En lo que va de la gestión de Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca a partir del 1 de diciembre de 2010, las organizaciones de la sociedad civil en la entidad han documentado 66 encarcelamientos por motivos políticos, 415 feminicidios y 79 ejecuciones de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, el proceso de alternancia política que llegó a Oaxaca en 2010, tras 80 años de gobiernos priistas, trajo consigo la aprobación de diversas reformas e instancias que, sin embargo, no han impactado de manera tangible en favor de los derechos humanos de la población. Contrario a ello, las violaciones a estos derechos se incrementan en la entidad y el tema de la impunidad se vuelve cada vez más preocupante.

Ejemplo de ello, son los crímenes cometidos en 2006 en contra de integrantes del movimiento social agrupado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, además de los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y la violencia feminicida (forma extrema de violencia de género contra las mujeres, conformada por el conjunto de conductas misóginas que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres), precisan quienes integran esta asociación civil feminista.

A partir de las elecciones de junio 2015, Oaxaca vive un estado de excepción de facto, como consecuencia del arribo masivo e ilegal de elementos de la policía federal, la Gendarmería y ejército, mismos que a la fecha permanecen en territorio oaxaqueño en un intento de inhibir la movilización magisterial frente a la llamada Reforma Educativa.

Aunado a ello, se genera un clima hostil hacia la sociedad en general, y de incertidumbre, persecución y criminalización hacia integrantes del movimiento social y magisterial.

Oaxaca: híbrido de impunidad, crisis, maquillaje y simulación institucional

Estado de excepción de facto, crisis de derechos humanos, altos niveles de impunidad, política de maquillaje institucional y simulación de la alternancia. Bajo estas rúbricas, Yesica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, caracteriza la situación que actualmente se vive en el estado de Oaxaca.

La defensora comenta que el tema de la alternancia de 2010 en la entidad generó cierta expectativa respecto de la posibilidad de cambio, situación que jamás ocurrió. Y es que, explica, en los hechos, Gabino Cué mantiene un pacto con la administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, para la gobernanza. “La alternancia es simulada pues hay una intromisión real del gobierno federal en las decisiones emprendidas por el gobierno de Cué”.

En este sentido, continúa la feminista, el discurso político de protección a los derechos humanos que ha sostenido la administración local resulta falaz, ya que a pesar de la creación de instancias como la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social (que opera con poco presupuesto y personal), éstas no logran concretar su mandato, lo que se traduce en el incremento de las violaciones a los derechos humanos de personas activistas y defensoras y de la población en general.

Ante la ineficacia de su labor, el gobierno de Gabino Cué ha optado por instrumentar una “buena política de maquillaje de la situación real”, con nombramientos como el Eréndira Cruz Villegas, al frente de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos.

Respecto del tema de la impunidad, Yesica Sánchez alude a la expectativa que pesa la Comisión de la Verdad de Oaxaca, creada para investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en 2006 en la entidad: ¿Qué pasará en febrero o marzo de 2016 cuando la Comisión rinda su informe, si hasta ahora los responsables de los hechos, entre ellos el exgobernador Ulises Ruíz, no han sido juzgados ni castigados?, ¿Cuánto podrán maniobrar los miembros de la Comisión para que sus hallazgos sean reconocidos y asumidos oficialmente?, se pregunta.

El periodo electoral que se avecina (en junio de 2016, se renovarán la gubernatura, el Congreso y las presidencias municipales en Oaxaca) alarma particularmente a la defensora, quien manifiesta: “Existe una preocupación por lo que esto implica en materia de vulnerabilidad y riesgo para personas activistas y defensoras, y para los líderes sociales focalizados. Tememos que se desaten los ajustes de cuentas que caracterizan los finales de sexenio”.

Yesica Sánchez destaca la labor que la sociedad civil oaxaqueña desempeña frente a este panorama por demás adverso. “Su rol es de equilibrio, vigilancia y documentación para la generación de los insumos que permitan visibilizar la otra cara de la moneda. Pero sus aportes van más allá de la elaboración y presentación de informes. Ante la inacción u omisión deliberada de los funcionarios, es la sociedad civil quien asume, en muchos casos, las labores que competen al Estado”.

Un ejemplo de ello es el acompañamiento que brindan a las personas activistas o defensoras que como consecuencia de su labor han sido agredidas y, por tanto, cuentan con medidas de cautelares de algún tipo. Aun así, haciendo el trabajo que corresponde a las instancias de gobierno, la gestión en torno a la aplicación de estas medidas representa una experiencia desgastante, en la medida en que el Estado en su conjunto “dilata y obstaculiza” estos procesos.