Tal como estaba anunciado desde semanas atrás, el 20 de julio inocultables grupos de personas salieron por todo el país a expresar su inconformidad con el actual gobierno, al tiempo que a reclamar mejor vida.

El notable descontento con el gobierno y su modelo económico/social que ebulle por todo el país alcanzó expresiones por medio de decenas de congregaciones, manifestaciones, actos culturales, marchas, de manera tan variada como lo es nuestra sociedad. Según el reporte gubernamental entregado por Daniel Palacios Martínez, ministro del Interior, en esta jornada, convocada por el Comité Nacional de Paro (CNP) tomando como fecha simbólica el 211 aniversario de la primera independencia, el país nacional alzó su voz por medio de «195 actividades de manifestación pública, 119 concentraciones, 58 marchas y 18 movilizaciones. Estas actividades se han presentado en 95 municipios de 26 departamentos…».

La jornada de protesta nacional del 20 de julio, que retoma el espíritu del paro nacional que alcanzó forma en Colombia el pasado 28 de abril y se extendió a lo largo de dos meses, fue confrontada desde el Ministerio de Defensa y todas las oficinas gubernamentales con una intensa campaña de guerra política que anunciaba que el Eln desplegaría una ofensiva en distintas ciudades del país. Según el ente oficial, los alzados en armas financiarían todo tipo de operaciones y provocaría desórdenes en medio de las marchas por realizarse. La campaña alcanzó tal intensidad que incluso desde algunos hogares se denunció que recibieron llamadas de conocidos del ejército que las invitaban a no salir el 20 de julio pues “van a suceder cosas tremendas”.

El miedo, como mecanismo de disuasión y como expresión de una soterrada guerra política que busca a todo trance que la protesta en Colombia no retome el protagomismo alcanzado en días pasados, vuelve a ganar el epicentro nacional. Antes, también pretendieron imponer igual objetivo por medio de una ofensiva “de desconocidos” que terminó con la quema de varios buses en Cali, la destrucción de parte importante de su sistema de transporte y numerosos saqueos.

En consonancia con este mecanismo de control social, en la apertura de las sesiones del Congreso de la República el presidente enfatizó en un propósito tras el cual andan hace varias semanas, al que le han buscado apoyo social y legitimidad política; un propósito para el cual estigmatizaron la protesta social como “vandalismo” y a los manifestantes como “vándalos”. Es así como Duque afirmó que nuestra sociedad debe tener claro que las manifestaciones deben ser siempre pacíficas. Según él, en clara respuesta a la CIDH en su reciente informe sobre la violación de derechos humanos en el maco de las protestas que dieron pie a su reciente visita al país, «Los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos».

Según su manera de ver el país y defender los privilegios de unos pocos, «Sabemos y entendemos que hay deudas históricas que saldar, que son muchas las frustraciones que como sociedad sentimos, pero la solución la encontramos trabajando en equipo», lo que no explicó es cómo se conformaría ese equipo ni como funcionaría, pues el que ellos siempre defienden, que es el equipo de la imposición, del autoritarismo, terminó por arrinconar al país bajo el peso de una descomunal crisis que ahora refleja mayores indicadores de empobrecidos y marginados, sin que se vislumbre una iniciativa económica y social de choque para solucionarla, una iniciativa que vaya más allá de programar medidas en beneficio del gran y mediano empresariado. Es claro que trabajar en equipo implicaría un gobierno de coalición nacional, lo cual está lejos de ser el propósito de una presidencia de ricos y en beneficio de los ricos.

Los proyectos de Ley

Como estaba proyectado, el 20 de julio el CNP dio a conocer en su totalidad los proyectos de ley elaborados a la luz de algunas de las principales demandas emanadas en los anteriores dos meses de protesta, y que de alguna manera también retoman exigencias ya incluidas en el pliego de exigencias entregadas al Ejecutivo en el 2019. La lista da cuenta de aspiraciones del país nacional, pero también de sectores sociales específicos, veamos:

1. Renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares.
2. Gratuidad universal de la educación superior pública.
3. Fortalecimiento de la red pública de salud.
4. Apoyo a la reactivación económica de la pequeña y mediana industria y la generación de empleo.
5. Apoyo para la reactivación del sector agropecuario.
6. Derogatoria del decreto 1174, de 2020, sobre el piso de protección social.
7. Acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género.
8. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
9. Reforma al estatuto de juventud, para hacer más eficaz su participación política.
10. Reforma de la Policía.

Esta iniciativa, en todo caso, deja en el aire dos aspectos que le corresponde dilucidar al activismo en general, como en particular al CNP: 1. ¿Por qué acudir al Congreso a tramitar unas demandas que desde ya se sabe no serán avaladas, y si encuentran algún eco serán reivindicadas como de la cosecha oficial. Con una inquietud más, ¿Por qué acudir a una de las instituciones más desprestigiadas del país, con la cual la sociedad no tiene empatía y sí desconfianza, para buscarle apoyo a este decálogo? ¿Al así proceder no se aportaría a su legitimidad? O será que alguién cree que “[…] ustedes –los congresistas– están convocados por la historia para ser los voceros de un país en plena transformación”, como lo afirmó Duque en la instalación de la nueva legislatura, agregando que este gobierno sordo sí escucha las “voces de la calle”.

Pero, la mismo tiempo, inquieta que otras reivindicaciones de especial afecto para las mayorías nacionales no estén allí recogidas, reivindicaciones que una y otra vez estuvieron presenten en la protesta social: el servicio público de transporte, su propiedad, tarifas y calidad; la privatización de las autopistas nacionales, uso que tiene que pagar quienes las transitan vía peajes; funcionamiento del sistema financiero, por retomar algunos temas fundamentales para las mayorías.

Las voces

Los reportes llegados desde distintos puntos del país indican que las principales manifestaciones de protesta alcanzaron realce en Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá, Popayán, Barranquilla, Pereira, Manizales, Cartagena, Montería, Valledupar. En varias de ellas la represión del Esmad propició el desorden y el ardor social, prolongado en defensa propia y en defensa del derecho a la protesta.

Represión y provocación policiva que alcanzó en Cali su mayor expresión, ciudad en la cual, en particular en el punto conocido como la Loma de la Cruz y según reporte del Canal 2, la comunidad estaba congregada de manera pacífica, con expresiones culturales, esperando la llegada de marchas procedentes desde diferentes lugares de la ciudad, cuando civiles entremezclados con la policía activaron sus armas con pretensión de asesinar. Luego el Esmad arremetió de manera demencial contra los allí reunidos, y sin reparo alguno volvieron a operar su disparador múltiple conocido como Venom, con disparos dirigidos incluso contra la humanidad de los allí congregados, evidencia de ello, como la denuncia José Alberto Tejada, director del Canal 2, un joven –de unos treinta y tantos años– al cual impactaron en su rostro, destruyendo su dentadura, pero también otro cúmulo de personas entre las cuales están sus tres “guardaespaldas”. Otros reportes confirman 19 heridos.

La pretensión, según este reportero, es la de crear condiciones política, sociales y militares para justificar la prolongación del actual gobierno más allá de su periodo constitucional. Irrespeto del derecho a la vida de los connacionales que lleva a José Alberto a pedir la cabeza de Iván Duque, “[…] que se anticipen elecciones, que la comunidad internacional presione a sus gobiernos para que no sigan vendiendo armas al colombiano…”.

Por otras fuentes también se conoce la denuncia de un joven que finalmente perdió la vida en esta desigual refriega, con una agravante: su cuerpo, secuestrado por el personal que lo atacó, aún no aparece.

Es una evidencia de represión y violencia que en otras ciudades también produjo heridos de diferente gravedad, y que según reportes oficiales también arrojó 22 personas capturas “por daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública, daño en bien público…”.

Es un nivel de violencia y represión que permite coligar que a lo largo del final de los próximos días las protestas volverán a cubrir distintos barrios, tanto de Cali, como Popayán, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y otras ciudades.

El ambiente de rebeldía popular y juvenil está vivo. Tal vez la concreción de la exigencia del director del Canal 2 de Cali sea el paliativo para dar respuesta a la misma.

Publicado originalmente en Desde Abajo