Hay un tablero de ajedrez de geopolítica y el Ecuador lo juega sin que su sociedad tenga una percepción clara de qué se trata ese juego. Es esa coyuntura la que explica y otorga condiciones de existencia a varios fenómenos que vive el país como, por ejemplo, la crisis de seguridad ciudadana y el Decreto Ejecutivo que declara el Conflicto Armado Interno, es decir, la guerra interna. ¿Cuáles son las coordenadas de ese tablero de ajedrez de la geopolítica? ¿A qué juego está sometido el Ecuador? ¿Quiénes mueven sus fichas? Para responder a estas cuestiones es necesario vislumbrar una estrategia de vasto aliento y profundo calado que se denomina Plan Ecuador.

Hay que indicar que apenas llega al poder Guillermo Lasso Mendoza en mayo de 2021, una de sus prioridades es posicionar el Plan Ecuador en un contexto en el cual el mundo emerge de la pospandemia con desafíos como la guerra de Rusia y Ucrania, y las sanciones económicas de EEUU y Europa (a través de la OTAN) a Rusia. También está el creciente conflicto entre EEUU y China quien se constituye como el rival directo a la hegemonía económica y comercial norteamericana.

Así, al situar al Plan Ecuador como prioridad de su gobierno, Lasso pone a la geopolítica como punto central de su agenda. Durante todo el año 2021 Lasso orientará la brújula de las relaciones internacionales hacia el posicionamiento y la conformación del Plan Ecuador. En efecto, lo propone el 5 de noviembre de 2021, en el Foro ABC: Pensar en el Siglo XXI, realizado en España. Lasso también insistió en la necesidad del Plan Ecuador el 11 de junio de 2022, en el Foro Empresarial de las Américas. De hecho, el 08 de junio de 2022, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, Guillermo Lasso Mendoza, propuso de manera oficial al gobierno norteamericano de la administración Biden la iniciativa del Plan Ecuador.

Pero, ¿qué significa ese Plan Ecuador? ¿Cuáles son sus contenidos, sus objetivos, su agenda, sus puntos clave?¿Por qué Lasso lo plantea desde el inicio de su gobierno y lo vincula a la lucha contra el narcoterrorismo en un contexto en el cual ese narcoterrorismo aún no se había consolidado como un fenómeno importante, al menos en el año 2021? ¿Cuáles son esos puntos estratégicos de ese Plan Ecuador que Lasso tiene en mente y que no forman parte del debate nacional? ¿Cuán involucrado está el gobierno norteamericano en la concepción y formulación de este Plan Ecuador? ¿Cómo interpretar la coyuntura política del Ecuador al trasluz de este Plan Ecuador?

Los datos indican que el gobierno norteamericano estaba y está absolutamente comprometido con el Plan Ecuador y que lo considera como una parte importante de su estrategia geopolítica global y, en particular, como una prioridad para el Comando Sur.

Sin embargo, para la sociedad ecuatoriana aún no hay cabida para discutir o problematizar el Plan Ecuador porque nadie lo conoce salvo Lasso, y ahora el nuevo gobierno de Noboa, su círculo íntimo y, por supuesto, la embajada de USA; así, sus verdaderos contenidos son aún un enigma por descifrar. No obstante, si se mira la coyuntura del país desde la perspectiva del Plan Ecuador para el periodo 2021-2024, muchos aspectos de la coyuntura adquieren sentido y coherencia.

Aquellos puntos que, fuera de este contexto, aparecen sin vinculación y, aparentemente, sin relación, empiezan a tener sentido y lógica cuando se los articula y se los considera desde su vinculación con el Plan Ecuador.

Por ejemplo, el caso Metástasis de la Fiscalía General del Ecuador, que se suscitó en diciembre de 2023, a partir de la materialización de los chats encontrados en el celular de Leandro Norero, una persona acusada y sentenciada por crimen organizado, quien, además, fue asesinado en uno de los motines carcelarios del Ecuador en el año 2022, tiene lógica y coherencia al trasluz, justamente, del Plan Ecuador.

Lo mismo también con las diferentes masacres carcelarias y el rol jugado en ellas por el delincuente José Adolfo Macías, alias “Fito” y el efecto “spillover” (el efecto derrame) de la violencia del crimen organizado sobre la sociedad, así como el Decreto Ejecutivo No. 111 del 9 de enero de 2024 emitido por el presidente Daniel Noboa y en el cual declara el Conflicto Armado Interno, entre otros, tienen sentido y adquieren lógica y estructura dentro de la matriz del denominado Plan Ecuador.

En consecuencia, se impone intuir esos contornos del Plan Ecuador porque a diferencia del Plan Colombia suscrito entre Pastrana y Clinton en el año 2000, el Plan Ecuador no se caracteriza por ser un programa con puntos claramente establecidos y estrategias debidamente instituidas.

Ahora bien, una hipótesis de trabajo puede indicarnos tres grandes momentos en la construcción del Plan Ecuador en el periodo 2021-2024. La primera de ellas va desde la posesión del gobierno de Guillermo Lasso en mayo del año 2021, hasta la aprobación del Congreso de EEUU de la Ley de Asociación entre EEUU y Ecuador 2022, en diciembre de 2022.

La segunda etapa del Plan Ecuador se construye a lo largo del año 2023 y tiene los siguientes momentos claves: (i) el memorándum de entendimiento entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y el Pentágono en junio de ese año; (ii) el Acuerdo de Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas (SHIPPRIDERS), de septiembre de 2023; (iii) el Estatuto de las Fuerzas (SOFA por sus siglas en inglés) en octubre de 2023; y, (iv) el Acuerdo de Asistencia en intercepción aérea.

La tercera etapa del Plan Ecuador empieza el 9 de enero con la declaratoria del Decreto de Conflicto Armado Interno y se sanciona con las decisiones de la Corte Constitucional del 11 de enero y del 23 de enero de 2023 de permitir en el país la operación de los acuerdos SOFA y SHIPRIDERS, respectivamente.

El Plan Ecuador es geopolítica. No es un Plan hecho en función de las necesidades del país. Tampoco es un plan que involucre de cualquier manera al sistema político. No es un plan de ayuda y cooperación al país que comprenda sustanciales recursos desde EEUU. No hay que confundir el Plan Ecuador con ninguna estrategia comercial, o como un plan para llevar adelante tratados de libre comercio, o como ayuda bilateral; y, curiosamente, el Plan Ecuador tampoco tiene mucho que ver con el narcotráfico y el narcoterrorismo.

El Plan Ecuador corre en un andarivel distinto a aquel de la liberalización comercial y acuerdos comerciales y aquellos de la ayuda bilateral. Es una estrategia supranacional que integra y vincula al país a un juego de intereses que solo pueden comprenderse desde una visión más global y relacionada con la agenda geopolítica de EEUU. Para intuirlo, por tanto, se describirán aquellas determinaciones que se consideran más estratégicas para cada una de estas etapas. Al final, ya con el cuadro completo, estremece y aterra. Pero esa es la realidad que, al momento, vive el Ecuador.

1. Primera etapa del Plan Ecuador: la creación de sus condiciones de existencia

El Plan Ecuador nace desde la posesión de Guillermo Lasso como presidente del Ecuador en mayo de 2021. No es un Plan que tenga que ver con la liberalización de la economía, como ya se había indicado, porque, al efecto, el gobierno de Lasso estuvo empeñado en suscribir cuantos tratados de libre comercio sean posibles hacerlo. Es un plan que compromete la soberanía del país en un vector de confrontaciones mundiales y dentro del tablero de mando del ejército de EEUU. Es, en realidad, la transferencia de la soberanía del país, en el ámbito militar, político, económico y geopolítico, hacia EEUU.

Como puede apreciarse, se trata de algo que, al menos con el texto constitucional del país, no sería posible su realización, pero eso no impidió para que el gobierno de Lasso, posteriormente el gobierno de Daniel Noboa, la embajada norteamericana, y el Comando Sur del Ejército norteamericano, hayan trabajado de forma intensa para conseguirlo.

El Plan Ecuador retoma los contenidos de militarización e intervención extranjera directa sobre el país de la misma manera que, en su momento, tenía el Plan Colombia, pero con diferencias importantes. El Ecuador es un país de paso de la droga, no tiene fuerzas irregulares que amenacen al Estado, y es, en general, un territorio de paz, aunque mantiene una economía dolarizada. Sin embargo, el Ecuador es un país caracterizado por tener fuertes movimientos sociales con una enorme capacidad de movilización y con la fuerza política suficiente para alterar el balance del poder. Se trata, obviamente, del movimiento indígena.

Por tanto, uno de los vectores claves para la puesta en marcha del Plan Ecuador, por ejemplo, la existencia de grupos irregulares que amenacen al Estado, aún no existe cuando se formula este Plan. Los grupos del crimen organizado, para inicios del año 2021 aún no adquieren la fuerza y la potencia que tendrían después para amenazar a la sociedad y al Estado. Por lo que una de las tareas que tendrán que cumplirla quienes empujan el Plan Ecuador, tiene que ver, justamente, con la construcción de esa violencia de grupos irregulares y proyectarlos de tal manera que puedan convertirse en una amenaza para el Estado, porque sin esa violencia y sin esos grupos irregulares, el Plan Ecuador, simplemente, no es posible.

Esto quiere decir que el Plan Ecuador es inseparable de la violencia de los grupos irregulares, en este caso representados por el crimen organizado. Por tanto, una de las primeras prioridades para la existencia del Plan Ecuador es, aunque parezca paradójico, crear la violencia de tal manera que se justifique y legitime su presencia y existencia.

La agenda seguritaria. – El Plan Ecuador, como transferencia de la soberanía del país a un tablero de mando del ejército de otro país, en la ocurrencia aquel de los EEUU, solo puede justificarse y legitimarse si hay violencia y, además, si esta violencia no puede ser conjurada ni remitida por las instituciones existentes.

La violencia se revela funcional porque supone un Estado fallido, incapaz de garantizar el derecho a la seguridad a sus ciudadanos y esta violencia que rebasa al Estado puede convertirse en una amenaza global. En un Estado con instituciones fuertes, la violencia puede ser absorbida y procesada dentro de esas instituciones de tal manera que se puede garantizar el derecho a la seguridad a los ciudadanos y proteger su vida y sus bienes, además de encausar las disputas y conflictos dentro de procedimientos y normas previamente establecidos por las leyes y las instituciones.

Por tanto, uno de los primeros vectores para la construcción del Plan Ecuador tiene que ver con la incapacidad del Estado para procesar la violencia y suscitar un estado de anomia (sin leyes). En el caso del Ecuador, la violencia procede desde el crimen organizado vinculado al narcotráfico, el sicariato y otras formas de delincuencia.

El crimen organizado está contenido dentro del sistema penitenciario y judicial del país. Sin embargo, desde febrero del año 2021, el sistema penitenciario se revela incapaz de contener la violencia del crimen organizado. En ese mes se produce la primera masacre en los centros penitenciarios del país. En el año 2021 se producirán cuatro masacres carcelarias con cerca de trescientas personas privadas de libertad que perdieron su vida, se trata de un hecho inédito en toda la historia republicana del país. En el año 2022 se producirán siete masacres carcelarias más, y en el año 2023, hasta el mes de julio de ese año, se producirán dos nuevas masacres carcelarias. Hasta la presente fecha no existen resultados de ninguna investigación oficial desde la Fiscalía General del Estado, ni desde la Asamblea Nacional, sobre los responsables de esas masacres y sus consecuencias sobre la sociedad.

Esa violencia es un fenómeno que da cuenta de la incapacidad del Estado por contenerla, procesarla y remitirla. Habida cuenta de las capacidades institucionales y financieras del Estado ecuatoriano (destina cerca del 4% del PIB para el gabinete sectorial de seguridad y, entre policías y fuerzas armadas, tiene un personal de más de 108 mil personas y, adicionalmente, 170 mil reservistas), esta incapacidad de contener la violencia no es estructural, porque el Estado sí tiene los recursos institucionales y financieros para afrontarla, pero, en cambio, es altamente funcional al Plan Ecuador.

Hay algunos elementos que son importantes destacar. Las masacres carcelarias tienen a la penitenciaría del Litoral ubicada en la ciudad de Guayaquil como uno de sus centros más importantes desde el cual se genera, se controla, se dosifica y se irradia la violencia sobre los otros centros penitenciarios y también sobre la sociedad. Asimismo, tiene a un grupo de delincuencia organizada plenamente identificado y cartografiado denominado “Los Choneros” (por ser la zona de origen de sus primeros integrantes, la ciudad costanera de Chone en la provincia de Manabí), como el grupo que intersecta a toda la violencia del crimen organizado y todos sus otros grupos y pandillas; y, además, tiene a sus líderes como el fiel de la balanza de la violencia del crimen organizado.

Para un Estado con instituciones fuertes, no habría sido difícil contener esa violencia dentro del perímetro penitenciario y, finalmente, sujetarla y resolverla, sobre todo con la información que el Estado posee sobre estos grupos. Sin embargo, las continuas y cada vez más violentas masacres carcelarias tenían efectos de heurística: generar la violencia y el miedo necesarios sobre el cual imponer las condiciones del Plan Ecuador, porque no se explica de otra manera el hecho de que, ante todas las masacres carcelarias en tres años, el Estado haya mantenido una impavidez absoluta cuando tenía a su disposición todas las herramientas, todo el personal y los procedimientos para conjurarlas, evitarlas y contenerlas. Existe ahí, por tanto, una especie de convergencia, simbiosis y complicidad del Estado con esta emergencia de grupos irregulares que, antes de la propuesta del Plan Ecuador, estaban debidamente contenidos y controlados.

De esta manera, la violencia, el crimen organizado y sus líderes más importantes, de grado o por fuerza; voluntaria o involuntariamente, se convierten en vectores claves en la estrategia del Plan Ecuador. Sin “Los Choneros”, sin José Adolfo Macías Villamar (alias “Fito”), sin la violencia de las masacres carcelarias y posteriormente de la expansión del sicariato contra toda la población, el Plan Ecuador, habría sido imposible. Quizá sin que ellos lo sepan (o quizá algunos de ellos efectivamente lo hayan intuido), pero estos grupos de delincuencia organizada eran, realmente, peones del tablero de la geopolítica.

Esto supone considerar que la violencia que la sociedad sufre desde el año 2021 es intencional y altamente funcional a la estrategia del Plan Ecuador. Por tanto, una de las condiciones que permitan la existencia de este Plan es garantizar la incapacidad estructural del Estado para garantizar derechos mínimos para sus ciudadanos y, en especial, el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana.

Al llevar al extremo la violencia surge la capacidad heurística de la violencia y el miedo se apodera de la sociedad. Una sociedad inscrita en las coordenadas del miedo puede ser fácilmente manipulable y puede aceptar aspectos que, en otras circunstancias, habrían sido imposibles siquiera de proponer como, por ejemplo, poner al país bajo el mando militar de otro. Sin embargo, hay una condición política que es concomitante a la heurística del miedo de estos grupos irregulares, se trata del Estado fallido. Así, Plan Ecuador y Estado Fallido forman parte de una misma ecuación.

El Estado fallido. – ¿Por qué es importante el Estado fallido en la estrategia del Plan Ecuador? Porque un Estado fallido representa una amenaza transnacional para la seguridad mundial. Cuando hay un Estado fallido se pone en marcha una especie de “cordón sanitario” para amortiguar las posibles amenazas que supone. Ese “cordón sanitario” está hecho para monitorearlo y, de ser el caso, intervenirlo. Por ello, la agenda más importante de un Estado fallido es, precisamente, aquella de la seguritización. El Plan Colombia, por ejemplo, se diseñó, promovió, financió y ejecutó para recuperar a Colombia que se había convertido, según sus promotores, en un Estado fallido.

Se supone que en un Estado fallido el Estado pierde el monopolio de la violencia legítima y es incapaz de garantizar los derechos mínimos a su población, entre ellos, el derecho a la vida, a la propiedad y a la seguridad ciudadana. Por ello, no existen Estados fallidos sin geopolítica y, evidentemente, sin intervencionismo (que puede ser el intervencionismo soft de la cooperación internacional o el hard de la intervención militar y/o el bloqueo).

Si el Estado ecuatoriano se revela incapaz de proteger el derecho a la vida de sus propios ciudadanos por la amenaza del crimen organizado, entonces, este crimen organizado puede convertirse en una amenaza global habida cuenta de su integración a los circuitos mundiales del crimen y la droga. Esto, en consecuencia, justifica y legitima la intervención sobre el país. De esta forma, el Plan Ecuador puede implementarse, imponerse y, por esa vía, sujetar a la sociedad, a su propia agenda.

La construcción del Estado fallido empieza en el gobierno de Lenin Moreno en el año 2018. Pero Moreno aún no lo vincula con ninguna estrategia geopolítica. Simplemente se limita a cumplir las directrices que provienen de la banca, de los grandes grupos económicos y del FMI. Lenin Moreno utiliza la política económica para demoler la institucionalidad del Estado. Elimina, por ejemplo, el sistema de planificación e impone radicales políticas de austeridad. Se trata, en definitiva, del clásico esquema recesivo del FMI. Pero aún falta para el Estado fallido.

Quien empieza de verdad la construcción del Estado fallido es el gobierno de Guillermo Lasso, porque el Plan Ecuador es su prioridad y su agenda más estratégica. Por ello puede asumirse que el momento en el cual se abre el sistema financiero para que los grupos delincuenciales, en especial aquellos vinculados al narcotráfico, puedan utilizar el sistema financiero para el lavado y blanqueo de capitales, por la vía de las reformas legales propuestas por Guillermo Lasso en sus primeros meses de gobierno, el país entra en una vorágine de la cual solo sería consciente meses más tarde. Se trata del segundo capítulo denominado “Regularización de activos en el Exterior”, de su proyecto de: Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, aprobado por la Asamblea Nacional el mes de noviembre de 2021. Concomitante con esta estrategia, Lasso también desmanteló las entidades de control de lavado de activos (la UAFE).

Una segunda estrategia del Estado fallido fue integrar todas las empresas públicas dentro de un esquema de corrupción que tenía, como telón de fondo, al narcotráfico. Ello las debilitó de tal manera que las puso en riesgo inminente, pero vinculó el Estado con el narcotráfico y el crimen organizado.

Una tercera estrategia fue debilitar la capacidad de defensa social ante la violencia del crimen organizado. Para ello era clave la complicidad de algunas instituciones con la estrategia del Plan Ecuador. Entre esas entidades e instituciones puede mencionarse a la Fiscalía General del Estado, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, y al Consejo de la Judicatura, entre las más importantes. No significa que ellas hayan actuado de forma consciente, deliberada y articulada dentro de la estrategia del Plan Ecuador, sino que no hicieron absolutamente nada ante la ola de violencia que empezó a generarse desde el año 2021 ni ante las denuncias de corrupción que se hacían. No solo eso, sino que muchos oficiales de las fuerzas armadas y policiales fueron debidamente disciplinados e integrados a las directrices del Plan Ecuador cuando la embajada de EEUU acusó a varios altos oficiales como “narcogenerales”.

Ese solo hecho creó el vacío institucional necesario y la impunidad suficiente para que pueda operar la violencia del crimen organizado y justificar la existencia del Plan Ecuador. Como mecanismo de apoyo, Lasso logró plegar sobre esta estrategia a casi todos los medios de comunicación.

Una cuarta estrategia fue radicalizar el ajuste económico y someter a la población a los rigores de las políticas de austeridad fiscal. Si Lenin Moreno demolió la institucionalidad pública, Guillermo Lasso puso la estocada final. Programas sociales esenciales para evitar, precisamente, el desgarre en el tejido social, fueron suprimidos, o sus recursos fueron recortados. Miles de hogares fueron eliminados de las bases de datos de los programas de asistencia social y muchos de esos programas se quedaron sin financiamiento. Lasso creó las condiciones sociales para que muchos jóvenes de los barrios populares no tengan otro camino que no sea integrarse a los grupos del crimen organizado.

Esta estrategia de Guillermo Lasso dio, finalmente, resultado. El Fondo por la Paz (FFP por sus siglas en inglés) que lleva adelante la medición global de riesgo de los países en devenir en Estado fallido, puso, en el año 2023, al Ecuador en el puesto 87 del Índice de Estados Frágiles y dentro de la categoría de advertencia de riesgo de convertirse en Estado fallido, con una puntuación de 69.4. La más alta de su historia reciente.

Sin embargo, el punto fuerte de esta estrategia de creación del Estado Fallido, fue la relación tanto del gobierno de Moreno como el de Lasso con la administración Biden y con los sectores más conservadores del sistema político americano, fundamentalmente, con políticos como Robert Menéndez, o Marco Rubio.

En marzo de 2021 el Senado norteamericano aprobó la Resolución No. 22 (del 117 Congreso), en donde reafirma la relación estratégica entre EEUU y Ecuador. El 13 de agosto de ese mismo año, entró en vigor el Protocolo para el Consejo de Comercio e Inversión para un Acuerdo Relativo a Reglas de Comercio y Transparencia, entre ambos gobiernos. En junio de 2022, el Departamento de Estado del gobierno norteamericano autorizó la apertura de una oficina en la ciudad de Guayaquil de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (NIL por sus siglas en inglés).

Fue esa convergencia la que creó el instrumento más importante del Plan Ecuador. En efecto, para el mes de mayo de 2022 estará ya listo el proyecto de Ley DAV 222083 desde la Presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano, presidido por Bob Menéndez (un senador demócrata, hay que decirlo, que meses más tarde será acusado por la fiscalía de EEUU con cargos de corrupción), que finalmente se aprobará en diciembre de ese mismo año, como Ley de Asociación entre EEUU y Ecuador 2022, y que marcará, casi oficialmente, el inicio del Plan Ecuador.

La ley de Asociación entre EEUU-Ecuador, 2022.- Este marco jurídico pliega al Ecuador de forma directa y sin mediaciones a la agenda geopolítica de EEUU y traslada el tablero de mando de la soberanía del país hacia una potencia exterior. Se trata de una estrategia de intervención directa que solo puede justificarse por la existencia de un Estado fallido y la emergencia de grupos irregulares que puedan convertirse en una amenaza transnacional a la cual hay que controlar y eliminar desde sus inicios con ayuda extranjera, en este caso de EEUU.

Es un bilateralismo que encierra a la cooperación dentro de la agenda de seguridad como parte de una estrategia de intervención para recuperar al Estado fallido; algo que podría denominarse como un bilateralismo de seguritización.

Este marco jurídico no contó con la participación del sistema político ecuatoriano. De hecho, la Asamblea Nacional del Ecuador, el 16 de junio de 2022, con 75 votos, rechazó este proyecto de ley del Congreso norteamericano. Sin embargo, fue aprobada por el Congreso de EEUU como parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa de EEUU, el 15 de diciembre de 2022.

Esta ley tiene, además de los capítulos de rigor, seis grandes capítulos que van desde las recomendaciones previas y las consideraciones que justifican su aprobación, hasta cuestiones más específicas como: la facilitación de vínculos económicos y comerciales entre EEUU y Ecuador; la promoción de lo que esta ley denomina “desarrollo económico inclusivo”; las estrategias para combatir las economías ilícitas, la corrupción y la “influencia extranjera negativa”; y la estrategia de intervención sobre el sistema político y la sociedad a través del fortalecimiento a lo que el gobierno norteamericano denomina gobernanza democrática.

Esta ley parte del reconocimiento de que EEUU y Ecuador tienen intereses conjuntos en materia de seguridad (“mutual security interests”). Es una ley que se define, estructura y establece desde los intereses concretos y específicos de EEUU, no del Ecuador que, en esta ley, se convierte en objeto de intervención; y que se articula de manera coherente con la estructura jurídica la doctrina de la seguridad nacional de los EEUU (“… strengthening the United States-Ecuador partnership presents an opportunity to advance core United States national security interests”. Traducción: “El fortalecimiento de la asociación entre Estados Unidos y Ecuador presenta una oportunidad para promover los intereses fundamentales de seguridad nacional de los Estados Unidos”. Ley de Asociación entre EEUU-Ecuador 2022, punto 3.2).

Una vez integrado el país dentro de la órbita geopolítica de EEUU, se procede a demarcarlo y separarlo de las amenazas geopolíticas para EEUU. La principal amenaza a su hegemonía económica, financiera y comercial que tiene al momento EEUU es China; por lo tanto, este Acuerdo considera que China (y su bloque geopolítico) son, literalmente, una “influencia foránea maligna” para el Ecuador. (“… malign foreing influence” Ley de Asociación entre EEUU-Ecuador 2022, punto 3.2).

Por ello, este Acuerdo considera peligroso que China pueda ayudar al país con créditos y con financiamiento a proyectos de infraestructura: “… vulnerabilities with respect to the growing role of the People’s Republic of China in the financing and refinancing of Ecuador’s debts, and in strategic infrastructure projects and sectors of the Ecuadorian economy”; Ley de Asociación entre EEUU-Ecuador 2022, Sección 2, punto B. (Traducción: Ecuador presenta … “vulnerabilidades con respecto al creciente papel de la República Popular China en el financiamiento y refinanciamiento de las deudas del Ecuador, y en proyectos y sectores estratégicos de infraestructura de la economía ecuatoriana”).

No solo eso, sino que toda relación y toda forma de cooperación con China es sospechosa: “The activities undertaken by the Government of the People’s Republic of China in Ecuador, including its development of the ECU–911 video surveillance and facial recognition system, financing of the corruptly managed and environmentally deleterious Coca Codo Sinclair Dam, and support for illegal, unreported, and unregulated fishing practices around the Galapagos Islands, pose risks to democratic governance and biodiversity in the country”. Ley de Asociación entre EEUU-Ecuador 2022, Sección 2.7 (Traducción: “Las actividades emprendidas por el Gobierno de la República Popular China en Ecuador, incluido el desarrollo del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial ECU-911, la financiación de la presa Coca Codo Sinclair, administrada de manera corrupta y perjudicial para el medio ambiente, y el apoyo a actividades ilegales, no declaradas, y las prácticas de pesca no reguladas alrededor de las Islas Galápagos, plantean riesgos para la gobernanza democrática y la biodiversidad en el país”).

Sobre estas definiciones geopolíticas, se impone un marco de intervención intenso y extenso en el cual los responsables directos de esta intervención son el Departamento de Estado de EEUU y la agencia de cooperación de EEUU, USAID (9.(a) y 9. (b).)

A diferencia de los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio que especifican de manera detallada los mecanismos, procedimientos, e incluso ítems a formar parte de la liberalización comercial, así como el tratamiento a las diferencias en inversión a partir del reconocimiento a los centros internacionales de conciliación y arbitraje, esta Ley de Asociación entre EEUU y Ecuador 2022, es un instrumento político de intervención directa en el cual el Ecuador es sometido a un tratamiento de injerencia sobre casi todas sus políticas públicas a través de instituciones del gobierno norteamericano y sin posibilidades de dirimir diferencias ni controversias.

En cuestiones de economía, el acuerdo plantea promover la cooperación entre ambos países para incrementar el comercio y las oportunidades de inversión para inversionistas norteamericanos que pueden invertir en sectores estratégicos de la economía del Ecuador, es decir la privatización de sus sectores estratégicos (punto 4.3), sin considerar parámetros de ningún tipo ni tampoco acuerdos previos y compromisos adquiridos con la OMC (Organización Mundial de Comercio), ni la legislación nacional respectiva.

La Secretaría de Estado del gobierno de EEUU y la USAID, como administradores de esta ley, tienen un plazo de seis meses a partir de diciembre de 2023 para enviar a los comités del Congreso una estrategia integral de intervención (“comprehensive strategy”, 9.1), para el país. Se desconoce qué han realizado o qué proponen al respecto ambas organizaciones. De parte del Ecuador, no se ha señalado a ninguna entidad o institución a cargo del monitoreo, vigilancia o cumplimiento de esta Ley. De hecho, todas las instituciones del país tienen un rol subordinado dentro de esta ley. No se han establecido mecanismos de armonización ni convergencia con las leyes e instituciones del Ecuador.

La Secretaría de Estado del gobierno de EEUU y la USAID serán los encargados de llevar adelante en un plazo entre dos y cuatro años, los programas y proyectos de intervención sobre el país y sobre diferentes áreas y políticas. Para el efecto, cuentan con el apoyo de la MCC (Millenium Challenge Corporation), la DFC (Development Finance Corporation), de las corporaciones del sector privado de EEUU, así como de otras instituciones federales relevantes (“other relevant Federal departments and agencies”, 9.(a)).

La intervención es integral y sectorial. Para la intervención sobre el sistema de justicia del Ecuador, el Acuerdo prevé la intervención del Departamento de Justicia de EEUU a través de sus unidades específicas de: transparencia y anticorrupción, control del lavado de activos, unidad de delitos ambientales y la tarea de fuerza para combatir la corrupción en Centroamérica (6.1.; 6.2; 6.3(A); 6.3(B)). Está también prevista la intervención sobre la policía nacional (6.4; 6.6), al sistema SNAI de penitenciarías y rehabilitación (6.5). Se prevé también una intervención sobre la Contraloría General del Estado (6.11).

Para la intervención sobre el sistema electoral, se prevé la colaboración del CEPPS (Consortium for Elections and Political Process Stregthening) (7. (a); 7.(b)). Se propone también intervenir sobre la Asamblea Nacional (7.4 (A); 7.4(C); 7(b).(1); 7(b)(2); 7(b)(3), que se transforma, de esta manera, en un objeto de intervención sin capacidad alguna de fiscalización.

Para la intervención sobre conectividad y la digitalización de servicios públicos existe también una estrategia integral que implicaría el control de una potencia extranjera sobre los datos y sobre los procedimientos y políticas de las instituciones públicas del país (puntos 4.2; 4.5; 4.6A; 4.6B; 4.7C). Se plantea una intervención directa sobre el sector rural, pueblos indígenas y pueblos afroecuatorianos (punto 5.2; 5.3; 6.10; 7.4C; 8.1; 8.2; 8.3), y también sobre los gobiernos locales (gobiernos autónomos descentralizados), que el gobierno norteamericano los considera como “subnacionales” en los puntos 5.2; y, 5.4. Hay también un extensivo programa de intervención sobre los recursos naturales del país: 2(8); 8(1); 8(4); 8(5).

En materia de cooperación militar, el Acuerdo establece lo siguiente: “enhancing the institutional capacity and technical capabilities of defense and security institutions of Ecuador to conduct national or regional security missions, including through regular bilateral and multilateral cooperation, foreign military financing, international military education, and training programs, consistent with applicable Ecuadorian laws and regulations”; Sección 6. 12 (Traducción: mejorar la capacidad institucional y las capacidades técnicas de las instituciones de defensa y seguridad del Ecuador para llevar a cabo misiones de seguridad nacionales o regionales, incluso a través de la cooperación bilateral y multilateral regular, financiamiento militar extranjero, educación militar internacional y programas de entrenamiento, consistentes con las leyes y regulaciones ecuatorianas aplicables). Es decir, transforma a las fuerzas armadas del país en un apéndice del ejército norteamericano que puedan llevar adelante misiones de seguridad nacionales o regionales con financiamiento militar extranjero.

Es necesario insistir en que la Ley de Asociación entre EEUU y Ecuador 2022 es un instrumento geopolítico. A pesar de su apariencia, no es un instrumento de cooperación bilateral, que, de hecho, tienen otros tratamientos y otras consideraciones. Es un instrumento de intervención directa de un gobierno sobre otro conforme la breve descripción realizada y que neutraliza las capacidades institucionales y legales del país para cualquier tipo de objeción, control, vigilancia y fiscalización. Es, como puede apreciarse, un instrumento de colonialismo puro y duro.

A pesar de su importancia, su trascendencia y sus directas implicaciones sobre la soberanía nacional del Ecuador, esta ley nunca formó parte del debate nacional, más allá de algunas advertencias realizadas por académicos, o de la tenue resistencia de la Asamblea nacional del Ecuador, en la coyuntura de junio de 2022 cuando decidieron rechazarla, pero la sociedad no tuvo la oportunidad de pronunciarse ni de llevarla al debate público.

Pero esta intervención que tiene un vector militar como centro de articulación, necesita de instrumentos que lo pongan en marcha y que impliquen la entrada en vigor del Plan Ecuador. Esos instrumentos que permiten las operaciones de esta Ley de Asociación entre EEUU y Ecuador 2022, se implementarán en el transcurso del año 2023, y conforman la segunda etapa del Plan Ecuador.

2. Segunda etapa del Plan Ecuador: la consolidación de sus instrumentos

En el año 2023, el Plan Ecuador avanza rápidamente, y esto puede apreciarse por los siguientes hechos:

• Septiembre de 2022, el gobierno del Ecuador presenta a Laura J. Richardson, Comandante General del Comando Sur del ejército norteamericano, la Estrategia Integral por la Seguridad y la Paz;
• 13 al 16 de diciembre de 2022: se realiza en Ecuador la Conferencia SouthDec, con el Pentágono, el Comando Sur, las fuerzas armadas del Ecuador, y militares de Sudamérica y militares invitados de Europa, para programar ejercicios militares en la zona;
• 05 de mayo de 2023: Promulgación del Decreto Ejecutivo No. 730, que declara al terrorismo como amenaza de Estado;
• 09 de mayo de 2023: Promulgación del Decreto Ejecutivo No. 735 que traslada políticas públicas y mecanismos de financiamiento de las Islas Galápagos al trust GLF, en el cual uno de sus financistas es la DFC;
• 30 de mayo 2023: Se suscribe el Acuerdo de Interceptación Aérea con el gobierno de EEUU;
• 19 de junio de 2023: Se firma el Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), entre el ejército de EEUU y las fuerzas armadas de Ecuador, dentro del Plan de Acción Bilateral y contempla 169 objetivos para siete años;
• 27 de septiembre de 2023: los gobiernos de Ecuador y de EEUU suscriben el Convenio para Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas (Shipriders, en inglés);
• 06 de octubre de 2023: los gobiernos de Ecuador y de EEUU suscriben el Convenio para el Estatuto de las Fuerzas (SOFA en inglés);
• 13 de diciembre de 2023: la Fiscalía General del Estado de Ecuador, empieza el proceso de investigación “Metástasis”.

En el año 2023 la situación de seguridad ciudadana se agrava de tal manera que el país ostenta ya los indicadores de violencia más importantes del mundo. Ante la impasibilidad del gobierno, el país pide a gritos una mínima Agenda de Seguridad. Los índices de violencia contra la población son aquellos de una guerra y la complicidad del Estado, por el vacío que ha provocado, es evidente. El gobierno de Guillermo Lasso ha comprometido todo su capital político en la construcción del Plan Ecuador, y es notorio que ya no tiene posibilidades de llevar adelante las tareas que quedan pendientes para su cumplimiento.

La oposición a su gobierno es tan fuerte que no tiene ya ninguna capacidad de garantizar la puesta en marcha del Plan Ecuador. Pero, a estas alturas, es un plan que no puede quedarse a mitad de camino. Si Lasso ha perdido capacidades políticas para llevarlo adelante, urge, para quienes quieren llevar adelante el Plan Ecuador, el recambio. Y el recambio se da a partir de un mecanismo constitucional denominado muerte cruzada.

De forma previa, el 9 de junio de 2022, el Ecuador fue nombrado, con la venia de EEUU, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2023-2024. En julio de 2023 se aprueba en EEUU el Plan de Financiamiento Militar Extranjero, por 117 millones de USD y se lleva adelante el Plan de Cooperación de EEUU con el Ecuador.

En esta etapa son claves cuatro momentos que ya han sido indicados pero que cabe su reiteración:

1. El Memorándum de Entendimiento (MOU) entre el Pentágono y las Fuerzas Armadas del Ecuador;
2. El Estatuto de las Fuerzas (SOFA por sus siglas en inglés);
3. Las Operaciones Marítimas Transnacionales Ilícitas (SHIPRIDERS, en inglés)
4. Asistencia en interceptación aérea.

De todos ellos, el que resume en sí mismo a esta etapa del Plan Ecuador, es el Estatuto de las Fuerzas (SOFA por sus siglas en inglés), porque condensa los requisitos que necesita el ejército de EEUU para utilizar el territorio del Ecuador como base de operaciones militares. En efecto, además de los acuerdos aéreos y marítimos, SOFA le permite al ejército norteamericano un estatuto de utilización territorial que excede incluso aquellos requeridos para el establecimiento de una base militar. MOU, SOFA, SHIPRIDERS e Interceptación Aérea transforman a todo el Ecuador en una inmensa base militar de EEUU.

Si se analiza SOFA, se puede constatar que es un marco jurídico que reconoce al personal civil, militar y a los contratistas del pentágono todos los privilegios, exenciones, inmunidades y tratamiento equivalentes a aquellos de las misiones diplomáticas establecidos bajo la Convención de Viena de 1961, lo que da cuenta que, jurídicamente, el SOFA es, en efecto, una alianza militar. Según este Acuerdo, los militares norteamericanos están autorizados a portar amas y uniformes en territorio ecuatoriano.

El Estado ecuatoriano autoriza también a EEUU a ejercer jurisdicción penal sobre su propio personal mientras este se encuentre en territorio del Ecuador. El personal civil y militar y contratistas de EEUU son libres de todo tipo de inspección, revisión y pago de tasas, aduanas, licencias y similares para cualquiera de sus importaciones y exportaciones. Las aeronaves, buques y todo tipo de vehículos operados por el Departamento de Defensa de EEUU tienen vía libre para circular por todo el territorio nacional y están excluidos de todo tipo de control y todo tipo de pago de peajes.

El Departamento de Defensa de EEUU puede llevar adelante cualquier tipo de contratación, así como sus contratistas, sin tener que pagar impuesto alguno, ni tampoco otorgar información alguna; asimismo, el ejército de EEUU podrá usar el espectro radioeléctrico del país cuando a bien tuviere y sin necesidad de reconocer ningún pago por su uso. Cualquier daño, incluido aquellos que provoquen la muerte de terceros, solo podrán ser conocidos y juzgados por las cortes de EEUU.

Además, de ello, en virtud de los otros acuerdos establecidos, las fuerzas armadas del Ecuador participarán en ejercicios militares definidos y establecidos por el Comando Sur (Southcom) del ejército de EEUU.

Esta estrategia geopolítica permite comprender el fideicomiso Galápagos Life Fund (GLF) constituido por el gobierno de Guillermo Lasso y que tiene a la DFC como uno de sus actores principales como parte importante de una visión geopolítica porque permite la utilización y la triangulación de una importante área marítima bajo control de EEUU. Hay que recordar que la DFC es una de las entidades claves en la Ley de Asociación entre EEUU y Ecuador 2022.

Sin embargo, hay un hecho que corresponde a la política nacional pero que hay que asumirlo desde la perspectiva de la geopolítica. Es la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado y denominada “Caso Metástasis” y que empieza en diciembre del año 2023. ¿Por qué esta investigación de la Fiscalía corresponde al Plan Ecuador? ¿Qué tiene que ver una investigación de corrupción y narcopolítica con el Plan Ecuador?

Para responder a estas cuestiones es necesario entender que esta operación de la Fiscalía General del Estado permite pasar de la segunda fase del Plan Ecuador, hacia su tercera fase, aquella de la puesta en marcha y vigencia plena del Plan Ecuador.

3. Tercera etapa del Plan Ecuador: la vigencia plena del Plan Ecuador

Si el Plan Ecuador implica la utilización del territorio nacional como base de operaciones para el ejército norteamericano, dentro una estrategia geopolítica, entonces el instrumento jurídico más importante que hace posible la conversión del Ecuador en una inmensa base militar de nuevo tipo para las denominadas guerras híbridas, es, definitivamente, el Estatuto de las Fuerzas (SOFA). Los demás acuerdos, a pesar de su importancia estratégica, son complementarios y convergentes con SOFA.

Pero SOFA debe pasar el filtro de la norma del país. Si no pasa ese filtro entonces puede caerse toda la estrategia que se había armado desde el año 2021 o retrasarse. Para que SOFA pase el filtro normativo es fundamental impedir que SOFA sea conocido y debatido por la Asamblea Nacional, porque, de suceder eso, habría sido necesario abrir el debate sobre el Plan Ecuador, y ello habría suscitado controversias, discusiones y, lo más grave, falta de consenso para su aprobación. En consecuencia, la posibilidad de neutralizar a la Asamblea Nacional solo podía hacerlo, de conformidad con el orden jurídico del país, la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional ya había aprobado el 31 de agosto de 2023, en el Dictamen 7-23-TI/23, el “Acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Asistencia en Interceptación Aérea”. La Corte Constitucional dictaminó, en esa oportunidad, que este Acuerdo no se encuentra incurso en las disposiciones constitucionales que requieren de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, aún quedaba latente la discusión sobre el SOFA que implicaba aspectos que tenían que ver, justamente, con aquello que la disposición contenida en el numeral 2 del Art. 419 de la Constitución establece: La ratificación o denuncia de los tratados internacionales por parte de la Asamblea Nacional que establezcan alianzas políticas o militares, y el SOFA es, evidentemente, una alianza militar con el Pentágono. En consecuencia, era necesario orillar a la Corte Constitucional a un escenario en el cual no tenía otra opción que adoptar el mismo criterio con el cual aprobó el Acuerdo con EEUU para la Asistencia en Intercepción Aérea. La cuestión clave era, por tanto: ¿cómo hacerlo?

La Corte Constitucional del Ecuador había puesto en su agenda la discusión y aprobación del SOFA para el 11 de enero de 2023. Esa fecha no solo marcaba la discusión de un instrumento de cooperación entre las fuerzas armadas del país con el Pentágono, sino que, en realidad, era la continuidad del Plan Ecuador y toda su geopolítica lo que estaba en juego. Era toda la estrategia construida desde el año 2021 y que convergía en esa fecha para su resolución.

Es en ese contexto que se produce la investigación de la Fiscalía General del Estado en el caso “Metástasis” y que empieza el 13 de diciembre de 2023. La Fiscalía General del Estado pudo haberlo hecho mucho antes o, incluso, mucho después, pero eligió una fecha clave: un mes antes de la aprobación del SOFA por parte de la Corte Constitucional.

La investigación de la Fiscalía General del Estado en el caso “Metástasis” involucra directamente a los líderes del crimen organizado y los vincula, esta vez, con la oposición política, a través de la materialización de una serie de chats de uno de los líderes del crimen organizado que había sido asesinado en octubre del año 2022, Leandro Norero. Independientemente de los resultados de esta investigación, la cuestión es que es la Fiscalía General del Estado la que altera el estatuto existente con respecto al crimen organizado y obliga a los líderes del crimen organizado a realizar jugadas estratégicas, entre ellas, la huida de la cárcel de alias “Fito”.

La investigación de la Fiscalía en este caso “Metástasis” también involucra a políticos del principal partido de oposición, la Revolución Ciudadana, de tal manera que acota su capacidad de incidencia y sus posibilidades de creación de consensos contrarios al régimen tanto dentro del sistema político como en la sociedad. Una jugada política clave en el supuesto que la Corte Constitucional decida pasar la resolución del SOFA a la Asamblea Nacional.

La fuga de alias “Fito” es respondida con un Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción, los primeros días de enero de 2024. Pero, a pesar de ser un hecho importante, no es un evento que genere presión alguna sobre la Corte Constitucional y su inminente pronunciamiento sobre el SOFA. Aquello que marca la diferencia y que se constituye en un incidente que altera toda la política nacional y que de manera efectiva genera presión sobre la Corte Constitucional, es el ataque armado a una estación de televisión pública, el 9 de enero de 2024. Puede advertirse un eslabonamiento y un in crescendo entre varios eventos desencadenados por la Fiscalía General del Estado ecuatoriano que llevan a este ataque terrorista contra un medio público de comunicación.

Todos los indicios apuntan a que este ataque armado a esta estación de televisión pública, que nunca fue reivindicado por ningún grupo del crimen organizado ni por ningún otro actor, y del cual no se tiene conocimiento sobre sus intenciones reales y sobre el cual hay indicios de haber sido solo un simulacro y en donde el fiscal que lo investigaba fue asesinado, fue, en realidad, un ataque de falsa bandera porque suscitó y provocó de forma inmediata la Declaración del Conflicto Armado Interno, por parte del gobierno de Daniel Noboa y la movilización del ejército en la guerra interna contra el denominado “narcoterrorismo”, el mismo día 9 de enero de 2024.

Es decir, sin este ataque armado a esta canal de televisión público, en horas de alta audiencia, transmitido en vivo a toda la población, el Decreto de Conflicto Armado Interno no habría sido plausible al menos con toda la proyección que tuvo en su momento.

Este Decreto de Conflicto Armado Interno suscitó una ola de pánico nacional y puso al país en las primeras planas de la prensa mundial. Concomitante a este Decreto, los grandes medios de comunicación, aliados al régimen, crearon una verdadera guerra psicológica contra la población. Según esos medios de comunicación, el país estaba bajo ataques inminentes por parte de grupos de narcoterrorismo, aunque, en realidad, nunca se suscitó tal situación.

Así, en cuestión de horas, se había creado el escenario adecuado para ejercer la suficiente presión sobre la Corte Constitucional de tal manera que era casi imposible que su dictamen vaya en contra del SOFA y es eso, en efecto, lo que sucedió. En la sesión del 11 de enero de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador, contra todo lo que establece la Constitución, y contra todo sentimiento de nacionalismo o patriotismo, ratificó que el SOFA no necesitaba de la aprobación de la Asamblea Nacional. De esta manera, el país entra de lleno en el Plan Ecuador.

4.- El Plan Ecuador

Quizá la intención del gobierno de Guillermo Lasso haya sido la de proponer el Plan Ecuador para conseguir recursos necesarios desde el gobierno de EEUU para luchar contra el narcotráfico, (y utilizar esos recursos en beneficio propio), algo difícil de creer habida cuenta de la vinculación directa de Guillermo Lasso con la mafia albanesa conforme la investigación policial León de Troya. Pero, en todo caso, su formulación más el alineamiento del gobierno de Lenin Moreno con EEUU, hicieron que el Plan Ecuador se convierta en una puerta de acceso a una región clave y estratégica para el control del Pacífico Sur por parte del Pentágono y del gobierno norteamericano.

En adelante, ya no es el gobierno ecuatoriano quien piensa y elabora el Plan Ecuador sino que pasa el relevo, quizá sin siquiera advertirlo, directamente al Comando Sur del ejército norteamericano y las agencias de inteligencia de ese país. En efecto, el Comando Sur ha indicado que tiene ya desarrollado un plan para el país para los próximos cinco años, sobre el cual se desconoce casi todo.

Es por ello que la sociedad no sabe de los contenidos del Plan Ecuador, porque el país ya ha sido inscrito dentro de las coordenadas geopolíticas del Pentágono y de la Secretaría de Estado y sus respectivas agencias de seguridad. El Plan Ecuador es ahora el nombre de una estrategia de intervención geopolítica sobre un país en donde sus elites no poseen una visión de la geopolítica del mundo y se limitan a extraer rentas de sus modelos de negocios, la mayoría de ellos, corruptos y monopólicos y que necesitan al Estado para funcionar.

¿Cuáles son esos ejes geoestratégicos sobre el cual se inscribe el Plan Ecuador? El primero de ellos tiene que ver con la seguridad nacional de EEUU. En adelante, el Ecuador forma parte ya de la seguridad nacional norteamericana, lo que implica un control, seguimiento y monitoreo más exhaustivo y permanente desde el gobierno norteamericano sobre el país. Esto significa que el sistema político ecuatoriano no puede salir de esas coordenadas de la seguridad nacional norteamericana, aunque lo desee.

Una vez inscrito en esas coordenadas, Ecuador debe posicionarse contra los enemigos de EEUU de forma activa. Así, debe alejarse de China y, al mismo tiempo, acercarse a Taiwán. Lo mismo con Rusia, el otro enemigo de EEUU. Aunque Ecuador tiene una importante balanza comercial con Rusia (algo más de mil millones de dólares en exportaciones a ese país), pero el Plan Ecuador supone que se deben crear las condiciones para romper diplomática y comercialmente con este país a pesar del costo comercial que ello implica. EEUU ya ha movido las fichas en ese sentido al obligar al Ecuador a enviar a Ucrania armamento que Rusia había vendido al país en años anteriores, bajo la figura de exportación de chatarra militar. Así, el Ecuador se involucra de manera directa en la guerra de Ucrania y del lado de EEUU y la OTAN, sin ser miembro de esta organización y se expone a las obvias represalias de Rusia.

Está también el apoyo irrestricto a Israel en momentos en los que este país pierde legitimidad mundial por su genocidio en la franja de Gaza. EEUU ha orillado al Ecuador a una defensa irrestricta hacia Israel y Ecuador ha enviado, de hecho, a su Vicepresidenta a ejercer sus funciones desde ese país.

En la región, EEUU continúa con su política de acoso y hostilidad al gobierno de Maduro en Venezuela y ha utilizado ya al Ecuador en contra de Venezuela, lo que ha provocado una respuesta inmediata desde Venezuela. Si en algún momento EEUU retoma sus planes de invadir militarmente a Venezuela, probablemente lo haga desde Ecuador. Además, EEUU puede utilizar a Ecuador como un tampón al gobierno progresista de Gustavo Petro en Colombia. De hecho, el proceso de lawfare contra el gobierno progresista de Petro ya está en marcha. Además, se necesita crear apoyos regionales necesarios al gobierno casi fascista de Milei en Argentina que confronta fuertes movilizaciones sociales en su contra.

Puertas adentro, el Plan Ecuador contempla la creación de zonas rojas y zonas azules, conforme a lo que, en su momento, el Pentágono diseñó en su invasión a Irak. En la estrategia de militarización del conflicto contra el crimen organizado, la intervención apunta a crear zonas seguras en donde el crimen organizado ha sido evacuado o debidamente controlado, de zonas rojas asociadas a territorios conflictivos por sus condiciones de pobrez y vulnerabilidad y en donde se puede ejercer el máximo posible de violencia con el mínimo de consecuencias legales. De esta manera se obtiene consenso social sobre la guerra interna al mismo tiempo que se castiga y reprime a los sectores más empobrecidos y se vacían sus territorios para el usufructo de las industrias extractivas.

Es necesario recordar que el Plan Colombia en su momento fue una importante herramienta de contrainsurgencia que provocó graves denuncias de violación a los derechos humanos cometidas por parte del ejército de ese país con el apoyo de EEUU. Esto quiere decir que será muy probable que el Plan Ecuador tenga también su dimensión de contrainsurgencia sobre todo contra movimientos sociales que tienen la fuerza política suficiente para alterar la balanza del poder y que el Plan Ecuador considera fundamental controlarlos.

El Plan Ecuador está diseñado para perpetuarse en el tiempo. Es un plan que intentará someter las contingencias de la política dentro de sus propias coordenadas. Para que el Plan Ecuador pueda prolongarse en el tiempo se necesita que el gobierno de Daniel Noboa sea reelecto en el año 2025 o, si no hay esa posibilidad, que sea electo algún personaje político de la derecha o, mucho mejor, alguien de la extrema derecha.

Por ello, el Plan Ecuador ya trabaja en esos recambios políticos y en el control de esas contingencias. Si por determinadas circunstancias no logra cuajar el “efecto Bukele” con el Presidente Daniel Noboa, y cuyo primer experimento será una próxima consulta popular, su apuesta será convertir a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, una de las fichas importantes del Plan Ecuador, en una opción plausible para el recambio político en las elecciones generales que se realizarán en febrero del año 2025.

Hasta el momento la agenda del Plan Ecuador, con varios altibajos, ha podido cumplirse. La cuestión es: ¿permitirá la sociedad que continúe en el tiempo este Plan Ecuador? Si la sociedad reacciona contra ese Plan Ecuador, ¿qué futuro tiene este plan? ¿Cómo recuperar la soberanía perdida? ¿Qué harán los sectores democráticos, progresistas y soberanos con toda esta información?