En Santo Tomás, municipio rural del Departamento de San Salvador, en El Salvador, un pequeño grupo de habitantes originales enfrentan al  Grupo de Inversiones Robles, propiedad de una de las familias más poderosas de ese país, que talaron una superficie considerable del bosque de ese municipio e iniciaron la construcción de la urbanización para una zona residencial denominada “Brisas de Santo Tomás”.

El bosque de Santo Tomás, conocido como el cantón “El Porvenir”  es una zona de recarga de agua y abastece, a un gran número de pobladores en los alrededores por medio de pozos artesanales, que no cuentan con abasto de agua potable a través de redes hidráulicas. 

Sonia Sánchez, conocida defensora de los derechos humanos, junto con un grupo de habitantes de la zona, desde el mes de marzo pasado emprendieron la defensa de la vida, los recursos naturales y el agua  enfrentándose al poderoso Grupo Robles el cual, aparte de la depredación que realiza impunemente, ejecuta las obras sin tener los permisos acordes a los requisitos y tiempos que establece la ley.

A esta situación se suman las amenazas y agresiones que recibe ahora la defensora de derechos humanos y su familia por parte de empleados y abogados del grupo de la poderosa familia Robles y ante las que permanecen indiferentes las autoridades de todos los niveles en ese país.

Sonia Sánchez, madre de cuatro hijas, ha sido amenazada de muerte y demandada por difamación por parte de personas vinculadas a los abogados de la mencionada empresa.

Por esta razón la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Salvadoreña de Defensores de Derechos Humanos, exigen a la Fiscalía General de la República (FGR)  la investigación seria y efectiva de las amenazas recibidas por Sánchez,  la protección inmediata de la PNC y la vigilancia del debido proceso, garantizando sus derechos fundamentales.