Ciudad de México | Desinformémonos. El estado de Sonora vive una crisis de gobernabilidad, de violencia y de salud. La enfermedad del COVID-19 está totalmente desbordada en la tribu Yaqui, cuya población se encuentra sin tratamiento ni medicinas, con la esperanza de que sus hierbas medicinales puedan aliviarlos. 

A pesar de que la comunidad de Vícam es un fuerte foco de contagio, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará a la comunidad el próximo 28 de septiembre para «pedir perdón». La enfermedad, dice en entrevista Mario Luna, integrante de las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam de la tribu yaqui, inhibe a la tropa a asistir y participar.

«En la actualidad el pueblo yaqui está viviendo una nueva embestida, que intenta inhibir las voces discordantes al interior y exterior de la comunidad que han denunciado diferentes actividades de despojo, como la desviación del agua del río Yaqui y la intervención en nuestra soberanía territorial, lo que ha derivado en hostigamientos y desapariciones forzadas», explica Mario Luna. 

El despojo contra la tribu, añade Luna, se da en un marco del impulso a los «proyectos de desarrollo», la construcción de la súpercarretera (aunque, ya construida, tienen muchos problemas que aún no se resuelven) y a la minería. Tan sólo la Cartografía Minera de la Secretaría de Economía revela que hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México en esa región. 

Vícam es uno de los ocho pueblos que componen la tribu yaqui (Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis, Belem, Bácum y Cócorit), junto con 56 comunidades. Estas localidades se encuentran a la orilla del río Yaqui, principal abatecedor de agua de las comunidades que atraviesa las sierras y valles de Chihuahua y Sonora.  

Para las comunidades el desvió de las aguas del río significa el aniquilamiento de una forma de vida en esa geografía, ya que es un «dador de vida» que tiene escurrimientos superficiales los 365 días del año. En los últimos años, se ha desviado su cauce rumbo a la ciudad de Hermosillo, a las empresas mineras y otras regiones al pueblo Yaqui, a través del acueducto Independencia, proyecto de despojo sin Manifiesto de Impacto Ambiental que continúa a pesar de siete amparos vigentes.

Mario Luna señala que los amparos se interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar que se siga robando el agua. Estos amparos también obligan al Estado mexicano a realizar consultas reales, y hasta medidas cautelares tienen algunos de sus representantes.  

Ahora, nuevas amenazas de megaproyectos se impulsan en el territorio, como la explotación de litio y gas natural, alerta Mario Luna, «ya que es una orden del presidente que se lleven a cabo, y se transporte el gas natural». 

Plan de Justicia del Pueblo Yaqui 

Para las comunidades yaqui, que han vivido guerras de exterminio desde la mitad del siglo XIX hasta la fecha por diferentes colores de gobiernos en turno, resulta actualmente contradictorio el discurso del ejecutivo federal para pedir perdón cuando se vive la muerte en el territorio. 

Uno de los nuevos elementos de la legitimidad para el despojo, expone Mario Luna, se ubica en los discursos federales y locales del gobierno y sus instituciones de «resarcir daños y hacer justicia al pueblo yaqui en medio del despojo, hostigamiento, acoso, desaparición y encarcelamiento», con un recrudecido avance del crimen organizado en la región, que aceleran el saqueo del agua, tierra y territorio y un alejamiento de la tan anhelada justicia del pueblo yaqui.  

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció en agosto del 2020 el «Plan de Justicia del Pueblo Yaqui», en el que se establecen «mesas de trabajo» sobre temas de tierra, agua, salud e infraestructura social entre algunas autoridades yaqui y el gobierno federal. Este acuerdo también conlleva el «perdón» del ejecutivo al pueblo yaqui para este 28 de septiembre. 

Con «bombos y platillos» se anuncia el «Plan de Justicia del Pueblo Yaqui», cuando en los últimos meses se recrudecieron los ataques a la tribu: el 27 de mayo pasado secuestraron a Tomás Rojo Valencia y el 17 de junio fue encontrado asesinado en una fosa muy cerca de la comunidad de Vícam; y el 14 de junio diez integrantes de la guardia de vigilancia fueron secuestrados cuando salían de la comunidad de Loma de Bácum, y hasta el día de hoy siguen desaparecidos. Todo ello en el marco de la visita presidencial. 

Una mesa de negociación, “un tianguis de llévese lo que quiera, de lo que te ofrezco” 

Existe una necesidad verdadera de crear un Plan de Desarrollo para el pueblo yaqui con todos los integrantes y pueblos, explica Mario Luna. Un Plan de Desarrollo, dice, que no sea “un tianguis” que oferta planes y programas sin criterios técnicos, económicos, políticos y culturales. 

Tal es el caso del agua, por el que que se pactó el distrito de riego 018 para la tribu yaqui con extensión territorial. Sin embargo, acota Luna, no hay un estudio que diga cuánto se destina para la agricultura o si existen sitios sagrados. «Sólo se hizo la propuesta y así se trabajó», acusa. 

«Se tienen trampas que nos pudieran meter con estas propuestas, como en el caso de las concesiones. Se tiene que crear una figura jurídica para poder administrar el distrito de riego 018, y es donde se debe tener mucho cuidado, ya que en la ley de aguas nacionales se tiene que crear concesionarias. La tribu yaqui tiene la titularidad sobre el agua, y dar pasos atrás históricamente no es lo correcto», explica el defensor en Vícam. 

A finales de agosto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dio a conocer que autoridades tradicionales de algunos pueblos de la tribu yaqui y el gobierno federal firmaron un acuerdo para crear el distrito de riego 018 que, decían, “será transferido al pueblo yaqui para su administración, uso y disfrute colectivo”. Este convenio responde a un Acuerdo Presidencial de 1937 y a una resolución emitida por el general Lázaro Cárdenas del Río. 

«Se ha construido una relación con el Estado mexicano pero no es nada fácil. Lo seguimos intentando, ya que es una coyuntura que podemos aprovechar en beneficio de la tribu, pero también podemos caer en lo mismo de siempre, que no exista ninguna diferencia entre las antiguas administraciones que vinieron a dorar la píldora y a validar los despojos a cambio de espejitos”, señala Luna. 

El defensor asegura que «se tiene que estar bien despierto para que esto no suceda así», así como se deben respetar todos los amparos interpuestos por la tribu y el derecho al agua. «El acueducto Independencia es una demanda irrenunciable que se cancele», sentencia el activista yaqui. 

La Asamblea y las decisiones que beneficien a todos 

La tribu yaqui toma decisiones en forma consensuada para poder tomar una decisión, que afecte o beneficie al pueblo. Se tiene que hacer una asamblea en cada pueblo en donde las estructuras tienen que presentarse y ejercer su derecho a opinar en un lugar culturalmente adecuado. 

«Cuando hablamos de territorio estamos hablando no nomás de la tierra o el agua. Estamos hablando de todos esos mundos que coexisten ahí. Estamos hablando del monte, de la noche, del día, estamos hablando de la fauna, de la flora, de nuestros ancestros, de nuestros caídos, todo ello habla de una atmósfera particular que nosotros llamamos el territorio», explica Mario Luna. 

Sin embargo, apunta que al proponer planes y proyectos con criterios meramente económicos y políticos se rompe «lo que nos mandatan nuestros juramentos, nuestros protocolos al tomar cargo». «Nosotros, nuestras autoridades, somos la voz de los que no tienen voz y tenemos que hablar por todos en esta gama de factores que intervienen en el territorio. Y es por ello que lo que diga y haga tiene que ser culturalmente adecuado para el pueblo, que ello se finque en tierra firme y no en el aire, y no realizar proyectos que van a terminar en el fracaso». 

Para la tribu yaqui, explica Luna, «el agua es todo», pues es el elemento conductor de todos los factores que intervienen en el territorio, «en lo que se ve y no se ve». Es algo más allá de un elemento de producción o de un elemento que se pueda ver como mercancía, «es el elemento del alma y de lo físico».

Si el gobierno quiere incidir y marcar la diferencia entre un antes y un después, López Obrador debe escuchar al pueblo y no centrarse en 45 firmantes que se reúnen con un grupo de técnicos y promotores y que «finalmente no representan a la comunidad ni están en condiciones de opinar por la comunidad, ya que anteponen sus propios intereses a los intereses de las familias y ciudadanos que integramos el pueblo Yaqui», finaliza Mario Luna.