El 18 de octubre el presidente Guillermo Lasso, en cadena nacional, firmó el Decreto Ejecutivo 224 en el que se dispone que las Fuerzas Armadas actúen en las calles de todo el país, con la justificación de grave conmoción social y delincuencia organizada.

Este Decreto responde al contexto en el que el gobierno, a cuatro meses de su posesión, ha sufrido una crisis carcelaria que ha dejado más 130 muertes en las cárceles de todo el país; también el escándalo de los “pandora papers”, donde el presidente es uno de los involucrados en paraísos fiscales. La debilidad política que ha demostrado el gobierno de Lasso, que no ha podido llegar ni al más mínimo acuerdo con los actores políticos representados en la Asamblea Nacional y mucho menos con los actores sociales, ha llevado a que la única solución posible sea la violencia legalizada y legitimada por parte del Estado hacia los sectores empobrecidos y racializados, que en sus cuerpos encarnan el despojo y la sospecha.

El gobierno de Ecuador está demostrando con este accionar —muy parecido a las dictaduras de los años 70 y a los gobiernos contemporáneos de Colombia, Brasil, Chile y México— que la utilización del discurso de la seguridad, para instaurar el miedo justificando la militarización de los barrios, comunidades y territorios como mecanismo de control, es su estrategia para mantenerse en el poder. Mucho más en este contexto de pandemia, donde la crisis se ha agudizado generando la precarización de la vida; y teniendo en cuenta la reciente historia de los estallidos sociales en el Abya Yala (entre el 2019 y 2021), que demostraron la capacidad movilizadora y espontánea de los pueblos frente al despojo.

En este escenario, el Estado ecuatoriano, siguiendo el guión de la guerra contra la delincuencia y el narcotráfico, está normalizando la presencia y la represión por parte de las fuerzas del orden, garantizando la impunidad al querer instaurar un sistema de defensa a todos los abusos militares y policiales.

Ante esto es urgente que desde el movimiento social nos pensemos el Estado de excepción más allá de la movilización, sino en el cotidiano de la vida, donde las poblaciones más empobrecidas seremos las más afectadas.