Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) participaron en más de 3 mil 500 enfrentamientos armados en los cuales ejecutaron a más de 4 mil civiles.

Por cada militar muerto en los enfrentamientos que se registraron entre 2007 y 2014, 19 civiles perdieron la vida. En tanto, por cada miembro de la Marina fallecido entre 2012 y 2014, 21 civiles fueron asesinados.

Este índice de letalidad de aproximadamente 20 civiles asesinados por cada elemento castrense muerto en enfrentamientos, sugiere “que la fuerza letal se está usando más de lo necesario”.

Ayer, durante la audiencia con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington, organizaciones civiles de México expusieron este panorama, que da cuenta del “patrón de ejecuciones extrajudiciales” que tiene lugar en territorio mexicano.

Se trata, como precisan en un documento, de ejecuciones a manos de las fuerzas de seguridad que ocurren sin justificación alguna, y en las que los civiles caídos son presentados, con posterioridad, como delincuentes sin investigación adecuada de por medio.

La impunidad –sólo se tiene conocimiento de una sentencia condenatoria por una ejecución extrajudicial en Nuevo León–, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública son, a decir de la sociedad civil, los factores estructurales que fomentan esta práctica.

Durante la audiencia con los expertos de la CIDH, las organizaciones mexicanas enfatizaron en la necesidad de investigar la cadena de mando en los casos de ejecución extrajudicial. Para ello, aludieron a Tlatlaya, en el Estado de México, en donde el Batallón 102 del Ejército tenía instrucción de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Otros casos que refirieron y que datan de 2014 y 2015 son los de Apatzingán, Tanhuato y Ostula, en Michoacán; el de Calera, en Zacatecas; así como al asesinato de seis personas en Iguala, Guerrero, durante los ataques a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Frente a este panorama, la sociedad civil mexicana planteó a los expertos internaciones el conjunto de acciones que el Estado Mexicano debe emprender de manera prioritaria para erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales: operar un plan programático que finalice con el modelo militarizado de seguridad pública; incorporar la investigación de la cadena de mando y la posible alteración de las escenas del crimen en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos; garantizar que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, se realice una averiguación independiente, tomando en cuenta las directrices internacionales; cumplir con las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos; garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas; y respetar la independencia de jueces y fiscales.