Ante el surgimiento de conflictos ambientales producto de la multiplicación de proyectos industriales o de supuesta utilidad pública, es cada vez más frecuente que periodistas, académicos y miembros de la clase política recurran al, así llamado, síndrome NIMBY, con la intención de encuadrar dichos conflictos como producto de la falta de información, del infantilismo ciudadano o la manipulación política por parte de intereses ajenos al proyecto en cuestión. Ya sea que estos interpretes autorizados jueguen al desacuerdo en el ágora mediática; frían el aire en los desiertos académicos o negocien en las aulas parlamentarias, el punto de partida es siempre el mismo: una violencia interpretativa y simbólica que antecede y/o acompaña el despliegue de aquella física, representada por la imposición de proyectos que destruyen o desgarran irremediablemente la vida de comunidades enteras.
Se dice que la primera alusión al síndrome NIMBY, acrónimo en inglés de not in my backyard (‘no en mi patio’) apareció en 1980, en el Christian Science Monitor, en relación a algunas protestas locales en contra de la construcción de plantas de tratamiento de desechos tóxicos en los Estados Unidos (cfr. Tintori, 2008: 625). Desde entonces, en los países occidentales el término se utiliza frecuentemente para referirse a toda forma de oposición de los habitantes de un determinado territorio a la realización de obras en “su patio trasero”. En Francia, por ejemplo, el movimiento ZAD (Zone à défendre), que se opone desde hace tiempo a la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Nantes, es regularmente calificado como NIMBY; lo mismo que el movimiento No-Stuttgart 21, que rechaza la construcción de un nuevo desarrollo urbano en torno al trazado de una serie de líneas de trenes rápidos en la ciudad de Stuttgart, Alemania.
En Italia, quizá el ejemplo más notable de una resistencia territorial continuamente motejada de NIMBY, es aquel representado por el movimiento No-Tav, que se opone desde hace por lo menos veinte años a la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en el Valle de Susa, en Turín. Pero, al igual que en Francia, Alemania u otros países de la Unión Europea, el No-Tav está lejos de ser el principal conflicto vinculado al desarrollo industrial o de infraestructuras en el territorio italiano. En efecto, según el NIMBY Forum, organizado por asociación ARIS (Agenzia di Ricerche Informazione e Società), actualmente existen alrededor de 355 proyectos a lo largo y ancho de toda la Península –así como en las islas de Cerdeña y Sicilia– objeto del rechazo activo de las poblaciones presentes en las zonas interesadas.
Para los gobiernos europeos y los sectores industriales beneficiarios de estos proyectos, la difusión de conflictos ambientales ha incrementado de forma proporcional la urgencia de encuadrar el fenómeno desde una perspectiva que facilite la disminución de su impacto político (real y potencial), delimitando –al mismo tiempo– el despliegue de acciones represivas al control de eventuales episodios de revuelta y a la distribución de penas ejemplares entre sus protagonistas. Así pues, la neutralización política de los grupos opositores es esencial no sólo para la realización de proyectos de alto impacto ambiental, sino también para ganar el consenso del resto de la población sobre los supuestos beneficios públicos inherentes a la expansión de infraestructuras privadas
Pero la producción de significados para conquistar “las mentes y los corazones” de la población no es, sin embargo, una novedad en el ámbito de la administración de los conflictos sociales por parte de los gobiernos, como tampoco lo es la intromisión directa de grupos de interés privados en el diseño y administración de estrategias de intervención en territorios con grande potencial económico. En este caso, el mencionado NIMBY Forum constituyen una extraña mezcla de think tank y grupo de cabildeo que se sostiene con las aportaciones de los grandes de la energía en Italia, además de contar con el patrocinio de la Comisión Europea y el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico.1 Tanto el Fórum, que se lleva a cabo una vez al año desde el 2004, como la información que la propia asociación ARIS ha venido acumulando y procesando desde entonces, complementan el trabajo del Estado italiano para allanar el camino a la realización de infraestructuras controvertidas.
La misión declara de este Fórum es la de:
“[…] sensibilizar a las diferentes partes interesadas hacia una ruta de conciliación entre el progreso y la tutela del territorio, entre los intereses públicos y los privados.” […] Abordando los temas ambientales, energéticos y de infraestructura del país a partir de la promoción de una cultura del desarrollo y la modernización basada en la sostenibilidad, el diálogo y el conocimiento” [las cursivas son nuestras].2
El cartel de la última edición de este encuentro (17 de noviembre del 2015) –tal como señala contropiano.org–, es sin duda más directo cuando afirma que “retomar el camino hacia la democracia representativa [sic] significa invertir en la confianza y curar el virus del no por el no”. Esta retórica, cuidadosamente distribuida a través de los medios de comunicación por boca (o teclado) de especialistas de toda calaña, se basa en la afirmación de que los proyectos son necesarios en sí mismos, y que la resistencia se debe sobre todo a la falta de información acerca de sus beneficios (según el mantra inversiones = desarrollo). Los opositores, que pueden conformar subgrupos de ecologistas ‘buenos’ (proclives a la modernización) y/o los ‘malos’ (intransigentes y violentos), viene todos clasificados como NIMBYES.
Pero, ¿cómo opera el síndrome NIMBY en tanto categoría de neutralización política? Lo primero que salta a la vista es que la difusión del término en al ámbito de la administración territorial, amplía y promueve la falsa identificación entre los intereses privados y los de la gente común. Se trata, en efecto, de una estrategia que ha venido demostrando su eficacia en el terreno de las políticas restrictivas de los derechos sociales implementadas en el marco de la actual crisis económica. La legitimación de la última reforma laboral aprobada en Italia el así llamado “Jobs Act”, se logró en parte gracias a una campaña de propaganda intensiva que condiciona la lucha contra el desempleo al abatimiento del costo del trabajo. Ante los conflictos ambientales, el uso del síndrome NIMBY –ya sea como herramienta mediática o como categoría de análisis supuestamente objetiva–, cumple una función similar al banalizar las motivaciones de quienes se oponen a un proyecto determinado, para colocar en primer plano valoraciones que se restringen a la asimetría entre la concentración de los costos de una obra (humanos y ambientales) y la supuesta extensión de sus beneficios potenciales (empleo, energía barata, modernización, etcétera).
En ese sentido, el éxito de esta categoría depende fuertemente de su capacidad como productora de sentido común en torno a los conflictos ambientales, sus protagonistas y, en última instancia, la naturaleza misma de la participación política. En primer lugar, bajo el síndrome NIMBY la interpretación del conflicto se construye absolutizando el rechazo de los habitantes de un determinado territorio a la realización de una obra, sin tomar en cuenta sus motivaciones, pero tampoco aspectos más generales como la incoherencia entre la multiplicación de complejos industriales y de infraestructura privados altamente contaminantes, y la postura oficial de los gobiernos europeos con respecto la necesidad de combatir el cambio climático.
En segundo lugar, se asume que toda oposición es el producto de la ‘agregación de intereses’ de un número determinado de individuos/propietarios que, en parte por desinformación en parte por motivaciones ajenas a la obra misma, perciben la posibilidad de un daño real o potencial a lo que consideran como un espacio propio, su patio. Evitando cuidadosamente el reconocimiento de algo así como una voluntad popular (cimentada en la experiencia directa de la pertenencia común a un territorio), lo NIMBY adquiere automáticamente una dimensión individualizada y patológica que, a decir de sus heraldos, se manifiesta como “rechazo de los canales institucionales de participación”, “desprecio por la legalidad”, “uso de la violencia con fines políticos”, etcétera.
Por último, en cuanto al tema de la participación, iniciativas como las del NIMBY Fórum y otras manifestaciones políticas hostiles a la organización desde abajo, no desaprovechan la oportunidad para reiterar con vehemencia la utopía de la pasividad como máxima aspiración de la democracia. Y es que para ellos ésta comienza y se agota con el voto, con la transferencia de la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos desde el ciudadano hacia los miembros de la clase política, sus expertos, científicos y demás especialistas. Los promotores de Fórum, en efecto, sostienen que hay que combatir la ignorancia con información para evitar el conflicto. Y eso es exactamente lo que se hace ante casos como el del No Tav, cuando los medios despliegan sendas campañas de sometimiento de la opinión pública que elevan a gesto de civilidad la delegación de la propia voluntad a los “tomadores de decisiones”, mientras deslegitiman cualquier iniciativa política no autorizada como un acto de violencia. Además de la conquista del consenso sobre una determinada obra, con campañas como ésta se trabaja por conquistar el aplauso del público ante un eventual despliegue represivo.
Entre la campaña mediática y la represión policíaca, quienes vienen definidos como NIMBYES corren el riesgo de ser sometidos a la lenta digestión judicial, que ya afecta directa o indirectamente a cientos de opositores al TAV en el Valle de Susa. En la lista se encuentran incluso personalidades como el filósofo Gianni Vattimo, acusado en 2013 del delito (sic) de apología de la violencia por sostener que en Turín existe un “vacío de democracia” que justifica formas de protesta “no institucionales” ante la violencia que “viene del Estado”; o el escritor napolitano, Erri de Luca, acusado de instigación a delinquir por justificar el sabotaje de la maquinaria que destruye los bosques para abrirle el paso a un tren de alta velocidad que nadie quiere. Y aunque ambos intelectuales han sido “absueltos”, en éstas y otras acusaciones contra miembros del movimiento no dejan de insinuare ecos de los odiosos crímenes de opinión que se imputaron con tanta facilidad durante veinte años a los opositores políticos del gobierno fascista de Benito Mussolini.
REFERENCIAS
CONTROPIANO, “Contestazioni territoriali, il governo ‘monitora’ insieme alle imprese”, Disponible en: http://goo.gl/Du78U6 [Consultado el 11 de agosto de 2016]
NIMBY FORUM, en: http://www.nimbyforum.it/home [Consultado el 11 de agosto de 2016]
TINTORI, Chiera, “NIMBY (Not In My BackYard)”, en: Aggiornamenti Sociali, settembre-ottobre, 2008, pp.: 625-628. Disponible en: http://goo.gl/ZXMMxG [Consultado el 11 de agosto del 2016]
1 Entre los sostenedores del Forum se encuentran ENEL, Falck Renewables, EDISON, Trans Adriatic Pipeline, Terna y a2a.
2 NIMBY FORUM, “Mission”, disponible en: http://www.nimbyforum.it/progetto/mission [Consultado el 11 de agosto de 2016].
REFERENCIAS
CONTROPIANO, “Contestazioni territoriali, il governo ‘monitora’ insieme alle imprese”, Disponible en: http://goo.gl/Du78U6 [Consultado el 11 de agosto de 2016]
NIMBY FORUM, en: http://www.nimbyforum.it/home [Consultado el 11 de agosto de 2016]
TINTORI, Chiera, “NIMBY (Not In My BackYard)”, en: Aggiornamenti Sociali, settembre-ottobre, 2008, pp.: 625-628. Disponible en: http://goo.gl/ZXMMxG [Consultado el 11 de agosto del 2016]
[1] Entre los sostenedores del Forum se encuentran ENEL, Falck Renewables, EDISON, Trans Adriatic Pipeline, Terna y a2a.
[2] NIMBY FORUM, “Mission”, disponible en: http://www.nimbyforum.it/progetto/mission [Consultado el 11 de agosto de 2016].
*PhD. en Ciencias Políticas por la Scuola Normale Superiore di Pisa. Becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (IISUE-UNAM). Contacto: miguel.gonzalez@sns.it
