Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge, denuncia que la modificación del Código Penal en la que trabaja el Gobierno central va en contra de la legalidad y está lejos de ser justa, ya que considera que denunciar a una persona inmigrante en situación administrativa irregular que acuda a una consulta médica contribuye a la criminalización del colectivo. Además, cree que con medidas como esta se va a conseguir aumentar la distancia entre las personas, visibilizando a la población inmigrante como responsable de una crisis social y económica que no ha provocado. Mikel Araguás sostiene que la experiencia de otros países vecinos ha demostrado que estas iniciativas hacen retroceder tras años de defensa de los derechos fundamentales.
Hasta dos años de cárcel podría sufrir una persona que ayude a una persona inmigrante en situación administrativa irregular. Así se recoge en el anteproyecto de modificación del Código Penal en el que trabaja el Gobierno central. Las penas podrían ir dirigidas a ciudadanos particulares y a organizaciones e instituciones que den servicios de asistencias a este colectivo.
También podrían ser penalizadas las personas que contribuyan mediante el alquiler de una habitación o den de comer a una persona inmigrante en situación administrativa irregular.
