En noviembre próximo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluará la situación de los derechos humanos de la República Popular China, tanto dentro como fuera de su territorio, donde se llevan a cabo inversiones de sus empresas públicas.
Frente a ello, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presenta un informe en la que se detallan las violaciones de derechos humanos en cinco países latinoamericanos como consecuencia de grandes proyectos de infraestructura de capitales chinos.
El Informe sobre vulneración de derechos humanos de pueblos indígenas en la cuenaca amazónica contó con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y CONECTAS Direitos Humanos.
Así, entre los países afectados se encuentran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
Arco Minero del Orinoco
Venezuela y China consolidaron sus relaciones diplomáticas a través de la Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, que buscó la firma de acuerdos con énfasis en los sectores de energía y minas, infraestructura, entre otros que impulsen el desarrollo económico y social de Venezuela.
Para ello, se creó el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano para brindar el financiamiento de los proyectos mediante el Banco de Desarrollo de China (BDC). En el marco de dicho Fondo, se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.
Con una extensión de 111 mil 843,70 kilómetros cuadrados, el Arco Minero fue creado para la exploración y explotación minera a gran escala y abarca los estados de Bolívar y Amazonas. Sin embargo, sus áreas se superponen a territorios indígenas.
Entre los pueblos afectados se encuentran los Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi. Asimismo, afecta al territorio ancestral de los Eñepá y Jodi o Joti, dos pueblos en contacto inicial que serían desplazados.
El proyecto se divide en cuatro áreas. De ellas, el área 1, donde predomina el coltán, será explorado y explotado por la empresa china Camc Engeenering Co. Ltd. (CAMCE). Por su parte la empresa Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang) explorará y explotará el área 4 donde predomina oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita y abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca.
“El proyecto ha generado oposición de diversas organizaciones indígenas por alterar su modo de vida tradicional e incumplir con la participación, consulta y consentimiento de las comunidades indígenas que se verán afectadas, así como por inexistencia del Estudio de Impacto Ambiental”, sostiene el informe.
El incumplimiento de dichas obligaciones generó la movilización de defensores indígenas de derechos humanos. En este contexto, Freedy Menare, líder indígena y fundador de la Organización Indígena Pueblo Uwotujja del Sipapo del estado de Amazonas, fue asesinado de un disparo en la espalda.
Bloque Petrolero el Nogal
Así como sucedió con Venezuela en su momento, Colombia y China fundaron la Asociación Empresarial Colombo China. Para ello nombraron a Emerald Energy PLC Colombia, empresa contratista para la exploración y explotación del Bloque Petrolero el Nogal (BPN), como socia.
De acuerdo con el informe de COICA, dicha empresa es actualmente filial de Sinochem que tiene su sede en Beijing, China. Además, denuncia que el proyecto BPN “adolece de irregularidades que implican violaciones de derechos humanos”.
Según el contrato firmado en el 2012, la empresa contratista se comprometió a explorar un área de 239 mil 415 hectáreas en los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, el Paujil, Florencia, Milán, Montañita, Morelia y Valparaíso en el departamento de Caquetá.
Sin embargo, a pesar de que se identificó la presencia de comunidades indígenas Juan Tama y cabildo la Pradera y los resguardos indígenas Witack Kiwe, Gorgonia y Getuchá, la empresa redujo el área presentado inicialmente y declaró que no existía ninguna comunidad étnica.
“Ello, demuestra la mala fe de la empresa estatal china en el proceso de contratación y obtención de certificaciones para evadir responsabilidad de aplicación de derechos de los pueblos inicialmente identificados”, denuncia COICA.
Proyecto Cóndor Mirador
El informe también da detalles sobre el primer contrato de explotación minera a gran escala que firmó Ecuador con la empresa Ecuacorriente S. A. en la Cordillera del Cóndor, declarada como “área de bosque y vegetación protectores” y además se superpone al territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar.
Ecuacorrientes es subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan. Este, a su vez, está conformado por las estatales chinas Tongling Non-Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation.
En el 2014, el proyecto realizó los primeros desalojos forzosos. De acuerdo con el informe, la empresa ECSA con la participación del Estado y las fuerzas públicas, “destruyeron de forma ilegítima la iglesia y la escuela de la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui en la provincia Morona Santiago.
El segundo desalojo violento de 16 familias ocurrió en el 2015. El hecho se repite en el 2016 con 10 familias que vivían en la vía del Cóndor y luego con la familia wari. El resultado fue el “desalojo de más de 30 familias del pueblo indígena Shuar sin su consentimiento previo, libre e informado”.
Lote 58
En el caso peruano, el informe enfatiza en el Lote 58, un lote petrolero ubicado en la selva sur del Cusco con un gran potencial gasifico de la Cuenca Ucayali y Madre de Dios. Dicho lote, cuenta con PETROBRÁS ARGENTINA S. A. como la contratista para la exploración y explotación.
Además, en PETROBRÁS, la empresa China National Petroleum Corporation PERU S. A. (CNPC) cuenta con el 100 por ciento de participación. Actualmente, CNPC es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China.
Sin embargo, pese a que la empresa no existe un proceso de consulta previa de las comunidades en el área del lote, la empresa “ya reprocesó líneas sísmicas 2D y perforó cuatro pozos exploratorios en Urubamba, Picha, Taini y Paratori, con lo cual está a puertas de iniciar la fase de explotación”.
Las áreas a consultar son Tangoshiari, Carpintero, Kochid, Camisea, Puerto Huallana, Mayapo, Ticumpina, Camana, Timpia, Chirumbia, Cashiarí, Segakiato, Shivankoreni y Poyenterami, además se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga.
“En este caso, nuevamente se ha vulnerado el derecho de consulta previa, lo cual era de conocimiento de CNPC previa a la compra de Petrobrás”, denuncia el informe.
Represas en Brasil
Las hidroeléctricas Teles Pires y Sao Manoel, son dos de las cuatro represas en operación que se encuentran sobre el río Teles Pires, en Brasil. La primera fue adjudicada a la empresa china State Grid y la segunda, a la empresa estatal China Three Gorges Corporation (CTGC).
De acuerdo con el informe, dichas empresas, que no realizaron ningún proceso de consulta ni consentimiento, afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas Kayabi, Apiaká y Munduruku de la Tierra Indigena Kayabi, ubicada aguas abajo.
Además, denuncia que la represa Teles Pires inundó el lugar sagrado “Siete caídas” de extrema importancia cultural y religiosa para el pueblo Mundukuru, ya que ahí vive la Madre de los Piscis, un músico llamado Karupi.
“Todo ello ha significado la violación al derecho a la identidad de este pueblo y con ello la afectación del derecho a participar en la vida cultural que comprende el derecho a elegir su identidad y ejercer sus propias prácticas culturales”, sostiene el informe.
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Publicado originalmente en Servindi
