Ciudad de México | Desinformémonos. “No hay una incidencia positiva real de las Fuerzas Armadas en la población, sólo el discurso de crear una institución confiable, apegada al pueblo pero en realidad no impacta en los niveles de seguridad ni de calidad de vida”, afirma a Desinformémonos Raymundo Díaz, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) en Acapulco, Guerrero.
Salvador Cienfuegos, Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) advirtió en un foro público sobre el desgaste de los elementos del Ejército, a lo que el activista guerrerense responde que “no es equiparable con el desgaste de la población”.
“Después de la emboscada en Sinaloa se impulsa un discurso para convertir en héroes a los soldados, sin embargo se olvida de las innumerables violaciones a los derechos humanos por parte de los propios elementos del Ejército. Desde el 2011 en Guerrero el número de homicidios alcanza niveles alarmantes. Acapulco ocupa uno de los primeros lugares de ciudades violentas a nivel mundial”, dijo Díaz Taboada.
Guerrero es el único estado que tiene una región militar y dos zonas militares. Ningún otro estado tiene regiones militares exclusivas sino que están conformadas por dos o tres estados.
Raymundo Díaz Taboada, quien acompaña a víctimas de violaciones a los derechos humanos, principalmente a víctimas de tortura, advierte que la nueva fase de la militarización de la sociedad guerrerense inició en el sexenio de Felipe Calderón con la llamada Guerra contra el narcotráfico, sin embargo, “Guerrero está militarizado desde principios de los años 60’s, 70’s y mediados de los 90’s”.
“La diferencia es que ahora la presencia de los militares en las calles se dijo sería para el combate del crimen organizado pero hay muchas evidencias de sus vínculos con él. En zonas como la Sierra y la Montaña de Guerrero su presencia provoca temor en los campesinos, lo que es contrario a la campaña que se hace en medios masivos de comunicación en la que se promueve al Ejército como una institución leal y confiable’”.
Para el defensor de los derechos humanos el empleo de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública sigue siendo “cuestionable, arbitrario e inconstitucional. Se busca invertir más en sueldos y prestaciones para soldados cuando existen brechas salariales entre jefes, generales y la tropa. Invertir en más armas y en más tecnología pero es una inversión que no va a producir ni a impactar en que la gente tenga una mejor calidad de vida ni mayor seguridad, como ha sucedido desde que fueron sacados a las calles”.
Si bien a la fecha el Ejército está presentes a lo largo y ancho del territorio Raymundo Díaz asegura que “no tienen la capacidad de garantizar la seguridad de la población ni la voluntad para combatir verdaderamente al crimen organizado. No hay un marco legal para el actuar de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el fuero militar no ha sido limitado según las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Raymundo Díaz advierte que la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército incrementan la falta de confianza de la población y “mientras las Fuerzas armadas buscan incrementar más sus salarios y el número de armas, la población continúa empobreciéndose”.
