*Autoridades agrarias y comunidades afectadas retan a los empresarios que participan en la XXXI Convención Internacional de Minería a atestiguar que su “moderno modelo extractivo” no genera ni desarrollo ni responsabilidad social

Autoridades agrarias y comunidades afectadas por la minería expresan su rechazo a las leyes y acuerdos políticos, financieros y de regulación que el gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto, pretende establecer con empresarios en el marco de la XXXI Convención Internacional de Minería, que se realiza en Acapulco, Guerrero, a partir de hoy y hasta el 10 de octubre próximo.

Los inconformes sustentan su postura en lo que ellos mismos han podido constatar: la entrega gubernamental de los bienes naturales a empresas privadas de capital nacional y extranjero. Hecho que, como consecuencia del empleo de “tecnologías devastadoras” como la “explotación a cielo abierto” o el “tumbe y relleno”, acarrea daños irreversibles a la salud y al ambiente, además de que fomenta la confrontación social y la implantación de territorios plagados de inseguridad, impunidad y sin procuración de justicia.

Lo anterior ha sido posible, precisan, gracias al marco regulatorio impuesto por el gobierno de México que legaliza el despojo del territorio de los pueblos. Un marco violatorio de los derechos humanos y colectivos.

A través de un comunicado emitido este día, el Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña/Costa Chica en Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biosfera, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería llaman a los cientos de empresarios que participan en la XXXI Convención Internacional de Minería a modificar su programa de trabajo, que se acompaña del eslogan “Minería, Desarrollo y Responsabilidad”.  Los retan a atestiguar la realidad cotidiana de lo que “pomposamente” denominan “cinturón dorado de Guerrero”, zona plagada de extorsiones, secuestros, desapariciones, asesinatos, desplazamientos forzados.

“Si se animan a ir y si logran salir sin un rasguño de ahí, se darán cuenta que es muy ofensivo que sigan propagando que su moderno modelo extractivo minero genera desarrollo y responsabilidad social”, les dicen.

Al gobierno mexicano, por su parte, le comunican su hartazgo hacia esta política de despojo que atenta, incluso, contra la vida misma: “Para nosotros es una vergüenza que los políticos mexicanos sigan socavando lo que los mexicanos defendieron a sangre y fuego durante la Revolución Mexicana. Es una vergüenza que haya sido traicionado el pacto social y de gobernanza surgidos de ese proceso revolucionario y ahora, de una forma por demás burda e insolente, se siga construyendo un marco legal entreguista que abona al despojo, al desalojo, y que atenta contra la propia vida”.

Para las comunidades afectadas no hay otro camino que perseverar, a pesar de la represión gubernamental, en su lucha por “declarar nuestros territorios libres de minería”, a través de la denuncia de las atrocidades y de la generación de espacios informativos y organizativos.