En las calles de Morelia hay sol y hay ambiente de Carnaval. También cuelgan de los balcones del centro histórico las auriblancas banderas papales. Enfrente, un muñeco que parece de cera representa a Francisco, saludando desde lo alto. Parece humano. Da miedo. Su cara estampada en las playeras se exhiben en los comercios buscando la atención de los locales y los turistas. Los comerciantes están entusiasmados con la llegada del Pontífice y el movimiento económico que eso puede generarles. Los comerciantes.

Hace más de diez años (entre 13 o 15) que el primer cuadro de la ciudad, el Centro Histórico de Morelia está bajo control de los dueños de los comercios de la zona. Están nucleados en distintas organizaciones, pero la más pesada es la Cámara Nacional de Comercio, desde dónde ejercen su poder de lobby con la esfera política. Lo primero que lograron fue arrasar con los puestos ambulantes que poblaban la plaza de la Catedral de Morelia, punto neurálgico de la actividad social y también, como no, de las protestas. ¿El argumento? Que Morelia como ciudad patrimonio histórico de la humanidad debe ser preservada. Preservada sin la humanidad.

La burguesía local se resume a un puñado de familias: los Villicaña, los Ramírez, los Medina, los López Orduña. Los dueños de los cafés en torno a la plaza Catedral, pues. Esos mismos que tienen la capacidad de denunciar que una manifestación les hace perder dinero, por ejemplo, y que el estado inyecte fondos públicos a sus arcas ya bien nutridas para paliar “el daño”.

Los comerciantes han sido claves, desde la posición de dominio que han obtenido a partir del control del centro de la ciudad, en la promoción de la criminalización de los miles de estudiantes de las 8 Escuelas Normales públicas (vale aclarar que también hay escuelas privadas, mayormente religiosas) en dónde se preparan maestros y profesores.

En el patio de la Normal Urbana de Morelia, dónde también brilla el sol, se dan cita estudiantes de magisterio de cuatro de esas ocho, dispuestos a conversar. Hay jóvenes de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF), de la Escuela Normal Superior de Michoacán (donde se forman los futuros profes de secundaria), de esta casa, la Escuela Normal Urbana Federal del Estado de Michoacán y también de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío. Irán pasándose la palabra, respetándose el turno, ensayados en asamblea.

“Vimos que si apuntábamos a golpear los círculos de poder económico, generábamos más presión hacia el Estado. Por eso fuimos contra la empresas transnacionales, o hicimos bloqueos de las entradas de centros comerciales, de los malls, de los bancos.”

La cosa se puso más dura con el cambio de autoridades estatales, desde que Silvano Aureoles Conejo asumió el puesto de gobernador.

“Durante dos meses, la entrada a Pátzcuaro y los alrededores de Tiripetío estuvieron rodeados de agentes del Grupo de Operaciones Especiales, que no actuaban, pero amenazaban con hacerlo.”

En Octubre comenzó la detención selectiva de estudiantes, los medios “que son los primeros que apuntan cuando va a haber una represión” difundían cifras sobre la cantidad de órdenes de aprensión que existían contra ellos, pero no decían cuándo ni cómo sería detenidos. Sólo infundían el terror. También hubo detenciones que no se formalizaron en procedimientos jurídicos. Siempre con golpes, siempre con violencia.

“Es paradójico como la gente por un lado pide paz y respeto, pero festeja cuando a nosotros nos atacan, cuando nos detienen o nos golpean”

Pero el golpe más duro, sin dudas, fue la detención de los 52 normalistas el último 7 de Diciembre, mientras volanteaban en la autopista siglo XXI, cerca de la caseta de Zirahuen. Las 22 mujeres y los 30 varones detenidos fueron acusados de violar la ley Federal de Armas y Explosivos, así como de un delito en el fuero común. A pesar de que las causas cayeron por falta de pruebas y de sustento jurídico, todos fueron enviados a prisiones de máxima seguridad en otros estados, en donde vivieron en carne propia la violencia en la que está sumergido el sistema penal.

Desde la detención, padres, maestros y estudiantes mantuvieron un plantón en el Centro Histórico de Morelia, ese mismo controlado por los empresarios de la vuelta.

“Sabíamos que con la venida del Papa o se resolvía la situación liberando a los 30 compañeros que estuvieron detenidos hasta el 26 de enero, (las muchachas habían sido liberadas antes, a pesar de que a unos y otros se los acusaba de las mismas causas) o nos reprimían y nos quitaban a golpes del plantón.”

“Eso amedrentó a mucha gente. Fue una vivencia muy dura para los compañeros. Sabemos de algunas de las estudiantes que abandonaron la carrera, incluso de otros estudiantes a quienes sus padres los sacaron de las Normales por temor a lo que pueda pasar”

“Fue horrible la situación” cuenta uno de los estudiantes entrevistados, que estuvo presente ese día, pero no fue detenido: “los policías nos amenazaban con que nos iban a hacer lo mismo que a los de Ayotzinapa”. Relatan los estudiantes que incluso han escuchado cómo los policías utilizan para referirse al grueso de los normalistas, – como código para comunicarse entre ellos cuando van a reprimir sus acciones -, como “los 43”

“Lo que sucedió en Ayotzinapa fue la evidencia de que ningún caso es aislado. Es la prueba fehaciente de la responsabilidad del Estado en la epidemia de desapariciones forzadas que se vive en México.” Las palabras pertenecen a integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Michoacán “Alzando Voces” (COFADDEM), organización que desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha lleva documentados 250 casos en Michoacán.

La documentación es lo que les permite sostener, sin pruritos, que la desaparición forzada es una política de Estado, parte de la estrategia de terror que éste difunde. “Es el Estado el principal responsable de esta práctica mediante sus fuerzas policiales, ejército e incluso de grupos paramilitares creados por él mismo, que le permite eludir la responsabilidad directa en el horror.”

En ninguno de los casos documentados por COFADDEM ha habido justicia. “Si aún no ha habido justicia para la desaparición forzada de Rosendo Padilla (desaparecido por militares en agosto de 1974) por el que incluso hay una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, menos lo hay para nuestros casos. Creemos, de todos modos, que en algún momento se tiene que saber la verdad, la justicia tiene que llegar a este país”

A su vez, criticaron la Ley General sobre Desaparición Forzada presentada al Parlamento por el ejecutivo encabezado por Enrique Peña Nieto, que “se propone erradicar la práctica”. “Nosotros, en conjunto con el resto de las organizaciones de desaparecidos del país, habíamos presentado un proyecto de ley anterior que no fue tenido en cuenta. Ésta, de Peña Nieto, tiene vacíos jurídicos y no se apega a ninguno de los estándares internacionales que son la guía en esta materia. Para empezar, en su ley, el Estado Mexicano no acepta su responsabilidad directa en estos crímenes.”

Dicen, también, que los medios han jugado un papel algo nefasto, desvirtuando el concepto, cuando apelan a calificativos como “levantones” o “personas ausentes”, como que se hubieran ido por propia voluntad y ya.

“En Michoacán, y en Morelia particularmente, hay mucho fanático religioso. Es de las ciudades más “mochas” (nombrete que se le da a los enceguecidos por la religión católica) al punto que a la ciudad la llaman “Mochelia”. Explican los normalistas, haciendo gala de su conocimiento de docentes, que ahí se sintió particularmente la reacción de los “cristeros”, ese movimiento cristiano y violento que surgió como respuesta a la secularización del estado y la educación. ¿A quiénes persiguieron los cristeros en Michoacán? A los maestros. Veían en la educación laica el origen de todos sus males, llegando a sanguinarias acciones como empalamientos y otros episodios bizarrísimos como dedos y orejas cortadas. Como una escuelita del narco pero en nombre de Dios.

El Papa aceptó canonizar a un “niño cristero” muerto en esas reyertas, por lo que México tendrá un nuevo santo que nació de la violencia. Amén.

“Incluso entonces hubo una orden del Vaticano de atacar a los profesores. Amenazaron con excomulgar a los católicos que no se pronunciaran en contra de la laicidad.”

¿Por qué el Papa visita México? ¿Por qué Michoacán? “Viene a lugares en los que hay más conflicto social, o en dónde se ha dado más recientemente. Ya avisó que no se va a pronunciar en torno a ningún problema social, que no le hagan peticiones. Sólo va a dedicarse a la actividad religiosa, a pesar de que se le da el trato de jefe de estado”

Desde el COFADDEM apuntan que particularmente no esperan nada del Papa Francisco por una sencilla razón: “Algunos compañeros que estuvieron en Italia a comienzos de este año, le hicieron llegar un informe sobre la grave situación de violación sistemática a los derechos humanos que se vive en México. Aún con la visita a nuestro país en los planes, no se ha pronunciado al respecto. Se nos hace una aberración esta visita. Por un lado el gasto que implica (serán 300 millones de pesos para las 7 horas en Morelia y se calcula que unos mil millones de pesos en total) y por otro, anuncia que viene a “traer paz” eludiendo todos los graves problemas que hay aquí. Más que paz, es una distracción. La venida del Papa a México es una gran burla a todos los que estamos luchando aquí.”

Esta semana, el grueso de las organizaciones y centros de derechos humanos a lo largo y ancho de la República dejaron por escrito lo que pretenden del Pontífice: “nos dirigimos a Usted con el fin de solicitarle respetuosamente que en los encuentros oficiales de su próxima visita al país, se refiera a la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos.

En Michoacán, entidad que Usted tendrá oportunidad de visitar, tan solo el año pasado fueron asesinados al menos 50 civiles a manos de la Policía Federal en los municipios de Apatzingán y Tanhuato, y un niño de 12 años fue arbitrariamente privado de su vida por elementos militares en la localidad de Ostula en un enfrentamiento armado.”

Las más de 30 organizaciones también refirieron a los “los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio, recursos naturales, así como a decidir sobre sus formas de organización, sistemáticamente vulnerados, producto de una política económica basada en el extractivismo que se ha visto materializada en las llamadas “reformas estructurales” del Presidente Enrique Peña Nieto”, así como la crítica situación que vive la población migrante en tránsito y solicitante de asilo en México, que es sitemáticamente vulnerada tanto por funcionarios como por “grupos del crimen organizado en complicidad con las autoridades.”

Ya que la Iglesia tiene tanto peso en esta localidad, ¿Cómo ha actuado frente a los casos de desaparición forzada en la entidad?, se le pregunta a COFADDEM. “Así como creemos que el Papa no se pronuncia sobre estos temas por presiones, así ha actuado la Iglesia michoacana. Está al servicio del estado. Los familiares pedimos a la Diócesis hacer una misa por los desaparecidos pero no accedieron. La respuesta la dio el entonces Arzobispo de la Diócesos, Humberto Suárez Inda, que ahora oficia como Cardenal del Estado que por su relación con Fausto Vallejo, el ex gobernador, no podía tocar estos temas. Así nomás. Fue más lejos aún, ya que hay incluso sacerdotes desaparecidos en el estado. La respuesta del Suárez Inda fue decir ´algo habrán hecho´, criminalizando a los integrantes de su propia comunidad.”

Las luchas, la represión y la resistencia

A comienzos de Octubre de 2014, a días del ataque en Iguala a los normalistas de Ayotzinapa, en Michoacán las distintas organizaciones que están en pie de lucha se pusieron alertas. No era descabellado pensar que en un estado que siempre les es tan hostil, intentaran replicar el ataque.

Desde esos primeros días de dolor y angustia ante la violencia desatada contra los compañeros, ante la impotencia y la rabia que aún genera la desaparición forzada de los 43 (“Exigimos la presentación con vida” dicen, sin dudar, casi al comienzo de la entrevista los normalistas) armaron el “Frente contra la Represión y el terrorismo de Estado, Michoacán”. El grueso de los participantes proviene de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), pero también integrantes del Comité Estudiantil de Filosofía de la Universidad Michoacana, así como del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Michoacán “Alzando Voces”, profesores y maestros de base de la Sección XVIII de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como de otras tres organizaciones: el Frente Popular Revolucionario, el MIR (como el chileno, pero en Michoacán) y por último pero no menos importante, de Michoacán en Defensa de la Soberanía Alimentaria.

“La esencia del frente es denunciar y resistir la constante represión en el país y particularmente en Michoacán”, explican. Los normalistas sufren particularmente la criminalización de sus formas de lucha, la históricas y las actuales. Y en Michoacán eso se siente fuerte.

“Los medios masivos de comunicación hacen muy bien el trabajo que les plantea el Estado. La gente piensa que nosotros sólo nos movilizamos por plazas, como si sólo estuviésemos tras un interés personal, individual. La imagen que ellos difunden del normalista es la del delincuente que baja por mercancía para venderla y sustentarse. De todas formas, buscar trabajo no es un delito”

Los normalistas saben que la campaña en su contra es fuerte y saben también cuál es el propósito de las reformas planteadas desde la Secretaría de Educación Pública, con el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales a la cabeza: buscan terminar con el normalismo.

Desde Octubre pasado, los estudiantes de magisterio definieron unificar las tres luchas que vienen llevando a cabo: la ya mencionada resistencia al plan para las normales, junto con el Rechazo a la Reforma Educativa (aplicada a los maestros, que denuncian que es una reforma laboral encubierta, ya que modifica sustancialmente las relaciones laborales que el estado mantiene con el gremio más nutrido de trabajadores públicos), con la reivindicación de plazas, el derecho a trabajar. “Es importante tener en cuenta que los puestos en el Sistema Educativo son los únicos que el Estado genera directamente, año con año. Son 1100 puestos de trabajo. Ellos dicen que no hay necesidad de generarlo ya”

El Plan de Rediseño del Normalismo elimina 5 de las 7 licenciaturas que hoy ofrece, manteniendo únicamente las de educación básica e inclusiva. Una de las que vuela, por ejemplo, es la intercultural para la que es un requisito hablar una lengua indígena. “Sí plantean educación bilingüe, pero en lugar de las lenguas nativas, quieren enseñar inglés”

El otro mecanismo previsto es que se les comience a aplicar la prueba estandarizada y homologada de la Ley General de Servicio Profesional como requisito para acceder a un puesto como docentes. “No estamos en contra de que nos evalúen, el problema es que lo que se prevé es que cualquier persona que tenga un título de licenciatura pueda acceder a dar las pruebas, que pueda dar clases, sin tener una formación específica en pedagogía, sin haber pisado jamás un aula, sin tener noción del papel que juega un maestro, que ve las necesidades sociales de los lugares en los que trabaja y aporta en consecuencia. Que ya no nos organicemos ni colaboremos con la organización de la sociedad”

¿Cuáles son esas dificultades que ven hoy, ya, como futuros maestros que hacen sus prácticas en el escuelas del estado michoacano? “La mayoría de las clases tienen 50 alumnos para un maestro, cuando en Cuba, por ejemplo, son apenas 10. Esa es la primera degradación de la calidad que sufre la educación y que aumenta las dificultades del trabajo. Un maestro tan recargado sólo logra sacar adelante a los niños que tienen más condiciones. Tampoco hay material suficiente, por ejemplo, para la educación física, al punto que muchas veces le pedimos a los propios niños que lleven un balón o una cuerda, para poder hacer la actividad”

Los estudiantes lograron que la prueba que se les aplicará no sea la estandarizada, sino que sea una específica para el estado. Lo ven como un triunfo de la movilización, pero también como un motivo de preocupación.

“Es una lucha ganada pero también perdida. Así entró la reforma en otros estados. Ellos ahora nos garantizan que la prueba es un mero trámite, que sólo hay que ir a presentarla y nos van a otorgar plazas a todos los que la presentemos, sin importar el resultado obtenido. Lo que sucedió en Chiapas, por ejemplo, que vivió un proceso similar, fue que una vez aprobada la prueba, año a año fueron bajando el porcentaje de maestros que permitían ingresar al sistema público. En este momento, apenas un 4 % de los normalistas de ese estado acceden a trabajar”

Este año la lucha y el trabajo van a ser duros. Existe una ley Antimarcha que fue presentada en la pasada legislatura por una diputada panista, que quiere venir a “regular” las manifestaciones en el estado. “Nos han hablado de que quieren hacer un marchódromo, que para cualquier movimiento que hagamos, tenemos que pedir permiso, y la sola falta de registro del mismo, equivale a una detención”

Por otro, los estudiantes realizarán el próximo 18 y 19 de febrero el Primer Congreso Nacional de Normales, “el normalismo público en México: aciertos, problemas y prospectivas”, convocado por la Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”. ¿El objetivo? “Convocar a docentes, estudiantes y especialistas, investigadores y público en general para analizar la política del normalismo en el país y proponer acciones de impacto para la defensa de las normales públicas de México”

Fotos: Agus Ruiz