indígena de Unión Hidalgo contra el proyecto eólico, impuesto por el gobierno y la empresa francesa Electricité de France (EDF) sin la autorización del pueblo.
Los relatores especiales solicitaron a México, Francia y EDF información adicional sobre el desarrollo del parque Gunaa Sicarú y señalaron que, de comprobarse las demandas, «EDF sería cómplice de violaciones de derechos humanos asociadas a los actos de su subsidiaria, Eólica de Oaxaca S.A.P.I de C.V, que han afectado especialmente a mujeres y niñas indígenas locales».
Hacia los gobiernos de México y Francia, los relatores especiales solicitaron información sobre las medidas para proteger a las comunidades locales contra las violaciones de derechos humanos por parte de corporaciones y las medidas tomadas para asegurar los procesos de debida diligencia por parte de estas empresas, así como sobre las medidas para asegurar que las personas tengan acceso a recursos efectivos de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y sobre las investigaciones que cualquiera de los Estados esté llevando a cabo en este caso.
La intervención de la ONU sucede días después de que el tribunal civil de París desestimara la denuncia que interpuso la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo contra la empresa EDF, responsable del parque eólico Gunaa Sicarú, “por motivos de formalidad procesal”.
Dado que el caso contra EDF se encuentra actualmente en la corte francesa, bajo la Ley de Deber de Vigilancia, estas cartas respaldan la demanda presentada por miembros de la comunidad para exigir que EDF respete, proteja y cumpla los derechos humanos de los pueblos zapotecas y adopte medidas para mitigar los efectos adversos de la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú en mujeres y niñas indígenas.
En octubre de 2020, representantes de la comunidad de Unión Hidalgo, acompañados por las organizaciones, presentaron una demanda civil contra la empresa EDF por la violación de su deber de vigilancia. En ella, las organizaciones alegaron que la empresa no respetó el derecho de la comunidad indígena al consentimiento libre, previo e informado en la planificación de su parque eólico Gunaa Sicarú.
La demanda de Unión Hidalgo fue presentada junto con el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y el apoyo de organizaciones no gubernamentales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Amigos de la Tierra Francia y el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.
A continuación el comunicado completo:
Desde 2015, la comunidad indígena de Unión Hidalgo alega no haber sido efectivamente consultada en el proyecto empresarial de puesta en marcha de un parque eólico en suelo comunitario de la empresa estatal francesa Electricité de France (EDF).
Además, en el contexto de las demandas de respeto a sus derechos humanos, los defensores de derechos humanos de la comunidad son estigmatizados, amenazados e incluso agredidos físicamente.
La comunidad de Unión Hidalgo, apoyada por la ONG mexicana ProDESC, inició procedimientos ante las autoridades locales y el Punto de Contacto Nacional de la OCDE en Francia.
Sin embargo, los esfuerzos para instalar el parque continuaron y se exacerbaron los ataques a los defensores. Por tal motivo, los representantes indígenas, ProDESC y ECCHR enviaron una carta formal a EDF, exigiendo que la empresa redoble sus esfuerzos para llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos.
Como la compañía de energía no cumplió, ProDESC, ECCHR y representantes de la comunidad presentaron una demanda en el tribunal civil de París en octubre de 2020.
Además, existe una creciente preocupación por el impacto en los derechos humanos de los parques eólicos a gran escala en el pueblo indígena zapoteca de Unión Hidalgo, en Oaxaca, México, los cuales se han implementado sin considerar los impactos en las mujeres.
Por lo tanto, por primera vez, cuatro Relatores Especiales de la ONU han enviado solicitudes conjuntas a los estados de México, Francia y EDF, una de las empresas transnacionales de energía más grandes de Francia, solicitando información adicional sobre el curso del desarrollo del parque eólico Gunaa Sicarú.
Los Relatores Especiales reconocieron que de ser acertadas las denuncias, EDF sería cómplice de violaciones de derechos humanos asociadas a los actos de su subsidiaria, Eólica de Oaxaca S.A.P.I de C.V, que han afectado especialmente a mujeres y niñas indígenas locales.
Los Relatores Especiales piden a la corporación que brinde información sobre los pasos tomados para implementar y adoptar una evaluación de impacto de género y derechos humanos en el proyecto del parque eólico, medidas tomadas para una consulta genuina con las comunidades afectadas para asegurar el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres y niñas indígenas, la identificación de riesgos de derechos humanos y recursos efectivos, el establecimiento de medidas de mitigación y prevención, así como las medidas tomadas para asegurar que las mujeres tengan acceso, uso y control de la tierra, disfruten de los beneficios del proyecto energético, y oportunidades de empleo donde se pretenda desarrollar proyectos energéticos a gran escala.
Hacia los gobiernos de México y Francia, los Relatores Especiales solicitan información adicional sobre las medidas tomadas para proteger a las comunidades locales contra las violaciones de derechos humanos por parte de corporaciones y las medidas tomadas para asegurar los procesos de debida diligencia por parte de estas empresas, las medidas tomadas para asegurar que las personas tengan acceso a recursos efectivos de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y sobre las investigaciones que cualquiera de los Estados esté llevando a cabo en este caso.
Las cartas refuerzan que los actores corporativos deben ser considerados responsables de sus abusos de derechos humanos relacionados con las empresas de acuerdo con los estándares establecidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y respaldan que las empresas matrices tienen la obligación de respetar los derechos humanos en sus operaciones en el extranjero y deben ser considerados responsables de las acciones de sus subsidiarias que operan en jurisdicciones extranjeras, especialmente en países en desarrollo, que a menudo no tienen los recursos o las capacidades institucionales para hacer cumplir las normas de derechos humanos.
“La comunicación de procedimientos especiales de NU enviada al gobierno Mexico, al gobierno Francés y a la empresa EDF hace evidente la urgente necesidad de la implementación rigurosa del principio preventivo que establece la debida diligencia. No es casualidad que sean los y las relatoras sobre Pobreza extrema, derecho al desarrollo, derechos indígenas y derechos de los y las defensoras de derechos humanos, quienes están subrayando la necesidad de la rendición de cuentas empresariales de las corporaciones y en específico la obligaciones de EDF a proporcionar información sobre las medidas tomadas para la protección de la comunidad de Unión Hidalgo”, dijo Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva de ProDESC sobre la publicación de las cartas.
“La carta de denuncia enviada por los procedimientos especiales de las Naciones Unidas a México y Francia, así como a la Électricité de France (EDF), es un paso importante para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos de las mujeres en la transición a las energías renovables”, dijo Magdalena Sepúlveda Carmona del ED GI-ESCR.
El hecho de que cuatro relatores especiales de la ONU se reunieran para esta carta de denuncia conjunta es, por lo tanto, un fuerte indicio de la importancia y urgencia del caso Unión Hidalgo.
Si bien presiona a Francia, México y EDF para que respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos y presten atención a la situación en Unión Hidalgo, destaca que este caso está ganando atención y preocupación internacional en los principales mecanismos internacionales de derechos humanos, ya que permanece sin resolver en su respeto y protección de los derechos humanos y su atención a sus impactos desproporcionados sobre las mujeres y las niñas.
Las comunicaciones de los Procedimientos Especiales también se informan anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que aumenta la conciencia pública y ejerce presión sobre México y Francia para que asuman una posición pública sobre el caso.
Dado que el caso contra EDF se encuentra actualmente en la corte francesa, bajo la Ley de Deber de Vigilancia, estas cartas respaldan la demanda presentada por miembros de la comunidad para exigir que EDF respete, proteja y cumpla los derechos humanos de los pueblos zapotecas y adopte medidas para mitigar los efectos adversos de la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú en mujeres y niñas indígenas.
Puede descargar las tres cartas dirigidas a los gobiernos de México, Francia y EDF aquí.
Información adicional:
¿En qué desarrollo específico está trabajando EDF?
Desde 2015, EDF tiene previsto construir un parque eólico a gran escala en la comunidad Zapoteca a través de su filial. Las negociaciones y los procesos administrativos para obtener los permisos necesarios se llevaron a cabo sin consultas de buena fe con la comunidad. Solo después de varios recursos de amparo los comuneros pudieron incluso recibir información sobre el proyecto energético. Sin embargo, el proyecto continuó sin más consultas en profundidad.
En 2018, un tribunal federal se pronunció sobre la violación del derecho de la comunidad al consentimiento libre, previo e informado, ordenando el restablecimiento del proceso de consulta. Las autoridades hasta el momento no han cumplido plenamente, también con base en el brote de COVID-19 que ha llevado a la suspensión del proceso de consulta una vez finalizada la fase informativa.
Además, los ataques, la intimidación y el hostigamiento a quienes se oponen al parque eólico son comunes, las defensoras de derechos humanos dentro de la comunidad explicaron que estos ataques han provocado temor por ellas y sus familias. Para ganarse el apoyo de la comunidad indígena, se alega que la empresa intentó influir en los miembros para que votaran a favor del parque eólico, dividiendo así a la comunidad zapoteca.
El desarrollo del parque eólico en el contexto de la transición energética en México ha tenido múltiples impactos en los derechos humanos de la población local, pero ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres y niñas indígenas. Por ejemplo, los graves problemas de diversidad en el proceso de consulta, con solo el 5% de los participantes siendo mujeres, y eligiendo horarios de reunión que no funcionan para las mujeres con deberes de cuidado, hicieron imposible que se escuchara la perspectiva de las mujeres dentro del proceso de consulta.
Las mujeres se ven más afectadas por la violencia en sus comunidades, lo que les ha impedido participar activamente en la consulta por temor a ser atacadas. Además, dado que las mujeres rara vez tienen derechos de tenencia de la tierra, las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por el arrendamiento o la venta de tierras, ya que no reciben beneficios directos de estas transacciones.
A menudo, esta transacción también obstaculiza el sustento de las mujeres, ya que no pueden acceder a los recursos naturales que son fundamentales para sus responsabilidades de cuidado.
¿Quiénes son los relatores especiales de la ONU?
Los Procedimientos Especiales son el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Olivier de Schutter; el relator especial de la ONU sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi; la relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor y el relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay.
Los relatores especiales de las Naciones Unidas forman parte de los procedimientos especiales de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y son expertos independientes en derechos humanos con el mandato de informar y asesorar sobre los derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de un país. El sistema de procedimientos especiales es un elemento central del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Su importancia se deriva de su capacidad para crear conciencia internacional sobre violaciones supuestamente importantes y defender a las víctimas.
También brindan a los Estados y otras partes interesadas clave la oportunidad de aclarar las cosas y justificar sus acciones, al tiempo que generan un registro de abusos alegados contra los Estados durante tiempo y proporcionando un incentivo para que los gobiernos actúen para rectificar cualquier violación. Los procedimientos especiales también permiten al titular del mandato ofrecer una interpretación de la ley aplicable.
Los mandatos consideran un proceso de comunicación con los gobiernos sobre presuntas violaciones de derechos humanos, ya sea a través de cartas de denuncia, en las que buscan una respuesta oficial de un gobierno sobre una presunta violación de derechos humanos, o mediante cartas de acción urgente, que alegan daño inminente a menos que un gobierno actúe. inmediatamente.
Las cartas de denuncia sobre el caso Unión Hidalgo cobran especial relevancia, ya que se encuentran entre las pocas que no solo llaman a los Estados, sino también a los actores corporativos no estatales involucrados en las denuncias de violaciones de derechos humanos.
¿Quiénes son GI-ESCR y ProDESC y por qué participan?
GI-ESCR y ProDESC están muy preocupados por los procesos de transición energética que no consideran los principios de igualdad de género y derechos humanos. Los derechos de las personas deben estar a la vanguardia de la transición verde en todas las etapas para garantizar que sea sostenible y justa para todos.
El derecho a la participación en el interior juega un papel crucial al hacerlo. Solo entonces podremos asegurarnos de que las comunidades marginadas, incluidas las mujeres, sean tenidas en cuenta en el proceso.
ProDESC es una ONG mexicana feminista que se enfoca en los derechos económicos, sociales y culturales. ProDESC defiende y acompaña los procesos colectivos en tres ejes principales: el derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales; derechos laborales; y el derecho a defender los derechos humanos.
Han sido clave para apoyar al pueblo zapoteca en la búsqueda de justicia en el caso Unión Hidalgo.
GI-DESC, con su enfoque en transiciones verdes y experiencia en transiciones energéticas justas de género, ha estado apoyando activamente este caso y brindando asistencia en la identificación de los impactos diferenciados de género y guiando el compromiso con los relatores especiales de la ONU.
