Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– En México, todos los estudios de las organizaciones civiles nacionales, pero en especial las internacionales, apuntan a que en las cifras de desaparecidos la desaparición forzada –en la que está presente la participación de autoridades de forma directa o en complicidad con el crimen organizado–, es el común denominador. Sin embargo, de forma oficial, el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto no ha dado cuenta de cuántos de los 26 mil desaparecidos de su lista están catalogados dentro de esta clasificación, dijo Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional (AI). “El problema no sólo es de esta administración pero el nuevo gobierno no sólo no ha hecho nada por investigar los casos que ya existían cuando llegó al poder, sino que siguen ocurriendo más, y como ejemplo tenemos los casos de cuatro personas que desaparecieron a manos de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas y de los cuales no se sabe nada”, agregó Zapico. El caso reciente de Armando Humberto del Bosque Villarreal y de los menores de edad Raúl David Álvarez Gutiérrez, José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, es emblemático durante la gestión de Peña Nieto, lo que motivó incluso una carta del Secretario General de Amnistía Internacional a nivel global, Salil Shetty, dirigida al Presidente de México, donde le solicitó medidas urgentes para proteger la vida e integridad de estas personas. “Reconocemos que se hizo un buen intento al inicio de la nueva administración al dar a conocer la cifra de 26 mil desaparecidos, de la cual nosotros hemos dicho que tiene serios problemas metodológicos, pero no hay cambios concretos, ni un reconocimiento efectivo de la magnitud de las desapariciones forzadas por parte de este gobierno. No sabemos cifras exactas, sólo las que vamos recabando las organizaciones con nuestros recursos limitados”, precisó Zapico. Desaparecidos en Tamaulipas.

 En su informe anual de actividades de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estableció que del total de desapariciones en el país, existen 2 mil 106 expedientes abiertos sobre desaparición forzada. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (WRW) y asociaciones civiles locales de Coahuila y Nuevo León han dado cuenta de la gravedad del problema en México. En el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, que presentó en febrero la organización Human Rights Watch, se estableció que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en numerosos casos de desaparición forzada. Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia. La organización documentó casi 250 desapariciones ocurridas durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en 149 de esos casos Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación agentes estatales. En 149 de los casos HRW comprobó que participaron fuerzas de seguridad del Estado y de éstos, en 60 de ellos, cuenta con pruebas testimoniales, documentos oficiales, fotografías y videos que comprometen a servidores públicos, miembros del Ejército, la Marina y policías federales y estatales en colusión con el crimen organizado para perpetuar estas desapariciones. Estas víctimas no tenían antecedentes penales, provienen de familias de escasos recursos. Son maestros, mecánicos, obreros y algunos de ellos policías municipales secuestrados por sus mismos compañeros como ocurrió en el municipio de Apodaca, Nuevo León. En junio Amnistía Internacional publicó el informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, donde expuso que de un total de 152 casos de desapariciones forzadas estudiadas en siete estados del país, en 85 estuvo involucrado uno o más funcionarios públicos. Amnistía reveló que la mayor parte de las desapariciones se realizaron en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero, en la mayoría de los casos, con la ayuda de autoridades. “La organización cree que, sobre la base de la información disponible, en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos, lo que convierte lo convierte en un delito de desaparición forzada tal como está tipificado en el derecho internacional”, plantea el documento. La organización resaltó en esa ocasión que pese a las denuncias e indicios que existen sobre muchos desaparecidos sólo se tienen dos sentencias condenatorias durante el periodo 2006-2012 por la Procuraduría General de la República (PGR). Ambos casos estaban relacionados con delitos ocurridos en 2009 y las condenas se lograron gracias a confesiones. En Nuevo León, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) reveló en su informe que corresponde al año 2012, que del total de los expedientes abiertos en la categoría de desapariciones en el estado, 73% fueron forzadas. En Coahuila, la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec) registró entre 2007 y 2012 un total de 297 personas desaparecidas, de las cuales 177 fue el crimen organizado directamente el responsable y en 34 se reconoció la partición directa de agentes del Estado, mientras que en 86 de los casos se desconoce el perpetrador. En marzo de este año, 33 organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 100% de las desapariciones forzadas en México, Colombia, Guatemala y Perú están impunes. “La práctica de la desaparición forzada no es algo del pasado, sino que se sigue realizando hoy en al menos tres de los cuatro países aquí representados, y persiste la impunidad de sus autores materiales”, dijo el abogado Carlos Rodríguez Mejía, ex presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, según citó la agencia EFE. Mejía lamentó la “falta de eficiencia y de voluntad política para buscar a los desaparecidos”, la “tendencia a negar la existencia de la desaparición forzada” y la “falta de coordinación de las entidades” en esos cuatro países. Sobre México, Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos, dijo que en la actual administración existe una falta de voluntad política para resolver los casos, donde la impunidad es de 100% pues no se investiga, ni se castiga a los autores materiales de los crímenes. Diana Iris García, de Fundem, lamentó que Peña Nieto no haya reconocido a las desapariciones forzadas en un listado público y que el país carezca de un banco de datos oficiales, categorizados. En busca de los desaparecidos.

 MÉXICO REZAGADO EN LATINOAMÉRICA

Ni la dictadura militar en Brasil ni la de Chile, Argentina y la Guerra Sucia en México, dejó tantos desaparecidos como el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, cuando presentó el informe de la organización. El directivo dijo que la situación mexicana supera las experiencias que Latinoamérica vivió en el pasado. La cifra oficial de desaparecidos en Brasil durante la dictadura militar fue de 137 personas, mientras que en Chile con Augusto Pinochet fueron 3 mil, en Argentina la cifra ascendió a las 10 mil y durante la Guerra Sucia en México a 500, cantidades rebasadas por mucho durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, explicó. “Este fenómeno constituye una de las crisis más grandes de América latina en las últimas décadas, por las cifras, por el número de desaparecidos, por la falta de investigación, por la impunidad local”, dijo Vivanco en esa ocasión. Para Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, es difícil comparar a un país con otro, pero reconoció que México está rezagado en ofrecer avances a la comunidad internacional sobre los casos de desapariciones forzadas. “Tenemos ejemplos como en Argentina, donde hay avances con los casos de su Guerra Sucia, aquí los desparecidos de esa época siguen impunes”, dijo. Zapico explicó que la historia más reciente de las desapariciones forzadas en el país data de los años 60, crímenes sin resolver que se magnifican con el paso del tiempo. “La desaparición es un crimen que se comete cada día que continúa desaparecida una persona. Eso es lo que establece el marco jurídico, no porque sean del pasado, no existen, ahí están y diariamente se están repitiendo”, expuso.

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS INVESTIGAN

Nik Steinberg, experto a cargo en México de Human Rights Watch, aseguró en febrero que en los casos que documentó la organización, no hay claridad ni investigación y mucho menos justicia. A la par de que los crímenes fueron cometidos por la fuerza del Estado, la justicia a nivel local tampoco se asomó, pues a muchos se les negó levantar una denuncia ante al Agente del Ministerio Público. La mayoría de los familiares de las víctimas aseguraron que el agente ministerial les pidió que esperaran 72 horas después de la desaparición para presentar una denuncia, con la premisa de que probablemente se fueron con alguna pareja sentimental. “En otros casos el argumento de los agentes es que a lo mejor andaban en malos pasos y simplemente no abren las investigaciones. No hay rendición de cuentas, no se hace nada”, dijo Steinberg. Los agentes, en algunos casos, dijeron a los familiares que era muy probable que el desaparecido fuera detenido por miembros de las fuerzas de seguridad, para ponerlo a disposición de funcionarios, entonces, habría que esperar y no levantar una denuncia. La organización humanitaria también documentó que en varios casos, numerosos agentes y funcionarios de Seguridad Pública locales, asumen que la víctima fue elegida porque pertenecía a una organización delictiva, sin ni siquiera investigar. “La presunción de que las víctimas mantienen vínculos con la delincuencia ha sido invocada frecuentemente por agentes del Ministerio Público para justificar que no se haya investigado una desaparición, apelando de este modo a una lógica falaz que sugiere que la (supuesta) actividad delictiva de la víctima exime al Estado de su obligación de investigar los delitos que se hayan cometido contra ella. Independientemente de cuáles sean los antecedentes de la víctima”, se lee en el informe. El documento detalla además que los investigadores de las desapariciones esperan semanas, meses y hasta años para solicitar los registros de telefonía celular, dispositivos de radio o movimientos bancarios de las víctimas, a pesar de que los familiares detectaron que las cuentas continuaban en uso. “En la mayoría de los casos los investigadores tampoco intentaron de manera oportuna obtener las imágenes tomadas por cámaras de vigilancia públicas o privadas que podrían haber aportado información relevante. Para cuando los funcionarios pidieron estas grabaciones, en general ya habían sido borradas debido a que había transcurrido demasiado tiempo”. Las autoridades tampoco entrevistaron a testigos, compañeros de trabajo, amigos de las víctimas. En numerosos casos los familiares ofrecieron posibles implicados en la desaparición de su pariente, desde el número de la unidad o patrulla en la que fue “levantado”, hasta nombres de policías y soldados. Nik Steinberg explicó que incluso algunos de estos desaparecidos fueron relacionados con las fosas de la masacre en San Fernando, Tamaulipas y que los investigadores para realizar las pruebas de ADN a los cadáveres, tomaron muestras a las esposas. “Esto es para llorar y para ver la capacidad que tienes estos investigadores. Este tipo de errores son la regla, incluso han perdido expedientes”, dijo. Gobierno de EPN no ofrece solución al delito.

, Coahuila el 19 de diciembre de 2008. Desde ese momento, Yolanda no ha dejado de buscarlo, a pesar de la dificultad del caso, pues Dan Jeremeeh Fernández Morán, de 34 años, fue secuestrado por un grupo de militares. Al poco tiempo de la desaparición, fue aprehendido uno de ellos, un teniente de caballería que conducía el automóvil de Dan. El militar denunció a cinco cómplices y fueron arrestados tres de ellos y trasladados al Cereso de Torreón. Ahí un comando armado los ejecutó. Dos años después fue detenido otro de los secuestradores y encarcelado de la misma forma que sus cuatro secuaces. Pero corrió con la misma suerte. Ninguno dio señales sobre el paradero de Dan, y Yolanda tiene esperanza en el sexto cómplice que aún está prófugo. La mujer de 59 años luce cansada. Es 10 de mayo y para ella, no hay flores ni la acostumbrada llamada que Dan le hacía a las doce de la noche para ser el primero en felicitarla. Dan desapareció cuando tenía 34 años. Hoy está a punto de cumplir 39. Yolanda lo espera con vivo. Siempre lo piensa con vida, sueña con que está en algún lugar clandestino. Está secuestrado, pero algún día será rescatado y volverá a su hogar.