México sigue siendo rehén de la impunidad y de las complicidades entre políticos y el crimen organizado, denunció el obispo Raúl Vera al señalar que, luego de seis meses, nada se ha investigado sobre el asesinato de Arturo Hernández Cardona, Angel Ramírez Román y Rafael Banderas Román, integrantes de la organización Unidad Popular, de Iguala, Guerrero.

Ellos tres junto con otros cinco activistas fueron secuestrados el pasado 30 de mayo y luego asesinados. Héctor Arroyo Delgado, Efraín Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón lograron huir de sus captores.

Uno de los sobrevivientes dio su testimonio de los hechos y acusó a las autoridades municipales de ser las responsables de la agresión. Sin embargo, nada ha pasado para esclarecer los crímenes y, en cambio, la vida del testigo está en peligro, denunció el obispo de Saltillo.

En conferencia de prensa, organizada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside Raúl Vera, la hija de Hernández Cardona, Soledad, denunció el clima de hostigamiento que padecen ella y su familia, a causa del cual decidió abandonar la entidad.

Exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso para su investigación, ya que no existe garantía de que las autoridades municipales o estatales hagan valer la justicia, y menos porque entre los señalados como presuntos responsables está el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, y Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública.