Como el MST en Brasil o el pueblo mapuche en Chile, algunos pueblos indígenas de Colombia, con especial fuerza en el departamento del Cauca, han protagonizado desde los años 70 hasta hoy recuperaciones de lo que las comunidades consideran su territorio ancestral. Y como los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff en su momento, y hoy el de Gabriel Boric, el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez dio a inicios de este mes de septiembre un primer paso ofensivo ante las acciones de las comunidades que exigen redistribución de hecho de las tierras hegemonizadas por la clase latifundista colombiana.
Por su complejidad en términos de actores involucrados en el conflicto, el caso detonante de esta actitud represiva por parte del Estado ha sido el del proceso que las comunidades del pueblo indígena nasa llaman liberación de la madre tierra en el norte del Cauca donde, desde 2014, cientos de familias se han posesionado en terrenos ocupados por monocultivos de caña propiedad de grandes empresas como Incauca SA.
Desalojo de tierras en disputa
Ni un mes había pasado desde su posesión, cuando la vicepresidenta Francia Márquez, junto a la ministra de Agricultura Cecilia López (Partido Liberal), el director de la Unidad de Restitución de Tierras, otorgada muy estratégicamente al líder indígena del pueblo nasa Giovani Yule (MAIS), y otros altos cargos del primer Gobierno progresista de la historia colombiana, se plantaron ante las cámaras a tildar a las familias que están recuperando tierras a “a lo largo y ancho del país” de “invasores violentos”. Si bien Márquez reiteró su “compromiso con presentar al Congreso de la República el proyecto de ley que avanzará con la reforma agraria integral que el país necesita para erradicar el hambre”, también enfatizó varias veces su “respeto a la propiedad privada” y puso un ultimátum de 48 horas a las comunidades para que “salgan de los predios”. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), cuerpo de choque de la policía que este Gobierno se comprometió inicialmente a desmantelar por su tradición sanguinaria, no esperó ni las 48 horas para entrar a las fincas habitadas desde hace hasta ocho años por las comunidades en los municipios de Caloto y Corinto.
Francia Márquez calificó de “invasores violentos” a las comunidades que ocuparon tierras ancestrales, aunque a continuación la vicepresidenta reiteró su “compromiso con presentar el proyecto de reforma agraria integral que el país necesita para erradicar el hambre”
En estos municipios históricamente golpeados por la violencia y donde siguen viviéndose cuotidianamente enfrentamientos armados entre las disidencias de las FARC y el ejército, la tierra está en disputa no solo por sus propietarios legales y los que aseguran ser sus dueños legítimos o ancestrales, sino también por comunidades campesinas y afrocolombianas que del mismo modo tienen necesidad de tierras para sembrar y vivir. El 3 de septiembre, en una carta pública, el proceso de liberación publicó: “le mandamos a decir al gran jefe –Petro- que no vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar”. Además, denunciaban que allí “han caído 12 compañeros desde el 2005, asesinados por la empresa privada Incauca, Asocaña y Procaña, y por el estado colombiano”, entre ellos el periodista Abelardo Liz quien fue asesinado por ejército en el anterior desalojo el 13 de agosto de 2020.
El desalojo con gases lacrimógenos y, según denunciaron las comunidades indígenas con disparos de munición real, acabó, como cientos que ya han intentado ejecutar, con el regreso de las comunidades a las más de 24 fincas que ya habitan en lo que antes eran cañaduzales. “Hemos bajado de los resguardos que están en las montañas porque allá ya no podemos trabajar y la parte alta hay que cuidarla para que haiga agua”, explica una mujer nasa que prefiere guardar el anonimato, desde la finca Guayabales en Caloto. Ella vive en una vereda de la zona alta que recuperaron sus papas y sus abuelos en 1971 y que ahora es propiedad colectica indígena, es decir, resguardo. Sus hermanos han podido crecer allí, pero “a nosotros nos toca buscar más espacio para dejarle a nuestros hijos, por eso estoy acá, liberando la tierra que está sometida al extractivismo, al monocultivo, para que vuelva a tener vida”.
La orden de desalojo pretendía dar un golpe en la mesa en un momento en que el norte del Cauca vive un caos de protestas, vías cortadas y enfrentamientos entre comunidades indígenas y trabajadores de los ingenios azucareros que reivindican su derecho a trabajar. El conflicto se avivó a inicios de agosto, cuando las organizaciones indígenas convocaron nuevas jornadas de trabajo colectivo de corte de caña en fincas que aún no habían pretendido, justo antes de que el Gobierno de extrema derecha de Iván Duque entregara el mando al que consideran o consideraban un gobierno amigo. A raíz de esas acciones, los trabajadores de los monocultivos de caña, en su mayoría pertenecientes a comunidades afrocolombianas descendientes de los esclavos que siguen hoy trabajando por sueldos miserables para los hijos de los que fueron los dueños de sus bisabuelos, decidieron bloquear la carretera principal de la región, cobrando, según algunos de ellos, sus jornales diarios.
La orden de desalojo pretendía dar un golpe en la mesa en un momento en que el norte del Cauca vive un caos de protestas, vías cortadas y enfrentamientos entre comunidades indígenas y trabajadores de los ingenios azucareros que reivindican su derecho a trabajar
Representantes de comunidades campesinas, de la Cxhab Wala Kiwe o Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) se reunieron en ese momento con altos cargos del nuevo Gobierno, recién llegado a la gestión del país, entre ellos la misma Francia Márquez, oriunda de esta zona. Pero los diálogos no llegaron a buen puerto en aquel momento. Después de entender que la represión ejercida y que tanto habían criticado antes, tampoco es el camino, en los últimos días ha habido acercamientos de nuevo por parte del mismo presidente Petro a la organización indígena y se espera que se abra una nueva mesa de diálogo con todos los actores.
Reforma agraria y capitalismo
Pero la situación en el norte del Cauca es solo una de tantas. No son pocos, en las comunidades rurales, los que se imaginan que con este Gobierno pronto tendrán un pedacito de tierra propio, tanto es así que en el departamento del Huila se ha ocupado recientemente un predio que han bautizado “asentamiento Gustavo Petro”. Pero las cosas no serán tan sencillas. Durante su campaña electoral, ante la presión mediática que los tildaba de “castrochavistas” y “comunistas”, Márquez y Petro se vieron obligados a firmar ante notaria la promesa de que no expropiarían tierras si eran elegidos. La noche del 19 de junio, en sus primeras palabras como presidente electo, Gustavo Petro explicó muy pedagógicamente que su gobierno tendría que “desarrollar el capitalismo”, no porque le gustara, sino porque Colombia tenía que salir aun de un “sistema feudal” que hoy tiene a 20 millones de colombianos sin poder suplir sus necesidades básicas.
Y con capitalismo y sin expropiaciones, el primer líder colombiano progresista se muestra firme con su promesa de una reforma rural, primer punto de los acuerdos de paz que se ha comprometido a implementar y estrategia clave para salir de la desigualdad y violencia extremas que vive uno de los países con más desplazados internos del mundo. Como anécdota reflexiva, en un congreso nacional de exportadores en Medellín la semana pasada, Petro afirmó que “si hubiéramos hecho una reforma agraria (desde hace décadas), hoy no seríamos narcotraficantes”. Una reforma que pretenden realizar sin chocar con la clase terrateniente del país, a quién necesitan tener de su lado, y que quieren llevar a cabo principalmente con las tierras baldías, es decir las que no han sido legalmente de nadie —desde la colonización, claro—, se consideran propiedad del estado y, en muchos casos, están actualmente en manos de las élites del país. Se calcula que pueda haber hasta cuatro millones de hectáreas de tierras baldías, pero no existe conocimiento empírico de donde o en qué manos estén.
Durante su campaña electoral, ante la presión mediática que los tildaba de “castrochavistas” y “comunistas”, Márquez y Petro se vieron obligados a firmar ante notaria la promesa de que no expropiarían tierras si eran elegidos
En esta dirección, el primer poderoso al que se le ha exigido devolver tierras baldías —en este caso sí, invadidas— ha sido al expresidente Álvaro Uribe Vélez, terrateniente antioqueño vinculado históricamente al narcotráfico y el paramilitarismo. Su finca El Laguito, de ocho hectáreas, ya ha sido entregada, según los medios comerciales del país, a la Agencia Nacional de Tierras. Pero de ocho en ocho será difícil llegar a los tres millones de hectáreas que la reforma rural integral pretende abarcar.
Y es que, tradicionalmente conocido en Colombia como “el chicharrón de la tierra”, el conflicto por la tierra y el caos de titularidad que existe en el agro colombiano, dificultará mucho una redistribución justa. Pero será totalmente imposible de realizar si esta reforma rural no es resultado de una construcción colectiva, que teóricamente promulga Márquez en sus discursos, entre los pueblos y comunidades que habitan y trabajan los territorios. Además, comprometidos con una visión intercultural, será necesario también entender qué es “territorio” para cada pueblo o etnia, porque, como seguía la carta de las comunidades nasa “al entrar en las fincas cortamos la caña y en lugar de la caña crece la comida que sembramos y crece también el monte porque Uma Kiwe —madre tierra— tiene que descansar”.
Sin duda hace 500 años la gigante planada del valle del río Cauca, no pertenecía a Ardila Lule —multimillonario propietario del principal canal televisivo comercial, RCN, equipos de futbol y la empresa más grande de refrescos edulcorados, Postobón— ni a ningún señor de ascendencia europea. Se estima que habitaban ese valle muchos seres vivos diversos, entre ellos los tatarabuelos y tatarabuelas de las comunidades indígenas nasa que hoy habitan las montañas aledañas a este valle. Este intento de desalojo a sus descendientes, los que hoy reivindican territorios para la vida, ha supuesto la primera disputa entre sectores de los movimientos sociales que apoyaron y celebraron, bailando como si no hubiera fin, la victoria de Petro y Francia y este nuevo gobierno que busca equilibrios para gobernar con su objetivo de “la paz total”. Una disputa que para muchos es tan solo la primera decepción.
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