A cuatro años del asesinato del dirigente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO, Bernardo Vásquez, la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense y responsable del homicidio, Fortuna Silver Mines, sigue gozando de la impunidad y ahora busca su expansión en las comunidades de los distritos de Ejutla y Ocotán, en Oaxaca.

Organizaciones como el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C. y el Centro de Derechos Humanos Míguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh A.C., señalaron que hasta el momento no ha habido ninguna investigación de los autores intelectuales del asesinato de Vásquez, y rechazaron que en el 2015, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca permitió que salieran en libertad Bartolo Aguilar, Domingo Aguilar y Albino Hernández, acusados de ser los autores materiales del crimen.

Ante esto, diversas organizaciones exigen justicia para el caso del dirigente, así como que que las autoridades tanto federales como estatales respeten la decisión de las comunidades de no permitir ningún proyecto extractivo en la región.

Desde 2008, la CPUVO denunció que la minera financiaba grupos armados en San José del Progreso con el apoyo del entonces presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, además de que sus integrantes eran constantemente hostigados.

Bernardo Vásquez fue emboscado y asesinado el 15 de marzo del 2012 luego de que asistiera a una reunión con el gobierno de Oaxaca para discutir el conflicto ocasionado por la instalación de la mina, y en el mismo ataque resultaron heridos los integrantes de la CPUVO, Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez.