A principios de 2016, el Comité de Derechos Humanos de Vancouver, Canadá, dirigió un oficio a Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República. Es éste manifiesta su apoyo a Nestora Salgado García, excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, a quien se le han negado los derechos de libertad y seguridad.

El mensaje de apoyo se extiende también a la comunidad de la lideresa indígena y a otras en donde ocurren detenciones por motivos políticos.

En su escrito, el Comité de Derechos Humanos de Vancouver, sindicato de la Alianza del Servicio Público con más de 170 mil agremiados, recuerda a las autoridades mexicanas que Nestora Salgado permanece encarcelada bajo la falsa acusación de secuestro y que su arresto (que data de agosto de 2013) responde, más bien, a motivos políticos.

Aclara, asimismo, que Nestora Salgado participaba en las labores de vigilancia comunitaria para lograr una comunidad segura para su familia y vecinos, esfuerzo que lejos de ser castigado, “debe ser apoyado por el gobierno, especialmente en una democracia”.

“Es responsabilidad moral y legal para el gobierno mexicano liberar inmediatamente a Nestora Salgado y absolverla de todos los cargos falsos. Por lo menos, Salgado merece un juicio inmediato y justo, acceso a la salud y el contacto regular con su familia”, se lee en el oficio signado por T. Smith & F. Samnani, copresidente del Comité de Derechos Humanos de Vancouver.