El diario holandés de mayor circulación, De Telegraaf, consideró como «un serio revés» para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el anuncio de que el fondo de manejo de pensiones PPGM se retira de la sociedad que construiría en tierras de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, el parque de Eólica del Sur, pues el mandatario viajará a finales de mayo a los Países Bajos «durante una visita oficial para seducir a las grandes corporaciones para invertir en el sector energético de México que recientemente se abrió. La retracción de PGGM es una mala señal» apuntó el rotativo.

En la nota de su corresponsal en México, Edwin Timmer, publicada este 22 de abril, el diario consigna que PPGM, con oficinas en la ciudad de Zeist, tomó ya en diciembre la decisión de retirarse del proyecto, que debería haber sido el mayor parque eólico de América Latina, pero nunca lo difundió públicamente. El argumento del inversor fue que después de cuatro años de retraso el proyecto «ya no podrá ser suficientemente rentable» y por otra parte, por «la constante oposición de los indios locales» no habría cooperación con el mismo.

De Telegraaf recuerda que hace 4 años PGGM anunció su participación en la construcción de 132 aerogeneradores -para 396 megavatios- en un consorcio con la japonesa Mitsubishi y la australiana Maquarie capital.  Pero desde entonces ni un molino se ha construido. «Ni siquiera después de la luz verde durante una amplia consulta pública con el pueblo indígena» acota el diario.

Sin embargo opositores a la construcción como la Asamblea Popular del Pueblo Zapoteco (APPJ) calificaron dicha consulta como «una simulación». Al respecto el vocero de la APPJ, Mariano López Gómez, indicó en entrevista con Desinformémonos que el retiro del fondo de pensiones holandés del proyecto de Eólica del Sur, «es una noticia grata pero eso no significa que las eólicas no sigan viendo este territorio como uno de ellas; ellos partieron el Istmo (de Tehuantepec) como un pastel y cada quien escogió la zona que quiere».

Añadió que si una empresa por alguna razón no puede invertir «se lo pueden vender (el terreno) a otra empresa, como ha pasado con Eólica del Sur, que PRENEAL  México se lo vendió a Mareña Renovables, que es Eólica del Sur y así muchas de las empresas han tenido  la región como apartada para ellos y venden ese espacio a otras empresas porque a ellos les correspondió en la repartición del territorio y entre ellos se respetan y las venden a otros cuando ellos no pueden invertir».

El Telegraaf informa que después de la consulta, los opositores al proyecto lograron a través de tribunales otra vez frustrar la construcción. «El estancamiento parece similar a la manera en que grupos ambientales en los Países Bajos lograron torpedear la construcción o ampliación de nuevas carreteras», acota.

Por su parte el diario Nederlands Dagblad, publicó que «PGGM se quedo atrapado dos veces en el Istmo de Tehuantepec. El primer plan para poner molinos de viento cerca de San Dionisio del Mar fracasó después de que indios huaves pusieron fuego a sitios de construcción. Temían por sus zonas de pesca. El consorcio solicitó entonces un nuevo lugar, y ante la insistencia de PGGM, el gobierno de México organizó una amplia consulta».

«PGGM quería asegurar el cumplimiento de una convención internacional sobre los pueblos indígenas. La Organización Internacional del Trabajo requiere que los proyectos sobre tierras indígenas sólo están permitidos si están bien informados y de buena fe dicen que sí. Sin embargo, varios participantes se quejan de acoso durante la consulta.  «Estoy amenazado de muerte», dijo López Gómez a esa publicación.

A su vez el portavoz de PPGM, Maurice Wilbrink, explicó al Telegraaf que «estaba claro que esta inversión ya no podría dar los ingresos que esperábamos… simplemente se tomó demasiado tiempo ». «El alboroto en torno a las protestas de los indígenas tampoco contribuyó a una decisión positiva» añadió. PGGM planeaba invertir 250 millones de euros de las pensiones de los médicos y enfermeras que maneja. El total de inversión en el proyecto era 750 millones euros.

El diario agregó que después de «una amplia consulta pública se aseguró el consentimiento local. A pesar del disgusto de unos agricultores locales, que ven los molinos de viento como una amenaza, en agosto pasado si llegó la luz verde». Sin embargo, un juez mexicano «aniquiló la consulta y volvió a exigir una congelación de la construcción. No se habían consultado a suficientes indígenas, era el argumento».

En su información el Telegraaf  cita a un observador anónimo «que siguió de cerca el proceso» quien se quejó de que lo ocurrido es «un buen ejemplo de un gobierno que, por un lado de manera ejemplar consulta a indios según los estándares internacionales, pero luego está demasiado débil internamente para sostener el acuerdo que hicieron».

El Nederlands Dagblad, señaló que «para los indígenas zapotecas de Juchitán en torno a la lucha contra el parque eólico, la decisión de PGGM es una inyección en el brazo» y cita declaraciones de López Gómez de que «esta es una victoria para los derechos humanos. Espero que otros inversores sigan el ejemplo de los holandeses». Añadió que «un grupo de indígenas como López ven los molinos de viento como una amenaza a su cultura y  al cultivo de alimentos y plantas medicinales».

López Gómez explicó a Desinformémonos que la «supuesta consulta no fue ni previa ni libre ni informada» y aunque se haya retirado del proyecto la PPGM, para nosotros es un riego latente porque los gobiernos federal y estatal han fomentado una división entre los pueblos del Istmo; estos grupos (empresariales) ejercen violencia para apoderarse de nuestro territorio, para que no exista oposición porque buscan llevarse ganancias sin dejar beneficios».

Explicó que «no estamos pidiendo beneficios como tales, sino que las empresas que ya se asentaron de manera ilegal, tienen que indemnizar a las comunidades disminuyendo las tarifas eléctricas porque en esta zona cuando hace mucho calor la gente quiere tener ventiladores para refrescarse y no pueden hacerlo o si lo hacen les sube el consumo y se quedan endeudados». Apuntó que a las personas que tienen mayores ingresos igualmente se les deben fijar tarifas más bajas que las que se aplican en general.

«Para nosotros ya no es necesario promover más parques eólicos porque sería un golpe fuerte a la comunidad indígena porque hemos pasado distintas consultas que han sido violatorias pero cada vez con mayor violencia, porque ellos… buscan intimidar a cualquier persona que quiera dar su punto de vista neutral o en contra; lo que hacen es traer golpeadores».

Aseveró el vocero de la APPJ que la consulta sobre el proyecto de Eólica del Sur fue en cinco fases, «fueron agresivas, cada vez fueron aumentando la violencia, la discriminación y sobre todo la falta de respeto hacia los participantes porque a veces cuando tomábamos la palabra aventaban los envases (de refrescos), los botes de agua, para mucha gente era difícil y no podían pasar a dar su opinión».

Mencionó que eso se lo comentaron al corresponsal del Telegraaf , «le mostramos algunos videos e hizo un recorrido incluso con una fotógrafa; cuando fuimos al polígono de (el parque eólico de) Gas Natural Fenosa Biioxo, ahí las personas de la policía que lo protegen intentaron agredirnos, a ellos también, pero uno de los campesinos les dijo que no se acercaran porque no eran mexicanos y que iban a tener problemas; entonces a unos 20 metros los policías les tomaron fotos a los reporteros, intentaron quitarles la cámara y todo… ese territorio se ha vuelto peligroso hasta para recabar o recolectar plantas medicinales porque inmediatamente los policías y los de seguridad de esas empresas dicen que necesitan un permiso de la empresa. Ese territorio se está convirtiendo en territorio peligroso gracias a la ambición desmedida de las empresas eólicas», agregó.

Se le preguntó si en la APPJ estarían dispuestos a considerar un proyecto eólico si se realiza con una consulta previa, libre e informada, como establece la OIT y contestó que «una consulta se debe realizar a través de un protocolo que salga de las comunidades, no de la Secretaría de Energía ni de las empresas, con propuestas y condiciones de las comunidades y de un proyecto en asociación con la comunidad, para ver cómo se puede llevar un beneficio a la comunidad, pero las empresas ya asentadas tienen que indemnizar porque entraron de manera ilegal».