El proceso legal que enfrenta Nestora Salgado García se encuentra en una fase definitiva. Las probabilidades de que la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, sea liberada son altas. Aunque su defensa no se atreve a hablar de una fecha de excarcelación, lo que dependería de “los tiempos judiciales”, asevera que nunca antes el caso había atravesado por una etapa similar en términos procesales.
El futuro de Nestora Salgado podría definirse entre el 6 y el 13 de enero próximos, días en que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero sesionará. Mantenerla recluida, situación en la que ha permanecido durante los últimos dos años y cuatro meses –primero, en una cárcel de alta seguridad, en condiciones de absoluto confinamiento; luego, en la celda A-3 de la Torre Médica Tepepan–, o abrir la vía jurídica para lograr su libertad. Sobre esta materia decidirán los magistrados.
“Consideramos que hay suficientes elementos para que se dicte una resolución favorable”, dice Leonel Rivero Rodríguez, quien hace un año asumió la defensa de Nestora Salgado.
Desde su oficina, ubicada en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, el litigante explica que en 2014 se promovió un amparo que busca eximir a su defendida del delito de secuestro agravado que enfrenta bajo la causa penal 05/2013, al probar que las detenciones que la mujer de origen indígena realizó fueron en ejercicio de su cargo de comandanta de la Policía Comunitaria, órgano de seguridad y justicia que tiene sustento en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Al respecto, detalla, se han presentado ante los tribunales correspondientes pruebas diversas, entre ellas: un documento que acredita que la Policía Comunitaria de Olinalá es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); dos oficios, uno a cargo del presidente municipal de Olinalá y otro de un ministerio público, en los que los funcionarios se dirigen a Nestora Salgado como comandanta del órgano ciudadano; y una pericial en antropología jurídica que aporta elementos sobre la concepción de los sistemas normativos indígenas, incluidos los de justicia.
Si el incidente de apelación resulta favorable, éste podría desatar un “efecto en cadena” sobre las otras dos causas penales (la 196/2013 y la 48/2014) que pesan sobre la madre de tres hijas, ya que el delito que se persigue es el mismo, al igual que la argumentación, sostiene Leonel Rivero. Y agrega: “En este caso no se trata tan sólo de un precedente, sino que al ser emitido por una autoridad del mismo fuero y de la misma sede judicial, evidentemente tendría una mayor fuerza vinculatoria”.
En una nota difundida por La Jornada el pasado 4 de enero, “fuentes del Poder Judicial de la Federación” advierten al reportero que en caso de que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero se pronuncie por la absolución de Nestora Salgado, su libertad podría demorar como consecuencia de las tres órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en su contra. Al respecto, Leonel Rivero precisa que dichas órdenes ya fueron impugnadas de manera específica por medio del recurso de amparo.
Dos elementos que podrían contribuir a la libertad de Nestora Salgado
Que la Fiscalía General del Estado de Guerrero se desista de las acusaciones que pesan sobre Nestora Salgado, es otra de las vías para lograr su liberación. Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien del 14 de diciembre de 2014 al 26 de noviembre de 2015 estuvo al frente de esta dependencia, se negó en todo momento a ejercer esta facultad. Sin embargo, a partir del 10 de diciembre pasado, un nuevo personaje encabeza la dependencia estatal: se trata de Javier Ignacio Olea Peláez, penalista desde hace más de 40 años.
Al menos en términos de formación, Javier Olea tiene los conocimientos para advertir las graves deficiencias y violaciones que han caracterizado los procesos en contra de la líder indígena, considera Leonel Rivero. Así, a partir de los precedentes que los magistrados de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero asienten en los próximos días, este hombre podría “concluir que hay elementos suficientes para desistirse de la acción penal”.
Además del recurso de amparo que busca eximir a Nestora Salgado del delito de secuestro en relación a la causa penal 05/2013, su defensa solicitó formalmente la anulación de este proceso, ya que a la hora de rendir la declaración preparatoria, ella no fue advertida sobre su derecho a la asistencia consular, no obstante que las autoridades a cargo conocían de su doble ciudadanía: mexicana y estadounidense. Leonel Rivero precisa que aunque este recurso no se resolverá en lo inmediato, constituye una carta más a considerar.
El abogado destaca la importancia que reviste el proceso 05/2013 respecto de los otros dos que enfrenta Nestora Salgado. Sostiene que es el más emblemático, y de ahí la importancia del fallo próximo a emitirse.
El también integrante de la organización civil Defensa Estratégica en Derechos Humanos menciona algunas de las características que dan especial significado a esta causa penal: que es la más famosa; que las denunciantes son las tres adolescentes ingresadas al sistema reeducativo de la CRAC a petición de sus propios mentores para, así, evitar que siguieran enganchadas por un grupo dedicado a la trata de mujeres; que es el “caballito de batalla”, es decir, la que ha representado más obstáculos para la defensa, en particular, como consecuencia del actuar de María Leonor Arroyo Mojica, jueza primera de Tlapa, quien hasta hace poco era la encargada del caso.
A finales del año pasado, sin embargo, a petición expresa de los abogados y familiares de Nestora Salgado, la funcionaria fue removida de su encargo, hecho que, a decir de Leonel Rivero, resultó favorable en el sentido de que “se ha logrado que el proceso avance de una manera más expedita”.
Contra Nestora: tres causas penales, tres órdenes de aprehensión y tres averiguaciones previas
Cuando Leonel Rivero decidió asumir la defensa de Nestora Salgado, oriunda de Olinalá, Guerrero, aún no conocía la verdadera complejidad del caso. Relata que en un principio supo de la existencia de una resolución favorable en el fuero federal y de dos procesos penales radicados en la jurisdicción estatal.
Sin embargo, a partir de la revisión del expediente y de diversos encuentros con servidores públicos, fue percatándose de la realidad. Sobre la mujer de cabellera prominente pesan tres causas penales por el delito de secuestro agravado que involucran en total a 53 presuntas víctimas; tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, mismas que están cimentadas en “mentiras” y “absurdos” (en Ayutla por secuestro agravado, en Huamuxtitlán por homicidio calificado y lesiones, y en Tlapa por robo y privación de la libertad); y tres averiguaciones previas que pudieran desembocar en el mismo número de órdenes de aprehensión.
En este contexto, el trabajo de litigio ha sido arduo. Además porque otras cuatro personas, organizaciones o despachos jurídicos han ejercido en distintos momentos la defensa legal de Nestora Salgado.
El abogado refiere, además de las acciones ya mencionadas, que respecto de los tres procesos jurídicos que pesan sobre la líder indígena, se ha logrado acreditar su doble nacionalidad; que la autoridad contemple como prueba los careos con las presuntas víctimas, mismos que, sin embargo, no han logrado desahogarse; e interponer un juicio de amparo en contra de los estudios sicológicos que se le practicaron a Nestora Salgado para determinar su perfil criminalístico, hecho que es ilegal.
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