foto: Indignación / Randy Soberanis, Silvia Chalé Euán
Candelaria, Campeche I Desinformémonos I El 7 de junio organizaciones defensoras de derechos humanos de Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas, hicieron acto de presencia en el campamento de desplazados instalado a partir del 2 de junio en la línea fronteriza del municipio de Candelaria, Campeche. Las casi 500 personas de 105 familias, huyeron de su comunidad Laguna Larga en el Petén de Guatemala, al enterarse de la cercana presencia de militares que destruyeron su comunidad.
Por su parte, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresó su preocupación por los desalojos forzosos que se están dando desde el 2 de junio de la comunidad Laguna Larga. Denuncian también, en un comunicado, que el gobierno guatemalteco tiene programado otro desalojo el próximo 14 de junio en la comunidad La Mestiza. Subrayan que «por el hecho de vivir en una zona protegida de conformidad con la Ley de Áreas Protegidas, el Estado guatemalteco considera a estas poblaciones como “ilegales” y las acusa de cometer el delito de “usurpación” de áreas protegidas. Paradójicamente, el Estado guatemalteco permite y facilita la explotación petrolera en dicha zona a la compañía PERENCO, a pesar de que los derrames petroleros y otras actividades relacionadas con esa actividad, producen un serio deterioro a las reservas de agua dulce, las cuales son las más importantes de Mesoamérica.
Las familias que huyeron de sus casas en Laguna Larga al saber de la presencia de más de 1,500 elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala, huyeron y se encuentran ahora en un campamento con muy precarias condiciones “de emergencia humanitaria” señalan las organizaciones visitantes integradas por representantes de Equipo Indignación, La 72 Hogar refugio para personas migrantes, Resistencia Civil, Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes. Según lo señalan en el comunicado que emitieron: “Son condiciones que nos permiten hablar de una emergencia humanitaria, que pone en riesgo la vida y la integridad de niñas, niños y, en general, de mujeres y de todas las personas ahí asentadas. Se trata de un campamento precario, instalado desde el 2 de junio por la propia gente de la comunidad desplazada con lo que han tenido a mano, principalmente bolsas de plástico como único techo en plena temporada de lluvias. Han recibido principalmente la solidaridad de comunidades cercanas”. En un censo preliminar, hay casi 120 niños, 82 adolescentes y 15 niños menores a un año. Las enfermedades empiezan a surgir. Según informan ya hay un caso de paludismo, dos niños con varicela y muchas personas con problemas gastrointestinales y erupciones en la piel.
Las ONG señalan que, aunque el gobierno de México conoció previamente la situación, no ha proporcionado la ayuda suficiente y necesaria que establecen los protocolos de ACNUR para estos casos. Tampoco el gobierno de Guatemala se ha ocupado de aliviar la condición indigna del campamento lo cual pone en riesgo la salud y la vida, particularmente de la población más vulnerable.
La comunidad de Laguna Larga ha buscado seguridad jurídica sobre sus tierras pero el gobierno de Guatemala ha combatido jurídicamente su permanencia en la zona con el pretexto de que se encuentran en un área natural protegida, aunque las personas mostraron a los visitantes documentos oficiales otorgados por el gobierno guatemalteco.
La misión de observación de las ONG señalan que “más que certeza y claridad, la comunidad reporta la permanente negación al diálogo por parte del gobierno de Guatemala, así como un continuo hostigamiento y amenazas”. Esto pone en evidencia el profundo desprecio y la discriminación de la que es objeto esta comunidad indígena maya Q’eqchi Chuj y mestiza.
Después de estar en el campamento y dialogar con la gente para integrar un pliego de peticiones, las organizaciones, algunas personas de la comunidad y representantes del gobierno de Guatemala se trasladaron a la comunidad Laguna Larga, ubicada a tres kilómetros del campamento donde pudieron observar la saña con la que se destruyeron viviendas que fueron quemadas y que aún se encontraban humeantes, otras fueron destrozadas con maquinaria. Talaron árboles, mataron a los animales para comérselos, destruyeron la escuela y las iglesias. Sin duda, una forma de actuar que es una guerra contra los pueblos para causar terror que recuerda la violencia psicológica de los años del genocidio guatemalteco.
Las familias desplazadas comentaron a las organizaciones visitantes, que exigen el retorno a sus propias tierras y que se haga justicia. Exigen garantías para ingresar a su comunidad a recoger sus cosechas y evaluar los daños, También exigen asistencia humanitaria, reparación de los daños, garantía sobre sus tierras y que el ejército se retire de la zona. Las familias expresaron su negativa a una reubicación hacia otras tierras y mencionaron los incumplimientos que enfrentan otros poblados que han sido desplazados.
A continuación el texto completo de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ):
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresa su más honda preocupación por los desalojos forzosos de las comunidades de Laguna Larga y la Mestiza, del Departamento de El Petén, Guatemala.
El pasado viernes 2 de junio, el Gobierno de Guatemala llevó a cabo un operativo militar en el Departamento de El Petén de desalojo forzoso de la comunidad Laguna Larga, situada en Laguna del Tigre en el municipio de San Andres, y tiene programado llevar a cabo otro de la comunidad La Mestiza, del mismo municipio, para el 14 de junio.
Como consecuencia de este operativo militar, la comunidad de Laguna Larga – alrededor de 600 o 700 personas, incluidos niños, mujeres y ancianos- decidió desplazarse en condiciones deplorables hacia territorio mexicano, en búsqueda de refugio y protección.
El sábado 3 de junio los miembros de la comunidad de Laguna Larga cruzaron la frontera y se encuentran actualmente en el municipio de Candelaria, Campeche, México, en condiciones sumamente adversas. Varios niños y niñas muestran signos de enfermedades respiratorias. Preocupa particularmente a la CIJ la situación física y mental de un niño que fuera perseguido por las fuerzas militares, durante el operativo de desalojo.
En repetidas ocasiones, la CIJ ha expresado que las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad en el departamento de El Petén, siguen enfrentando la exclusión sistemática por parte de las instituciones del Estado, así como violaciones graves a los derechos humanos, en particular violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.
Por el hecho de vivir en una zona protegida de conformidad con la Ley de Áreas Protegidas, el Estado guatemalteco considera a estas poblaciones como “ilegales” y las acusa de cometer el delito de “usurpación” de áreas protegidas, prohibiendo el ingreso de materiales de construcción, herramientas o cualquier bien que pueda garantizar o significar la más mínima “permanencia” en dichas comunidades o en la zona. Recientemente fue detenido arbitrariamente el señor Jovel Tovar, acusado del delito de usurpación de áreas protegidas, quien se encuentra detenido en la cárcel de San Benito, en el Departamento de El Petén.
Paradójicamente, el Estado guatemalteco permite y facilita la explotación petrolera en dicha zona, de la compañía PERENCO, a pesar de que los derrames petroleros y otras actividades relacionadas con esa actividad, producen un serio deterioro a las reservas de agua dulce, las cuales son las más importantes de Mesoamérica. La CIJ considera que esta política afecta seriamente los derechos de la población asentada en la zona.
En repetidas ocasiones, la CIJ ha podido observar que el Ejército de Guatemala, conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), implementa operativos por medio de los cuales se lleva a cabo un acoso permanente a las comunidades que viven en las zonas protegidas. La presencia del Ejército de Guatemala en la zona y la existencia de diferentes “retenes” militares son parte de la estrategia de acoso permanente a las poblaciones asentadas en la región, las cuales llegaron allí en el marco de un programa estatal en los años setenta, antes de la declaración de zona protegida.
Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado se organiza para proteger a la persona y no para perseguirla. El acoso permanente a las comunidades, así como las políticas de Estado contra las personas que viven en las zonas protegidas, estableciendo “cercos de presión psicológica, material y militar”, constituye una política de Estado que contradice la Constitución Política de Guatemala, así como convenios y tratados en materia de derechos humanos – especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas-, que imponen la obligación al Estado de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
La CIJ se permite recordar al Estado de Guatemala, que según el artículo 11 del PIDESC, del cual es parte, “los estados […] reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento».
La CIJ recuerda que, como lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, “el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza. […] Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. Asimismo, la CIJ recuerda que, como lo ha señalado dicho Comité, “dadas la interrelación y la interdependencia que existen entre todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos humanos. Así pues, además de infringir claramente los derechos consagrados en el Pacto, la práctica de los desalojos forzosos también pueden dar lugar a violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios.”
Preocupa especialmente a la CIJ que la Sala Regional Mixta de Poptún Departamento de El Petén, haya rechazado el amparo provisional presentado por representantes de las comunidades basado en los “Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el Desarrollo” de las Naciones Unidas. De acuerdo con estos Principios, los desalojos sólo pueden llevarse a cabo de acuerdo con el Derecho internacional de los Derechos Humanos; únicamente con el fin de promover el bienestar general; ser razonables y proporcionales; y deben estar reglamentados de tal forma que se garantice una indemnización y rehabilitación completas y justas.
Preocupa a la CIJ que los desalojos llevados a cabo en el Departamento de El Petén la semana pasada, no reúnen estos requisitos y que la Sala Regional Mixta de Poptún no hubiese desplegado actividad alguna para verificar su observancia. El operativo militar de desalojo de las comunidades de la Laguna Larga y la Mestiza, tampoco observó la “Instrucción General para la Solicitud y Tramitación de Órdenes de Desalojo” emitida por el Ministerio Público guatemalteco.
Finalmente, preocupa extremadamente a la CIJ que los desalojos se hayan llevado a cabo, cuando las comunidades que viven en la Laguna del Tigre y Sierra Lacandón presentaron al Estado de Guatemala una Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comunidades afectadas por la declaratoria de Áreas Protegidas de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, El Petén, propuesta que había abierto un canal de diálogo entre las comunidades afectadas y las autoridades del Estado de Guatemala, que es la mejor vía para resolver la conflictividad agraria que prevalece en Guatemala.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América expresó: “Esta política del Estado de Guatemala de desalojar a las comunidades de cualquier región del país en forma violenta, contraviene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los estándares internacionales y el Estado de Guatemala debe ser declarado responsable y reparar los daños y perjuicios causados.”
Ciudad de Guatemala, 5 de junio de 2017
