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El Paro Nacional de Colombia recibió un tratamiento de guerra por parte del Estado

Colombia Informa

El Informe Final y Recomendaciones de la Misión SOS Colombia (integrada por 12 países) fue presentado el pasado 7 de octubre en una rueda de prensa internacional. Tras visitar el país y recibir más de 180 denuncias directas y 70 informes de organizaciones sociales en el Paro Nacional, la Misión encontró 11 estrategias de tratamiento de guerra dados a la protesta en Colombia por parte de las fuerzas públicas.

“La Misión SOS Colombia sostiene que lo ocurrido en Colombia en las últimas movilizaciones sociales, no puede observarse únicamente como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, sino que quienes han hecho uso del derecho a la protesta han sido víctimas de graves crímenes contra la humanidad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, afirmaron.

Según lo informado, la Misión documentó homicidios selectivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, judicializaciones arbitrarias, estigmatizaciones, persecuciones y la obstrucción a la labor de defensoras y defensores de Derechos Humanos, así como de medios alternativos, fotógrafos y brigadas médicas.

“Los testimonios individuales y colectivos recibidos por la Misión en las diferentes regiones, así como las reuniones con las diferentes autoridades territoriales y organizamos de control, permitieron establecer que el tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados, es decir, se utilizaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del ‘enemigo interno’”, afirmó Félix Ovejero, integrante de la Misión y del Sindicato Comisiones Obreras (España), durante la rueda de prensa.

Esta recopilación fue posible porque la Misión SOS Colombia recibió más de 70 informes producidos por organizaciones locales y regionales, quienes documentaron más de 180 denuncias directas de personas víctimas de este tratamiento de protesta en el marco del Paro Nacional 2021. Además, con su visita a las 11 regiones del país, las y los delegados internacionales pudieron observar y constatar diferentes métodos de represión que configuran un escenario de graves violaciones a los DDHH.

El Informe destacó las once estrategias de guerra detectadas en el tratamiento a la protesta como las siguientes:

  1. El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Caracterizado por disparos a corta distancia, de forma horizontal y apuntando al tercio superior del cuerpo, especialmente al rostro y la cabeza de quienes se manifiestan.
  2. La utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad sobre la salud y la vida.
  3. Se documentaron casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad.
  4. Métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras de Derechos Humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la fuerza pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesias y cualquier persona que decidiera apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones.
  5. Montajes judiciales, implantación de pruebas y/o abuso de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes.
  6. Acciones de terror y control social a través de toques de queda. El uso de macanas para golpear directamente a jóvenes y personas manifestantes, aún cuando estas estaban resguardadas en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridas.
  7. Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y/o líderes y lideresas.
  8. En algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, identificaron el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados que, en connivencia con la fuerza pública, atacaron con armas de fuego de largo y corto alcance a las personas manifestantes.
  9. En distintos testimonios identificaron violencias basadas en género manifiestas en tocamientos y lesiones al cuerpo de mujeres durante la protesta con contenido sexual (senos, brazos y cabello principalmente); amenaza de violación contra mujeres manifestantes (incluidas menores de edad), brigadistas, periodistas, abogadas y defensoras de Derechos Humanos.
  10. Discursos clasistas y racistas como acciones de agresión contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y jóvenes de sectores populares.
  11. Utilización de la oscuridad de la noche para perpetrar las agresiones masivas más violentas y la persecución a los manifestantes y no manifestantes.

Asimismo, Informe Final y Recomendaciones de la Misión SOS Colombia identificó la presencia y el funcionamiento de grupos paramilitares que actuaron de conjunto con la fuerza pública, apoyados por los gremios, empresas y medios masivos de comunicación. Al tiempo que también detalla la impunidad de la que gozan el Estado, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, y la Policía Nacional frente a la represión desatada.

“A partir de testimonios de víctimas e información brindada por organizaciones de Derechos Humanos, étnicas, de mujeres, sociales; observamos la poca efectividad de la justicia colombiana para investigar y sancionar: 1) a los miembros de la fuerza pública, en especial de la Policía Nacional y del Esmad que cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos contra manifestantes y no manifestantes durante el Paro Nacional; 2) a los agentes de la Policía Nacional que de manera conjunta actuaron o permitieron actuar a grupos de civiles contra manifestantes; 3) a la Policía Nacional que permitió la actuación de estructuras paramilitares en los espacios de las protestas sociales”, sostuvo Jessica Arellano, integrante de la Misión y de Asociadas por lo Justo (México), durante la rueda de prensa.

Dicha represión no solo se ve en el tratamiento de guerra detallado, sino en la represión frente a la salud, la alimentación, la renta básica, la vivienda y los efectos psicosociales que aquejan a la población colombiana.

La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia) estuvo integrada por 41 delegados y delegadas de 12 países que visitaron 11 regiones de Colombia entre el 3 y el 12 de julio de este año.

Recomendaciones de la Misión SOS Colombia

Ante la grave situación de emergencia humanitaria y de Derechos Humanos, la Misión SOS Colombia realizó cinco recomendaciones y 50 acciones inmediatas para que las cumplan el Gobierno y el Estado Colombiano, las instancias multilaterales internacionales, las empresas y toda la comunidad internacional en general.

Las acciones recomendadas son: que se garantice el acceso a la justicia a las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos en el marco de las protestas, que se detengan los actos de persecución contra las personas involucrados en las protestas y las personas brindando apoyo a los manifestantes, que el Gobierno reinicie un espacio de diálogo con los sectores involucrados en las protestas para abordar las causas estructurales del Paro, que se realice una reforma estructural de la Policía y que se garantice el derecho a la protesta para que estos hechos trágicos no se repitan.

“Además de garantizar justicia para las víctimas de violencia, es necesario que se detengan los actos de persecución y el uso indebido del sistema de justicia contra lideres y lideresas de las protestas, manifestantes, periodistas y personas que adelantaron acciones de defensa de Derechos Humanos, primeros auxilios y solidaridad. Personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas. Las y los defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y miembros de brigadas de salud deben gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones. Es esencial que se detenga cualquier intento de reformas que representen un retroceso en el derecho a la protesta”, concluyó Lisa Haugaard, integrante de la Misión y del Latin American Working Group (Estados Unidos), durante la rueda de prensa.

El Informe Final y Recomendaciones de la Misión SOS Colombia está siendo difundido a nivel internacional por las organizaciones y personas que participaron de dicha Misión, así como por medios de prensa internacionales, que han centrado su mirada en Colombia a partir de la violencia desatada por el Estado en el Paro Nacional 2021.

Aquí puede ver la rueda de prensa completa.

Este material se comparte con autorización de Colombia Informa

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