Ante el auge privatizador de los servicios de agua potable y la incorporación a la Constitución Mexicana del derecho humano a este líquido y al saneamiento, el Estado mexicano debe impulsar la Ley General de Aguas, la cual debe dar prioridad al carácter de bien común y público del recurso. También debe considerar la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que lo consideran como un elemento divino, insustituible y que no tiene precio, señaló la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda).

Recordó que, de acuerdo con datos oficiales, hay 9.5 millones de personas sin acceso a agua potable y 10.7 millones al alcantarillado, pero si a esta población que reside básicamente en zonas rurales y carece de infraestructura, se suman los hogares que no disponen de líquido dentro de su vivienda, la cifra llega a 25 millones de personas. A esto se agrega que el líquido de la red no necesariamente es apta para el consumo humano y los datos de cobertura no consideran el tandeo –es decir, que el recurso sólo llega por unas horas al día o a la semana–, “es claro que el acceso al agua sigue siendo una asignatura pendiente”.

En un análisis, indicó que esta legislación deberá revertir y prohibir las políticas y programas que privatizan, mercantilizan y convierten el agua en un jugoso negocio para la iniciativa privada antes que en un derecho humano. Además, tiene que garantizar una gestión democrática, sustentable, justa y equitativa del líquido.
En los años recientes, agregó el Comda, se han acelerado los procesos de privatización del recurso, los cortes de agua potable y se impusieron tarifas altas, todo esto se traduce en violación al derecho humano al líquido.

Consideró que una “verdadera gestión pública del agua requiere de vigilancia y mecanismos de contraloría social y de planeación de las políticas hídricas que fomenten la participación social y ciudadana. Por lo que demandamos se abran procesos reales de participación social y ciudadana, en donde la voz, necesidades y propuestas de los movimientos y grupos sociales del país sean incorporadas en la nueva ley, políticas y programas hídricos”.

Las instituciones responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas, deben revisar sus programas y reorientarlos de acuerdo con la reforma al artículo cuarto constitucional, en la que se indica el derecho humano al agua, “con el fin de iniciar un proceso de transformación del modelo de gestión del agua que coloque en el centro a la ciudadanía y sus derechos”.

Actualmente se han impulsado “soluciones” a los problemas de abastecimiento mediante megaproyectos, como la construcción de presas, que ya han probado tener consecuencias negativas, tanto sociales como ambientales, agregó el Comda. Es el caso del proyecto de las presas La Parota, en Guerrero, y El Zapotillo, en Jalisco.