Foto: Arturo Pérez Alfonso/ Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. Ante la confirmación científica de que no es posible que los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan sido incinerados en Cocula, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno Federal “están obligados a incorporar de inmediato estas evidencias a la investigación y privilegiar otras líneas de investigación”, dijo en entrevista telefónica a Desinformémonos, Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», ante las conclusiones del científico José Torero que “desmiente la verdad histórica del gobierno”.
Al concluir el último experimento que hacía falta, el científico peruano José Cordero, confirmó que “es imposible que los normalistas de Ayotzinapa hayan sido incinerados y reducidos a unas cuantas bolsas de cenizas con restos no identificables de la forma en que hasta hoy sostiene la versión oficial de la PGR” así lo informó también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh),al citar la publicación hecha en la revista Science.
Al reproducir el escenario del basurero de Cocula y utilizando cuerpos de cerdos, Torero demostró, que lo imposible de la llamada “verdad histórica” asegurada por la PGR. En el texto de la revista Science, relata el Prodh, que para incinerar 43 cuerpos de un tamaño similar se hubieran necesitado más de 27 mil kilogramos de madera, en cuyo caso, igualmente hubiera subsistido cierta materia orgánica.
Por otro lado, explican, que el equipo de Torero también quemó hasta cuatro cuerpos de cerdos al mismo tiempo con el objetivo de determinar si la grasa corporal podría haber servido como combustible, de lo que se concluyó que: “los cuerpos no son un buen combustibles pues tienen un gran porcentaje de agua”.
Abundan que, incluso, en el supuesto caso de que los tres integrantes del cartel, que han sido señalados por el gobierno mexicano, como presuntos culpables de la incineración de los 43 normalistas, hubieran sido capaces de conseguir dicha cantidad de madera, las intensas llamas deberían haber dejado marcas en el tronco de los árboles cercanos, sin embargo, cuando José Torero visitó el basurero 10 meses después de las desapariciones, no observó ningún tipo de marcas.
Esta conclusión es parte de las indagatorias que José Torero, en su calidad de perito independiente contratado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya había realizado y que desde entonces concluían en la imposibilidad de que los normalistas fueran incinerados. A pesar de esto, “el gobierno decidió contratar a un grupo de personas para que comprobaran la posibilidad de la incineración hecha como habrían declarado los presuntos responsables del crimen”, señala el Prodh.
Señalan que además, la PGR pretendió presentar en informe de entonces, “de otra forma”, y que dicho grupo no pudo responder si fue o no posible la incineración de 43 estudiantes la noche del 26 septiembre de 2014. A pesar de lo anterior sostuvieron que: “Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustibles, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos. Sin embargo, solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad”, recordaron.
El 8 de junio, detallan, la PGR solicitó una verificación experimental de la hipótesis y que Torero, formado en la Universidad de Berkeley y profesor en la Universidad de Queensland, Santa Lucía, en Brisbane, Australia, “asumió el reto y asistido por una docena de estudiantes, realizó el experimento”.
Por otro lado, refiere el centro Prodh, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que actúa como perito por parte de las víctimas, dio a conocer su dictamen a inicios de este año, y coincide en “que desde el punto de vista de evidencia física recolectada y analizada proveniente del Basurero, no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes, pues no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial”.
Finalmente informan que, según la revista, “Durante el otoño, Torero tiene pensado someter sus hallazgos a una revisión por parte de sus colegas. Entretanto, espera que sus experimentos alienten a los investigadores de este siniestro caso a dar un paso más allá de Cocula. Además, el investigador afirma que hay que dejar de buscar en el basurero porque ahí no se encuentra la verdad de los hechos”.
En este contexto y a unos días de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 normalistas, Vidulfo Rosas señala, que entre las demandas actuales está la urgencia de que el mecanismo especial de seguimiento establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sea instalado a la brevedad en México y comience su trabajo, esto, dijo, ante la “ambigüedad”que las investigaciones del Estado mexicano han presentado.
Por otro lado, dijo, que los funcionarios que han “obstaculizado e incurrido en irresponsabilidades, deben ser castigados y separados de su cargo a la brevedad”, específicamente, señaló, el caso de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal Procuraduría General de la República.
