México. “La apuesta principal debe ser por encontrar a los estudiantes con vida”, exige el abogado Vidulfo Rosales Sierra, defensor de los normalistas de Ayotzinapa e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Rosales señala que es un problema “intencional” de los gobiernos federal y estatal que la búsqueda esté centrada en las fosas clandestinas, que entre el sábado 4 de octubre y el día de hoy llegan a nueve, con un número sin determinar de restos humanos.

El 26 de septiembre, policías municipales –presuntamente auxiliados por integrantes del cártel Guerreros Unidos- atacaron en tres ocasiones en Iguala, Guerrero, a un convoy de normalistas que regresaba de una colecta de fondos. Seis civiles fueron ejecutados y 43 jóvenes permanecen desaparecidos.  Los estudiantes acusaron que el ejército no sólo no los auxilió, sino que les dijo que ellos se habían buscado el ataque. Luego del escándalo generado en la prensa internacional, el gobierno estatal lanzó a mil 800 funcionarios a entregar volantes con los rostros de los desaparecidos en Iguala; después se anunció el hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos.

“No decimos que no sea importante el tema de las fosas, pero se deben redoblar esfuerzos para la búsqueda con vida de los estudiantes”, sostiene el abogado, quien agrega que no hay ninguna certeza de que los cadáveres pertenezcan a los jóvenes normalistas. Los familiares reciben poca información, aclara. “Ellos mismos ya se organizaron, no están esperando en forma pasiva. Hicieron brigadas y tienen una búsqueda permanente de sus hijos”. Por parte del gobierno, en cambio, “parece que no hay un plan ordenado”.

Hoy se anunció la conformación de una comisión civil para acompañar las investigaciones. Vidulfo Rosales señala que esta figura es fundamental en este momento en que los familiares de los desaparecidos pasan por sufrimiento y dolor, y el gobierno se muestra poco sensible: “Es importante que los padres no estén solos; además, es su derecho tener certezas sobre los hallazgos y las identificaciones”. En cuanto al equipo de forenses argentinos, señala que fue necesaria su presencia porque los estudiantes sobrevivientes y los familiares no confían en las autoridades, “pues ellas fueron las que perpetraron y omitieron tomar medidas”.

“Es necesario transparentar todo el proceso, el gobierno no tiene por qué centralizarlo. ¿O qué está escondiendo?”, cuestiona el defensor. Acusa que con el gobierno estatal se avanzó en la incorporación de los coadyuvantes de las víctimas a las investigaciones, pero con el gobierno federal “hay un total impedimento”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) mostraron preocupación por el desempeño del gobierno en esta crisis y emitieron recomendaciones.

Debido a la urgencia y gravedad de esta situación, el 3 de octubre de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares solicitando al Estado mexicano que «adopte todas las medidas requeridas para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados como desaparecidos o no localizados con el fin de proteger su vida e integridad, así como para proteger a los estudiantes heridos que ingresaron en un hospital, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo».

El abogado explica que el gobierno mexicano, en este momento, está bajo la lupa de estos organismos, y sus recomendaciones son importantes puesto que, al menos en al caso de la ONU y la CIDH, pueden ser de obligatorio cumplimiento.