México, DF. Inmediatamente después del golpe parlamentario para destituir al presidente Fernando Lugo, “todos los medios de comunicación saludaban la llegada del golpista Federico Franco a la presidencia, como si fuese que no pasó nada en el país”. Sin embargo, “los sectores sociales y populares acordamos iniciar una resistencia pacífica pero con movilizaciones”, informa David Estigarribia, del Movimiento Universitario Popular en Paraguay.

El nuevo gobierno golpista, constituido por los históricos partidos de la derecha, “nos saludó su entrega de facto al poder con gases, balines de goma y unas cachiporras para intentar dispersar a la gente. La gente aguantó, pero para evitar el enfrentamiento porque estábamos en demasiada desventaja, se decidió levantar la movilización y conformar un Frente Nacional por la Defensa de la Democracia”.

El Frente Nacional está constituido por numerosos movimientos sociales, políticos y organizaciones campesinas, además de las participantes en el Frente Guasú (concertación de partidos de izquierda y centro-izquierda de Paraguay), que llevó a Lugo al poder.

La Televisión Pública Paraguaya, único medio que transmitía notas sobre las manifestaciones, se convirtió rápidamente en un objetivo del gobierno de Franco, al exigirle que transmitiera la información del nuevo gobierno. Miles de personas se lanzaron a una vigilia en defensa de la televisión, y hacen ahí festivales de resistencia y micrófono abierto para que la gente exprese su rechazo al golpe.

Esta resistencia no constituye en la mayoría de los casos un cheque en blanco; las organizaciones exigen el esclarecimiento de la masacre de Curuguaty y reconocen las contradicciones del luguismo. Declara la Conferencia de Religiosos del Paraguay: “Vemos en la raíz de estos hechos la complicidad de los tres poderes del estado, en el abandono de una reforma agraria integral, en no haber enfrentado el problema de la distribución de la tierra, sometida hasta ahora al acaparamiento, a la irregularidad, a la posesión malhabida; en el encubrimiento sistemático de estos problemas por parte de la justicia y el parlamento”.

A la vez, los religiosos denuncian la manipulación de los hechos “por sectores que buscan sacarprovecho político, réditos de impunidad y de mantenimiento de un estado de cosas que favorece a sus intereses personales o corporativos”, y consideran que la destitución de Lugo es “una grave afectación al proceso legítimamente instaurado por elección popular,como si esta fuera la salida a nuestros problemas y como si hubiera una responsabilidad unilateral de los hechos graves que atentan contranuestra convivencia”.

Las organizaciones sociales reconocen en los parlamentarios golpistas a quienes “históricamente legislan en contra del pueblo y orientan todas sus acciones en detrimento del sector popular y a favor del capitalismo, que se traduce en el agronegocio, en defender los intereses de la oligarquía mafiosa y las corporaciones extractoras de bienes naturales”, denuncia la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI). En ese marco, exigen “el restablecimiento del proceso democrático”.

Los antiguos aliados de Lugo son quienes le juzgaron y destituyeron, y ahora detentan el poder. Yvy Sakupai ejemplifica: “El nuevo ministro del interior, Carmelo Caballero, fue uno de los ex viceministros del Ministerio del Interior de Lugo hasta el 2011, gente formada en el marco del Plan Colombia, hijo mimado de la embajada de los Estados Unidos, férreo propagador de la persecución al Ejército Paraguayo del Pueblo, y cuyas acciones han masacrado a unos cuantos de sus adherentes, entre ellos campesinos inocentes”.

En ese tenor, se critica la actuación de Lugo en dictar la Ley Antiterrorista, fuertemente criticada por las organizaciones de derechos humanos, la asesoría contrainsurgente que le proporcionaba el gobierno de Colombia, el uso del Estado de excepción en el norte del país, sus “tímidas” reformas y su alianza con los derechistas partidos Colorado y Liberal.

También reconocen los intereses que están detrás del golpe. Denuncian el desplazamiento poblacional generado por los agronegocios y la ocupación territorial a través de la hidroeléctrica Itaipú, que con su construcción desplazó a 34 comunidades Avá Guaraní que ahora se han convertido en “parias en su propia tierra” y deambulan en las ciudades buscando comida. El gobierno golpista, denuncian, en connivencia con empresas como Cargill y Monsanto, ya amenaza con reforzar los acuerdos migratorios que fomentan la dotación de tierras malhabidas a los brasiguayos (migrantes brasileños que “sí trabajan”, a decir de la derecha local), que resultan ser las tierras más ricas, con mayor biodiversidad y donde se encuentra el acuífero guaraní.

Los religiosos sospechan: “Nos da quepensar que con todo esto, no casualmente, desaparezcan del horizontelos cuestionamientos que han surgido de la ciudadanía a las listas sábanas, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte, lostímidos avances para la implementación del impuesto a la rentapersonal”, y denuncian que los hechos se usan “para crear un clima de inestabilidad, para estigmatizar a campesinos y criminalizar sus organizaciones, para exasperar a policías y militares, instaurando un ambiente de terror para disuadir y desmovilizar a los ciudadanos indignados”.

El Frente de resistencia llama a los paraguayos y a las organizaciones de otros países a que “se manifiesten pacíficamente contra el quiebre institucional y democrático en el Paraguay”, pide Estigarribia. Y concluye: “La única salida que tenemos es fortalecer nuestras organizaciones, profundizar las articulaciones con organizaciones hermanas, formarnos políticamente, pero también estratégicamente”.