Este lunes 21, a las 8 de la mañana llegarán los papás de los niños y las niñas de la escuela primaria bilingüe Raúl Isidro Burgos para sacar la tierra, arreglar las tablas y colocar las láminas de los dos salones improvisados con que cuentan desde hace 10 años.  Hasta el momento son 85 alumnos y alumnas de familias migrantes provenientes de las comunidades Na savi de Atzompa y Yuvinani, municipio de Metlatónoc; San Rafael, Tierra Blanquita y San Lucas municipio de Cochoapa el Grande y  San Vicente Amole municipio de Copanatoyac.

Varios papás y mamás trabajan como jornaleros en los campos agrícolas de Morelos y Sinaloa. Con el tiempo lograron hacerse de un solar en terrenos pedregosos del ejido de Tlapa. Con muchos esfuerzos lograron asentarse en un desfiladero que han podido arreglar a pico y pala para fundar la colonia san Isidro, que se ubica al sureste de Tlapa, en la salida a Metlatónoc. Sobre lo que fue un basurero fueron rellenando el terreno para emparejarlo y armar su casa con tablas y polines. En esta zona accidentada, que en tiempos de lluvia arrastra tierra y piedras hasta la barranca, las familias migrantes se cooperaron para comprar un terreno destinado para su escuela.

Las calles pedregosas son intransitables por lo rudimentario de sus trazos y lo accidentado del terreno. Cada ocho días esperan que llegue el agua, que siempre es insuficiente. Los piperos para subir a las colonias de la periferia cobran 250 pesos el viaje. Las familias que están sobre la barranca carecen del servicio de luz. El drenaje recién lo van a estrenar. Como ya es costumbre entre los presidentes municipales, los desechos serán arrojados en la barranca que cruza parte de la ciudad.

Para sobrevivir los esposos que no salen a trabajar como jornaleros, se emplean diariamente como peones, yendo por las mañanas al puente del río jale, para ser contratados. Las familias que se van por varios meses al corte de la caña en el estado de Morelos y al corte de jitomate y chile en Sinaloa, se llevan a sus hijos, porque es imposible sostenerlos permaneciendo en su casa. Los niños y niñas también trabajan. Después de ir a la escuela venden en las calles frutas de temporal en bolsas de plástico. Otros más trabajan en algunas tiendas de ropa y también se las ingenian para hacerse de un cajón de madera para “bolear” los zapatos en el zócalo.

Los niños y niñas no estrenarán en este ciclo escolar sus uniformes, tampoco recibirán útiles escolares. La directora ya comunicó a las mamás y papás, que remienden los pantalones y camisas de los niños para que reutilicen los uniformes. A las niñas que normalmente tejen con el apoyo de sus mamás sus huipiles, les han comentado que a cambio de su blusa que ya no les queda puedan llevar su huipil multicolor. Los tres maestros de esta escuela multigrado, que acompañan en todas las gestiones al comité de madres de familia y al delegado municipal, les han sugerido que armen otros cuadernos con las hojas blancas que no usaron de sus cuadernos anteriores. Esto mismo harán con los útiles que ya están inservibles. Nadie de los docentes sabe el motivo de por qué ya no les llegó el recibo para recibir uniformes y útiles escolares.

Con nada digno podrán iniciar sus clases los niños y niñas de esta escuela bilingüe, que es una muestra en la misma ciudad de Tlapa, de lo que pasa en la mayoría de las escuelas monolingües y bilingües de la Montaña y de otras regiones del estado. Sobre el piso de tierra, que se transforma en lodo cuando llueve, entrarán los alumnos y alumnas a sus salones. Con algunos pupitres destartalados algunas niñas o niños podrán medio sentarse. Con un pizarrón doblado y descarapelado recibirán las primeras lecciones. Sin cuadernos ni lápices nuevos no tendrán la dicha de escribir o dibujar. Sin un espacio para jugar y hacer los honores a la bandera, las maestras y el maestro se las ingenian para formar a las niñas y niños, que en cualquier descuido, corren el riesgo de desbarrancarse. Un salón rústico que fue apoyado por una asociación civil de la ciudad de México, es el salón de lujo donde despacha la directora y donde también da clases a los grupos de quinto y sexto grados.

Esta escuela no está contemplada dentro de las obras programadas para este año. A tanto insistir o más bien perseguir a los funcionarios, las madres de familia lograron arrancarle tres toneladas de cemento al secretario de asuntos indígenas, Gilberto Solano, para lo que hoy llaman la cancha de la escuela. Es el único espacio con piso de cemento con que cuenta toda la colonia para el esparcimiento de los niños y niñas, porque no hay terrenos donde puedan jugar. Ante el aguacero que pegó fuerte en la ciudad la semana pasada, elementos de protección civil dieron cuenta del lodazal que cubrió los salones de madera de la escuela. El comité de madres de familia no tuvo otra alternativa que solicitar la intervención de este centro para hacer valer su derecho, ante las autoridades competentes. La emergencia obligó a que el presidente municipal de Tlapa atendiera el caso y verificara la deplorable situación de la escuela. Serán unas láminas para cubrir los techos de los salones y 30 pupitres lo que paliará de momento un problema estructural que enfrentan las escuelas de nivel básico en el estado.

Las autoridades educativas por más que quieran empujar una reforma educativa desde el centro del poder, será imposible implementarla, no solo porque buena parte del magisterio no comparte este modelo educacional que es más administrativo que pedagógico, sino porque no existen mínimamente las condiciones materiales para echarlo a andar. No hay infraestructura educativa y la poca que existe es obsoleta. Son contadas las escuelas de las principales ciudades del estado que tengan las condiciones óptimas para proporcionar a los alumnos y alumnas una enseñanza de calidad. Es sumamente contradictoria la postura de las autoridades que desde las alturas del poder dan órdenes para implementar la reforma sin que vaya acompañada de mayor presupuesto para hacer frente a los rezagos históricos en cuanto a infraestructura educativa.

El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los funcionarios de la secretaría de educación se lo atribuyen a los cambios que se han dado con la reforma educativa, que al final todo se reduce a la reducción presupuestal y a nueva normatividad de la  que nadie tiene conocimiento. El malestar sigue acumulándose tanto en el magisterio como entre los mismos padres y madres de familia que ven reducidas sus expectativas de que sus hijos e hijas tengan mejores condiciones en su formación académica. No solo las instalaciones de las escuelas están derruyéndose, sino que los servicios básicos no funcionan. No cuentan con equipamiento mínimo para impartir las clases, materiales pedagógicos suficientes y apropiados, acceso al internet, libros y salas de computo. Todo se reduce a paliar las demandas, a sobrellevar los problemas, a proporcionar a cuenta gotas ciertos apoyos para disminuir la alta conflictividad. La falta de personal docente se sigue complicando porque ni siquiera se logra contratar a las maestras y maestros que han aprobado los exámenes. La apuesta es administrar los conflictos educativos abriendo la válvula donde la tensión es fuerte. Sin embargo, la consigna federal es imponer la reforma administrativa para maniatar al magisterio con la nueva normatividad obligándolo a negociar dentro de un nuevo escenario que tiene como telón de fondo la reforma educativa.

Ya no habrá inversiones millonarias para mejorar la infraestructura educativa o para crear nuevas escuelas, por el contrario, todo recaerá en los padres y madres de familia y los ayuntamientos. Tampoco se abrirán más plazas de acuerdo con la demanda educativa, se dosificará el número de plazas en lugares más estratégicos, ahondando la inequidad educativa y el trato discriminatorio. No habrá presupuesto para las escuelas rurales, sobre todo,  las que se ubican en lugares apartados, porque desde la lógica empresarial son incosteables. Todo tiene que racionalizarse y reducirse de acuerdo con los nuevos parámetros de la educación neoliberal. Habrá inversión educativa donde se garantice que habrá capital humano que retribuya en el nivel superior el dinero invertido. En este modelo educativo no existe la perspectiva del derecho humano a la educación, mucho menos el sentido ético de la justicia social. Por lo mismo, los presupuestos no serán equitativos, ni retribuidos con justicia  para achicar la desigualdad. El capital que demanda acumulación de ganancias no permite que se invierta donde se requiere tener un compromiso ético con las poblaciones depauperadas, que están demandando atención básica a sus demandas y que implica destinar recursos financieros donde es urgente emparejar el piso de la desigualdad.

Esta situación obliga a que los ciudadanos y ciudadanas luchen para que el paradigma de la educación conlleve el principio ético de la justicia social, porque la calidad educativa y las escuelas al 100 lo único que están generando en nuestro país, es que se profundice la brecha entre una población mayoritariamente excluida y analfabeta con una minoría empresarial y de un reducido grupo político, que acaparan los recursos públicos y se enriquecen a costa de las niñas y niños pobres que no tienen salones, pupitres, uniformes ni cuadernos para escribir justicia en sus libros de texto.