Foto: Amnistía Internacional
Ciudad de México | Desinformémonos. Amnistía Internacional recolectó 135 mil 963 firmas para exigir al gobierno mexicano la libertad de Verónica Razo, una mujer presa desde hace seis años luego de que la policía federal la torturó física y sexualmente para que firmara una confesión de secuestro en la Ciudad de México.
Las firmas se recabaron en México, Italia, Alemania, Francia, España, Corea del Sur, Brasil, Noruega y Estados Unidos para que Amnistía las entregara a la Procuraduría General de la República (PGR) y denunciara ante el personal de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) las violaciones a los derechos humanos de Razo.
Amnistía Internacional documentó en su informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” que Verónica fue víctima de golpes, asfixia, descargas eléctricas y violación por parte de elementos de la policía federal durante 24 horas, luego de que el 8 de junio del 2011 la interceptaran cuatro hombres vestidos de civiles en el Centro Histórico.
El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio del 2016, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a la organización que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas. Además, 66 de las mujeres dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones.
“Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles”, revela el informe.
“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo entonces Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
