La CIDH tendrá que desmantelar el 40 por ciento de su estructura debido a la crisis financiera que vive. Ante esta situación, estudiantes de la Facultad de Derecho y el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la UNAM (OSIDH), se solidarizan con la CIDH y exigen a las autoridades mexicanas cumplir con sus aportaciones financieras para que este organismo continúe con su labor.

En recientes declaraciones, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que México, a pesar de tener el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales de Latinoamérica, es el país más denunciado ante la CIDH, ya que la población mexicana no confía en estas instituciones, y no acude a ellas.  Sin embargo, el gobierno les destina 200 millones de dólares al año.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho y la OSIDH de la UNAM emitieron el siguiente posicionamiento, en un texto de Magdalena Cervantes Alcayde, Coordinadora del mismo:

La falta de presupuesto económico de los dos órganos que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte, no es reciente. Año con año, leemos declaraciones de sus respectivos Presidentes, Vicepresidentes o Secretarios Ejecutivos en el sentido del bajo presupuesto que se les asigna, lo que ha llevado en los hechos a complementar sus recursos a través de aportaciones extraordinarias como vía para para su funcionamiento.

Los presupuestos de la CIDH se integran por recursos asignados directamente por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por ingresos específicos resultado de donaciones de los Estados miembros, de Observadores permanentes, de Estados no miembros y de otros. Durante 2015, la CIDH obtuvo el 56 por ciento de sus recursos y el 44 por ciento de las contribuciones de la OEA.

Sin embargo, la situación que hoy atraviesa la CIDH no tiene referente, ya que enfrenta la más grave crisis financiera en su historia. En un comunicado de prensa emitido el 23 de mayo, señala la imposibilidad de renovar el 40 por ciento de su personal a partir del 1° de agosto como resultado de la reducción de los ingresos voluntarios.

¿Qué consecuencias concretas tiene esta disminución de recursos?

Impactará directamente en dos áreas sustantivas del trabajo de la Comisión. Por un lado, el grupo de medidas cautelares, a cargo de tramitar las medidas urgentes de protección en casos de amenazas graves e irreparables, cuyo personal será en su totalidad rescindido.

Por otro lado, el grupo que atiende peticiones y casos, a cargo de recibir las peticiones individuales que ingresan a la Comisión, verá reducido a más de la mitad su ya limitado número de integrantes, lo cual tendrá un impacto difícilmente reversible en el atraso procesal y una mucho mayor demora en los tiempos de respuesta de los asuntos que llegan a la CIDH.

En suma, un área trascendental de la CIDH quedará desmantelada y la otra trabajando con grandes dificultades en función del reducido número de personal.

Que el resto del personal que integra la CIDH, 31 personas incluyendo al personal administrativo, tendrá que hacerse cargo de todas las funciones que lleva a cabo: relatorías temáticas, registro, admisibilidad, fondo, corte, medidas cautelares, monitoreo temático y de país.

En un contexto regional como el actual, en el que cada año aumenta el número de los casos de violaciones a los derechos humanos que llegan a la Comisión Interamericana, resulta particularmente lamentable que dicho órgano no cuente con recursos suficientes para cumplir con su mandato.

No habría condiciones para celebrar los próximos dos períodos de sesiones del año (el de julio y el de octubre), lo que llevará a la CIDH a anunciar la suspensión de tales períodos.

Esto implica que las y los comisionados no podrán deliberar casos, medidas cautelares e informes temáticos pero además que la CIDH cerrará -por primera vez en su historia- las puertas para recibir a organizaciones de la sociedad civil y víctimas de la región en audiencias temáticas, de casos y reuniones sobre medias cautelares.

Además de estas implicaciones vinculadas al trabajo sustantivo de la CIDH, no podemos dejar de referirnos a las consecuencias humanas de esta situación: pérdida del empleo de funcionarios y funcionarias de la CIDH, que han dejado sus países para contribuir en la defensa y protección regional de los derechos humanos, cuyos proyectos de vida, así como los de sus familias, están anclados al trabajo de la Comisión.

En este escenario de déficit presupuestal, con las graves implicaciones que ello tiene en el funcionamiento de la Comisión Interamericana, órgano de entrada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no podemos dejar de referirnos a la disparidad enorme que hay entre los recursos que se destinan a otros sistemas regionales de protección de los derechos humanos y lo que se destina al interamericano, en tanto es la razón principal para explicar la situación que enfrenta. La Corte Europea recibe aproximadamente 20 por ciento del presupuesto del Consejo de Europa.  Por su parte, la Comisión y la Corte Interamericanas recibieron en 2015, solo 9.5 por ciento del presupuesto total de la OEA.

En un artículo de Camilo Sánchez, «El silencioso jaque mate a la CIDH» publicado en Inter-American Human Rights Network,  plantea una idea que retomamos en estas líneas: “La responsabilidad principal de la crisis de la CIDH es de los Estados dueños del sistema”.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos surge en el marco de la Organización de Estados Americanos, es decir, como una decisión de los 35 Estados que la conforman. Esto supone, un respaldo no sólo político, sino también económico para que los órganos que integran el sistema regional del protección puedan funcionar conforme a las facultades que les fueron conferidas por los propios Estados.

Si esto es así, cómo debe interpretarse que los Estados o no aporten sus cuotas anuales a la OEA, o no hagan esfuerzos adicionales para aumentarlas sabiendo que son insuficientes para financiar adecuadamente a los órganos a cargo de la protección regional de los derechos humanos.

Al momento de llevar a cabo sus aportaciones a la OEA, pero de manera particular en la coyuntura actual de grave crisis presupuestaria de la CIDH, los Estados del continente americano deberían mostrar ante sus nacionales, pero también ante los habitantes de toda la región, que aquel consenso que puso en el centro la vigencia de los derechos humanos cuando se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue en pie y en función de éste respaldar de manera unánime la situación financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana.

La coyuntura actual debe llevar a los Estados que integran la OEA a reflexionar en dos sentidos. Primero, sobre lo mucho que ha aportado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la construcción de las democracias que tenemos, en el conocimiento de la verdad de graves violaciones, en la sanción de los responsables, el combate a la impunidad y en la reparación integral de las víctimas de estos hechos, en suma, en la vigencia de los derechos humanos en la región. Segundo, sobre la necesidad de que los dos órganos que integran el SIDH cuenten con recursos suficientes provenientes del fondo regular de la OEA para su funcionamiento, sin depender en ningún sentido de los recursos extraordinarios que puedan obtener. No hacerlo supondrá mantener un diseño presupuestal que no garantiza su estabilidad financiera.”