Ciudad de México | Desinformémonos. “La justicia ha sido negociada, administrada, a cuenta gotas, estamos muy decepcionados de la justicia mexicana, afirma Omar Esparza, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y viudo de Bety Cariño, luchadora social asesinada, junto el activista finlandés Jyri Jaakkola, el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, Oaxaca.
Para Omar Esparza, la detención de Juan Macario Bautista Ramírez, ocurrida en el Paso Texas, Estados Unidos, es un paso de muchos que faltan para que el asesinato de ambos activistas no quede impune. “Actualmente hay cinco personas detenidas pero quedan por ejecutarse 8 ordenes de aprehensión. Durante estos seis años como familia y organización presentamos pruebas, muchas de las cuales fueron desechadas, se cerraron líneas de investigación que implicaban al crimen organizado, eso nos dice mucho, además se mandó a reserva toda la investigación federal por falta de elementos sin que se nos notificara”.
Juan Macario Bautista Ramírez, fue trasladado de Estados Unidos a la Ciudad de México la madrugada de este jueves 6 de octubre, en un operativo conjunto entre la Interpol, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia Estatal de Investigaciones pero a decir de Omar Esparza, “la justicia se logrará hasta que todas las personas implicadas sean detenidas y juzgadas debidamente y que no sólo se aparente un juicio”.
Por su parte Karla Michell Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y quien acompaña jurídicamente el caso de Bety Cariño y Jyri sostiene que “Todo el proceso ha sido sumamente lento, no se ha realizado ningún juicio a las personas detenidas. El primero se llevará a cabo a principios de noviembre y ya el Juez de garantías de Oaxaca desechó dos de los principales testimonios que tienen que ver con dos mujeres que fueron testigas presenciales y que lograron observar el rostro de quienes atacaron la caravana”.
Para la abogada es preocupante el actual contexto político en Oaxaca, el regreso el PRI al gobierno del Estado y también el reciente nombramiento de Rene Juaréz Cisneros, político priista y exgobernador de Guerrero, nombrado el día de ayer como nuevo subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación lo que podría influir en el desenlace de los juicios de las cinco personas hasta ahora detenidas y en si se efectúan o no las ocho detenciones que quedan pendientes.
Omar Esparza asegura que hasta la fecha el actuar de las autoridades de Oaxaca y del Gobierno Federal se debe a la presión de ambas familias y la solidaridad internacional, particularmente del gobierno finlandés que en cada diálogo parlamentario y ante la Unión Eropea no ha dejado de exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos ocurridos contra Bety y Jiry. “De nuestra parte hemos llevado todo el cause legal, lamentablemente, la simulación de justicia en el caso es evidente, si el gobierno hubiese querido hacer justicia, lo habría hecho desde hace mucho tiempo, aun así seguiremos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que los asesinatos no queden impunes.
