Ciudad de México | Desinformémonos. «La profundización de la violencia en México trasciende cada periodo sexenal, mientras que el gobierno en turno desestima la alarmante realidad», que rebasa «los discursos matutinos e informes oficiales», denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT).
Las organizaciones que integran la Red señalaron que tan sólo en los que va del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se han pronunciado por cuatro casos que señalan al Estado mexicano «como responsable de flagrantes violaciones a derechos humanos», en contextos en los que «la delincuencia organizada ha cooptado las esferas de la institucionalidad», pues actúa «en colusión con el sector empresarial y el poder político local».
En enero de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares para tres casos de defensores y comunidades en riesgo en México. El primer caso es el de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores del territorio en Aquila, Michoacán, que luchaban contra la minera Ternium y fueron desaparecidos el pasado 15 de enero.
El segundo caso es el de la comunidad rarámuri de Cerocahui, en Chihuahua, donde en junio de 2022 fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas por el crimen organizado, sin que hasta la fecha haya justicia y se haya garantizado la seguridad para la comunidad jesuita y la población indígena.
Finalmente, el tercer caso es el de la defensora Pascuala López y su familia, a quienes la CIDH otorgó medidas cautelares por las amenazas, hostigamiento y agresiones que han sufrido por parte de un grupo armado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Estos tres casos, señaló la Red TDT, son «geográficamente distantes, pero no distintos en México», pues todos «representan largos procesos de ejercicio y defensa de derechos humanos en contextos en los que la delincuencia organizada ha cooptado las esferas de la institucionalidad, en donde la realidad rebasa los discursos matutinos e informes oficiales y los recursos internos que ofrece el Estado Mexicano han sido agotados e insuficientes para dar respuestas a familiares, comunidades y colectividades que exigen justicia y verdad en este país».
De acuerdo con la Red, los tres casos tienen en común la «tardía e ineficiente acción del Estado mexicano» para brindar medidas de protección urgentes e integrales ante situaciones de riesgo, la falta de implementación de mecanismos eficaces para la investigación, prevención, protección y justicia, así como la obstrucción al acceso a la justicia, nula reparación del daño y la falta de garantías de no repetición, entre otros puntos.
«En un contexto en donde la macrocriminalidad ha ganado terreno y la colusión de autoridades agrava la inseguridad y la impunidad, el derecho a defender derechos humanos en México es un ejercicio que se desarrolla en escenarios de alto riesgo», concluyó la Red.
A continuación el comunicado completo:
La profundización de la violencia en México trasciende cada periodo sexenal mientras que el gobierno en turno desestima la alarmante realidad. En lo que va de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se han pronunciado por cuatro casos que señalan al Estado Mexicano como responsable de flagrantes violaciones a derechos humanos.
Medidas cautelares otorgadas por la CIDH
Durante enero de este 2023 la CIDH otorgó medidas cautelares para tres casos de personas defensoras y comunidades en riesgo: 1) Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia en Michoacán; 2) la comunidad jesuita de Cerocahui en Chihuahua; y 3) Pascuala López y su núcleo familiar en Chiapas.
Tres casos geográficamente distantes, pero no distintos en México, que representan largos procesos de ejercicio y defensa de derechos humanos en contextos en los que la delincuencia organizada ha cooptado las esferas de la institucionalidad, en donde la realidad rebasa los discursos matutinos e informes oficiales y los recursos internos que ofrece el Estado Mexicano han sido agotados e insuficientes para dar respuestas a familiares, comunidades y colectividades que exigen justicia y verdad en este país.
Los casos representativos por los que se ha pronunciado la CIDH tienen al menos cinco elementos comunes a destacar:
- La tardía e ineficiente acción del Estado Mexicano para brindar medidas de protección urgentes y/o integrales ante situaciones de riesgo a la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos en el ámbito comunitario.
- La falta de implementación de mecanismos eficaces para la investigación, prevención, protección y justicia con enfoque diferencial atendiendo el contexto comunitario, perspectiva de género y de pueblos originarios.
- El riesgo latente que afrontan las personas defensoras de sufrir un daño irreparable en perjuicio de su vida e integridad física al desempeñar su labor en contextos en donde los perpetradores pertenecen al crimen organizado, como agentes no estatales, pero con la anuencia y/o permisibilidad de actores estatales.
- Antecedentes de violencia que fueron denunciados previamente como hechos de desplazamiento forzado, desaparición, homicidios dolosos, ataques y amenazas que impedían el ejercicio del Derecho a Defender Derechos Humanos por quienes hoy son víctimas y/o beneficiarios de protección urgente.
- La obstrucción al acceso a la justicia, nula reparación del daño y la falta de garantías de no repetición que impiden o dificultan que se atienda de fondo las causas de la violencia estructural como fuente de riesgo permanente y origen de la violencia directa que da origen a las medidas ordenadas.
Es indicativo que en las tres resoluciones existan elementos comunes que denotan una forma de administrar la justicia desde las instancias del gobierno federal al tratarse de casos en donde se señala la participación de grupos de la delincuencia organizada en colusión con el sector empresarial y el poder político local.
Sentencia de la CoIDH
El pasado 27 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado Mexicano la sentencia con relación al caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México en el que se expresa un precedente importante para garantizar el debido proceso en armonía con lo expresado en el artículo 1o de la Constitución Política.
No obstante, las declaraciones del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre el el caso Tzompaxtle-Tecpile refuerza el mensaje de impunidad ante los resolutivos de las instancias internacionales al declarar que: “No puede haber Corte por más Interamericana que sea que cometa ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la constitución”.
Recordamos que al iniciar el año se suscitó el jueves negro en Culiacán, Sinaloa, con al menos 9 agresiones a periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, en el primer mes del año se registraron altos índices de violencia en México como el registrado el pasado 7 de enero de 2023 con un saldo de 109 personas asesinadas, siendo el día más violento del mes.
En un contexto en donde la macrocriminalidad ha ganado terreno y la colusión de autoridades agrava la inseguridad y la impunidad, el derecho a defender derechos humanos en México es un ejercicio que se desarrolla en escenarios de alto riesgo.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
