En Colombia, se aprobó recientemente un Nuevo Código de Policía, que sitúa a esta fuerza por encima de la autoridad civil y de los preceptos constitucionales, otorgándoles facultades para limitar y coaccionar el comportamiento social en todas sus dimensiones. Contrario a lo que establece la Constitución Nacional colombiana, la legislación internacional en Derechos Humanos y las sentencias de la Corte constitucional, con esta reforma se rompe el principio de gradualidad de las funciones de la Policía, pretextando mejorar la seguridad, la convivencia y el orden público.
En resumen, se promueve la concentración de poder de la Policía, lo cual vulnera abiertamente derechos fundamentales como el Derecho a la protesta, entre otros.
Con el nuevo Código de Policía, que no se reformaba hace 45 años, ocurre lo siguiente: se estigmatiza aún más a los pobres y la homosexualidad pasa a ser, infundadamente, un problema para la sociedad, es decir, se recrudece la vulneración de los derechos humanos para diferentes poblaciones. Alirio Uribe, representante a la Cámara, afirmó con vehemencia que el articulado pareciera preparado para una dictadura y no para el ‘posconflicto’. Su aseveración no es para menos, pues hoy en día todas las agendas debieran estar a tono con lo acordado en La Habana en materia de construcción de paz, no en detrimento de sus posibilidades.
Este documento, que pareciera escrito por un procurador inquisidor, prohíbe que los pobres vendan dulces en el transporte público. ¿Cómo se puede prohibir trabajar en la informalidad cuando el pleno empleo cada día parece más inalcanzable para las mayorías? Aunque estas personas puedan incomodar en ocasiones, se debe aceptar que vender dulces es un trabajo honrado y, en consecuencia, una alternativa para no caer en la criminalidad por subsistir. La Corte Constitucional se pronunció: si no quieren vendedores ambulantes, hay que darles trabajo. Este Código regresivo pone en igualdad de condiciones a ladrones y trabajadores informales, pues en últimas ambas partes tendrán que esconderse de la Policía para no caer en prisión.
En ese sentido, ninguna “prevención y convivencia” puede salir de este Código cavernícola, que legaliza todo lo que a la final ya se hacía ilegalmente.
El problema no radica en la reforma del Código, sin duda existe la necesidad de reformarlo si la seguridad del país anda de la mano con los debates actuales frente a los conflictos sociales, políticos y armados, pero esta renovación de la normatividad policial está preparada para profundizar la criminalidad y la criminalización, otorga súper poderes a la institución más corrupta que tiene el país, la Policía Nacional, tan corrupta como la mexicana, tan mafiosa como en las películas y tan violenta y macabra como cualquier ciudadano común puede observar dentro de su chocada cotidianidad.
Podemos hacer mención de algunos ejemplos recientes, como las capturas de cuatro policías por secuestro, homicidio y tortura, o frente al famoso cartel ‘Los Sayayines’, compuesto por entre 100 y 150 exparamilitares, militares y policías retirados. También consta una amplia documentación de la culpabilidad de policías en asesinatos a la comunidad LGBTI, en especial a travestis que trabajan en la calle. Es una desafortunada lista sin fin, que nos denota el absurdo de este Código que pareciera escrito por policías y no por expertos en políticas públicas.
Sentido común contra la arbitrariedad
Si las protestas sociales solo se van a permitir para fines legítimos demostrados, ¿cómo pretende el Estado acabar con la lucha armada y mantener la paz, si este Código elimina los centímetros que quedaban para expresar las inconformidades democráticamente? Por si fuera poco, y de nuevo en contradicción con la Corte Constitucional, habrá afectación a la intimidad y al uso del espacio público, articulando las cámaras públicas y privadas a una sola red comandada por la Policía.
Las arbitrariedades que suceden a diario no aplican para las clases pudientes, pues son además quienes no tienen que prestar el servicio militar por obligación, no tienen que trabajar a temprana edad, es una clase que disfruta de los derechos sociales y goza tanto de seguridad pública como de vigilancia privada. Sin estas acotaciones quedarían vacíos los análisis de clase que conservan vigencia en nuestros días para los problemas sociopolíticos.
Sin embargo quedan alternativas. Más allá de demandar la inconstitucionalidad del Código, que irrebatiblemente debe hacerse, se puede responder con la misma moneda. En la vida hay que ser disciplinados para conseguir objetivos determinados, pero lo que es impuesto, obligado, lleno de antivalores como la supresión de libertades, lo que es disciplinado con leyes y reprimido con fuerza, debe encontrarse con personas capaces de resistir, tanto individual como colectivamente.
Para eso es que sirve la dignidad, para no doblegarse, para argumentar, para defenderse de lo perverso y lo injusto. Respetar la ley nunca será un referente ético, y menos en Colombia. El apartheid sudafricano, el holocausto nazi, las dictaduras latinoamericanas y otras de las peores catástrofes del mundo también estaban amparados por la ley. Por eso hoy hay que hacer un llamado a la indisciplina.
Texto publicado en Colombia Informa
Sergio Segura es comunicador social y periodista
