Este domingo los bolivianos decidirán, mediante un referendum, si se modifica parcialmente  su Constitución para permitir que Evo Morales, el presidente indígena aymara que llegó al poder en 2006, se pueda presentar en 2019 a las elecciones -por cuarta vez- y si las gana gobernaría hasta 2025.

Quienes defienden la permanencia de Morales Ayma en el poder arguyen el éxito económico que presuntamente ha logrado su gobierno: la disminución de la pobreza, la baja de la tasa de desempleo, el aumento de las exportaciones y del ingreso estatal, entre otros datos económicos, además de la recuperación del orgullo de la identidad nacional como país indígena, la expulsión de funcionarios -incluido el embajador- estadunidense o la inclusión de Bolivia en un bloque de países con gobiernos «progresistas o de izquierda» en la región.

Sin embargo algo ha estado ocurriendo en Bolivia que hizo que disminuyera el apoyo a Morales hasta el punto de que en El Alto, la ciudad indígena a 4 mil metros de altura, conurbada con la capital, La Paz, donde Evo llegó a ganar elecciones hasta con el 75 por ciento de los votos, a mediados de 2014 el Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficial, perdió la alcaldía ante Soledad Chapetón, candidata opositora, aymara también, además de perder la alcaldía capitalina a manos de Luis Revilla, otro opositor y ex aliado de Morales. Y una de las causas de esas derrotas ha sido la corrupción -el ex alcalde masista de El Alto, Edgar Patana está preso justamente acusado de corrupción- además de las promesas incumplidas para el mejoramiento de esa ciudad y su más de un millón de habitantes.

De acuerdo a información del diario español El País, las encuestas auguraban -seguramente hasta antes del asalto al palacio municipal de El Alto por una turba de masistas que dejó una secuela de seis muertos y numerosos heridos debido al incendio que ocasionaron los manifestantes- que Morales obtendría una victoria pírrica del sí con el 40 por ciento de los votos, contra el no que obtendría el 38 por ciento, aunque el número de indecisos ascendía a un 22 por ciento.

Y si El Alto había dejado de ser el feudo de Evo desde las últimas elecciones, los muertos de la alcaldía alteña pueden ser determinantes en este referendum, pese a los repartos de bonos que el gobierno evista hace entre los pobres del campo y la ciudad, porque como bien subraya el mencionado periódico, en El Alto, el número de votantes – casi 900 mil- es superior a los departamentos de Pando, Beni y Tarija que juntos suman 605 mil.

De esa forma podría ganar el NO a la cuarta posibilidad de reelección de Evo Morales y eso podría ocurrir porque a pesar del control oficial en medios electrónicos y periódicos se ha logrado conocer el papel que tuvieron funcionarios del gobierno masista en la orquestación del ataque a la alcaldía con su fatal resultado.

Respecto a los números de la economía, un documento del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que se titula «Una década de gobierno. ¿Construyendo el Vivir Bien o un capitalismo salvaje?» informa que durante los años de gestión del actual gobierno, mientras la tasa de desocupación abierta disminuyó desde el 8.1 por ciento al 4 por ciento, la precariedad del empleo -ingresos, estabilidad, Seguridad Social- ha aumentado ostensiblemente: en 2001 alcanzaba al 77.9 por ciento y en 2011 subió al 79.1 por ciento de los ocupados. «Por esta razón -anota el CEDLA- es correcto señalar que el gran problema en Bolivia no es la tasa de desocupación abierta, medida de forma convencional como “la ausencia de actividades remuneradas por al menos una hora en la semana anterior”, sino el subempleo o empleo precario».

«Esta situación -explica- se debe a que, en ausencia de políticas gubernamentales para mejorar la capacidad de sectores productivos como la agricultura y la industria manufacturera, la generación de empleos estuvo a cargo de las propias personas desocupadas que se dirigieron mayoritariamente a la creación de puestos en la denominada economía informal. Así, la bonanza económica… no se tradujo en la revitalización de las ramas productivas sino en el incremento de los servicios y el comercio e inclusive en actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico, por lo que el empleo informal continuó creciendo: si en 2006 éste absorbía al 59.7 por ciento de la población ocupada, en 2014 ya contenía al 62 por ciento de la misma».

Pero además, añade, el nivel de los salarios se mantiene muy bajo y lejano al costo de una Canasta Normativa Alimentaria:  mientras que en 2006 el salario promedio constituía más del 95 por ciento de la canasta, en 2010 éste representaba apenas el 74 por ciento de su valor, reflejando el gran deterioro producido en el ingreso de los obreros. Además, el 64.8 por ciento de los trabajadores ocupados en el eje central del país en 2011 percibía ingresos laborales menores al costo de la citada canasta.

El CEDLA habla también en su estudio de que la situación del tesoro público mejoró extraordinariamente a partir de la reforma del régimen tributario del sector de hidrocarburos mediante la denominada “nacionalización”, que en realidad fue el aumento del gravamen a las transnacionales aprovechando el ciclo alcista de los precios del petróleo, aunque afirma, «condicionado al mantenimiento del control real de la producción por parte de dichas empresas, a la acentuación de la extracción sin la correspondiente reposición de reservas consumidas y a la libre repatriación de capitales al exterior».

El resultado de esta lógica fue el enraizamiento de una conducta rentista en el gobierno boliviano, añade, «expresada en la priorización de sus gastos en favor de las ramas extractivas y el relegamiento del apoyo a las otras ramas productivas que no generan rentas extraordinarias» lo que llevó «a un desmontaje paulatino de la propia nacionalización” mediante incentivos a las transnacionales  «que disminuyen la renta petrolera que percibe el Estado, y de revisión de normas de protección de las áreas protegidas y de la consulta indígena, para permitir el desarrollo de la exploración petrolera».

En el caso de la minería, que también está bajo dominio transnacional, «la situación es aún más grave, pues en ella no hubo reformas importantes, ni en la propiedad de las empresas, ni en el régimen tributario», afirma el centro de estudios, pues, indica, «pese al crecimiento de la producción y de la exportación de minerales, el Estado boliviano percibe muy poco de los beneficios, pues de un valor de venta de más de 3 mil 599 millones de dólares en 2014, sólo recibió 162 millones de dólares por concepto de Regalías mineras, equivalentes al 4.5 por ciento».

No son pocos los intelectuales de izquierda que han comprado entero el discurso de Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, sobre el desarrollo boliviano y la disminución de la pobreza en ese país. Veremos este domingo 21 si la entrega de bonos y canchitas de futbol pueden más que la creciente conciencia entre el pueblo boliviano de que las limosnas oficiales no pueden sustituir el apoyo a los sectores productivos, como la agricultura comunitaria o la producción manufacturera que se requiere en su país, o la verdadera protección ambiental en áreas de riqueza ecológica como el Parque Nacional del TIPNIS, que se deja a un lado a favor de los cocaleros y las exploraciones petroleras.