Foto: David F. Sabadell / El Salto
Ciudad de México | Desinformémonos. La empresa española Enagas, a pesar de que fue denunciada por violar los derechos de los pueblos al imponer el gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), aseguró que sus trabajadores «han dado cumplimiento al contrato para la construcción del gasoducto que tenían y que cualquier tipo de violación de derechos humanos que se ha cometido durante la obra es ajena a su responsabilidad», informaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), entre otras organizaciones.
De acuerdo con los integrantes del FPDTA y OMAL, Enagas se deslindó de las violaciones cometidas contra las comunidades indígenas de Puebla, Morelos y Tlaxcala luego de que se solicitara una reunión con la dirección de la empresa y la puesta en marcha inmediata de medidas para frenar la violación de los derechos humanos, «como su retirada del proyecto, su renuncia a presentar litigios en tribunales de arbitraje internacional y la reparación del daño causado a las comunidades afectadas».
Entre las violaciones, los defensores del territorio mencionaron la omisión de las recomendaciones de las autoridades mexicanas para evitar el riesgo que representa el gasoducto, al estar cercano al volcán Popocatépetl, así como que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada del proyecto.
A continuación el comunicado completo:
El pasado 5 de marzo representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala, y de diversas organizaciones sociales del Estado español, señalaron la responsabilidad de la empresa española Enagas en la violación de los derechos humanos y los impactos socioambientales que se están produciendo en el Proyecto Integral Morelos (México). La citada compañía y Elecnor han obtenido la concesión para construir una parte de este proyecto gasísitico, en concreto, el gasoducto Morelos.
La compañía de gas recibió una carta de denuncia directamente en sus oficinas y a través de medios digitales donde se señalaba su responsabilidad en la violación de derechos humanos como, entre otros, el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que está en la legislación internacional; la omisión de las recomendaciones de las autoridades mexicanas para evitar el riesgo que tiene la obra, dada su proximidad al volcán activo Popocatepetl; impactos ambientales en la construcción del gasoducto; la militarización de la obra y la criminalización de las defensoras y defensores del territorio que se oponen al proyecto; la realización de amenazas y el uso ilegal de firmas para legitimar el desarrollo de la obra. La situación de violencia que se ha profundizado a raíz del proyecto fue el escenario en el que se produjo el asesinato de Samir Flores, defensor del territorio y miembro de FPDTA-MPT, el 20 de febrero de 2019.
Por todo ello, se exigía una reunión con la dirección de la empresa y la puesta en marcha inmediata de medidas para frenar la violación de los derechos humanos como su retirada del proyecto, su renuncia a presentar litigios en tribunales de arbitraje internacional y la reparación del daño causado a las comunidades afectadas.
La respuesta que se ha recibido es señalar que han dado cumplimiento al contrato para la construcción del gasoducto que tenían y que cualquier tipo de violación de derechos humanos que se ha cometido durante la obra es ajena a su responsabilidad.
A pesar de estos argumentos, que son los que suelen emplear las compañías transnacionales para desvincularse de los daños que causa por obras contratadas por el Estado y por sus filiales, proveedores y contratistas, la realidad es que sí tiene responsabilidad. Pues la empresa no está tomando en cuenta el principio de debida diligencia que debe guardar en materia de derechos humanos.
Así lo reconoció el Punto Nacional de Contacto, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para la denuncia que se hizo al Grupo Cobra (ACS) por sus impactos en la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Guatemala:
“Se recuerda a la empresa española objeto de la queja que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son muy exigentes en materia de debida diligencia, de tal forma que la posición de contratista no exime a la empresa española del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad en el país de destino. Es más, tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla e instarle a cumplirlos en caso de detectarse incumplimientos”.
La empresa no puede desentenderse de su responsabilidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos que ha causado su inversión, participación y concesión que tiene sobre el Gasoducto Morelos, el cual pretende operar en zona de peligro volcánico. En ese sentido, volvemos a exigir, de nuevo, la reunión con la dirección de la compañía, una vez finalice la situación de emergencia por el coronavirus, su retirada del proyecto y la reparación del daño causado.